Las FARC, en el banquillo

"Estoy aquí a su disposición, con una profunda emoción por ver cómo cristaliza ese sueño que tejimos en La Habana". Las palabras que este viernes pronunció Rodrigo Londoño, Timochenko, encierran un mensaje retórico, pero al mismo tiempo suponen un hito en la historia reciente de Colombia por el contexto de la declaración. El ex comandante en jefe de las FARC y algunos altos mandos de la antigua guerrilla, hoy desmovilizada, se sentaron por primera vez en el banquillo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal encargado de juzgar los crímenes del conflicto armado con el Estado, que comenzó en 1964 y causó 220.000 muertos y seis millones de desplazados.

La vista, una sesión de alrededor de tres horas, solo era el comienzo del expediente 001 en esa sala de justicia transicional, creada por los acuerdos alcanzados en La Habana tras más de cuatro años de negociaciones. Se trataba de una comparecencia de carácter sobre todo procedimental a la que estaban citados 31 exjefes de la organización insurgente más antigua de América por el secuestro sistemático y las "retenciones ilegales" cometidas de 1993 a 2012, entre las que figuran los casos de 40 personas que siguen desaparecidas. Sin embargo, esta primera jornada del juicio representa un paso crucial para el proceso de paz y se da en un momento políticamente muy delicado por las objeciones del presidente electo, Iván Duque, al sistema de reparación a las víctimas.

Además de Timochenko, los únicos exguerrilleros en acudir a la sede de la JEP, en la Carrera Séptima de Bogotá, fueron Carlos Antonio Lozada y Pablo Catatumbo, que desde las legislativas de marzo ocupan dos de los 10 escaños en el Congreso garantizados por el texto suscrito en noviembre de 2016. Otro excombatiente, Jesús Santrich, entró por videoconferencia desde la cárcel de La Picota, donde se encuentra a la espera de ser extraditado a Estados Unidos por un delito de narcotráfico cometido tras la firma de la paz. Los demás fueron representados por sus abogados, entre ellos Iván Márquez, de facto el principal dirigente del partido nacido de la guerrilla, de la que conserva las siglas, la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común.

Londoño, de 59 años, renunció a la carrera presidencial por el casi nulo apoyo social de esa formación, a la que la sociedad colombiana no perdona el terror, la violencia y los crímenes cometidos. Desde la década de los sesenta, las FARC perpetraron más de 8.000 secuestros, según la fiscalía, que les valieron más de 2.000 millones de dólares en extorsiones. Con todo, Timochenko terminó su primer día ante la justicia con un discurso sobre el perdón. "Nos hallamos abocados a realidades dantescas, de las que seguramente brotaron daños, dolor, angustia y pérdidas irreparables a muchas familias colombianas y extranjeras", dijo al salir de la sala. "Pedimos perdón a todas ellas, haremos hasta lo imposible porque puedan conocer la verdad de lo ocurrido. Asumiremos las responsabilidades que nos correspondan, contribuiremos hasta donde sea posible con su reparación y haremos todo cuanto esté a nuestro alcance porque hechos de esa naturaleza jamás vuelvan a repetirse", agregó.

La magistrada que preside el juicio, Julieta Lemaitre, destacó la importancia del esclarecimiento de los hechos, la premisa necesaria para allanar el camino a la reconciliación en un país que sigue dividido después de más de medio siglo de guerra. Calificó de "histórico" este momento y añadió: "Esta es la primera fase de un proceso que esperamos que culmine con el reconocimiento de la verdad para ayudarle a las familias a que sepan qué pasó con sus familiares". La procuradora delegada ante la JEP, Mónica Cifuentes, también incidió en los afectados por la violencia. "La audiencia que nos convoca tiene un significado de especial importancia, no solo para la justicia, sino también para las víctimas del conflicto, porque por fin el día que tanto esperábamos, el inicio de una fase de reconocimiento de la verdad, ha llegado", señaló.

En una reciente entrevista con EL PAÍS, la presidenta de la jurisdicción para la paz, Patricia Linares, que está de viaje por Europa, aseguró que el objetivo de este tribunal, con una "vocación hacia la reconciliación", es que las personas juzgadas no solo den su versión o confiesen sus delitos. El acusado, afirmó, "va a aportar a la verdad plena, va a aportar a la reparación integral de las víctimas, pero va a estar observado, y su versión va a ser cotejada y confrontada con toda esa información que previamente el juez haya obtenido, analizado y sistematizado”.