Jóvenes colombianos luchan en los tribunales para salvar la Amazonia

Un tribunal deberá resolver la petición de 25 niños y jóvenes colombianos entre siete y 26 años que esperan que la justicia le ordene al Gobierno reducir a cero la tasa de deforestación en la Amazonia. Lo que piden es que Colombia cumpla con una de las promesas que hizo en la Cumbre del clima de París de 2015, cuando se puso como plazo 2020 para frenar la deforestación.

DeJusticia, un centro de estudios políticos y jurídicos que acompaña la acción legal, argumenta con números la necesidad de que el Estado asuma su compromiso. Según el último reporte del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) en 2016 la deforestación en Colombia creció 44%. El país perdió 178.597 hectáreas de bosque, el 39% concentrado en la Amazonia. César Rodríguez, abogado y director de DeJusticia, cuenta que las acciones legales en pro del medio ambiente en otros países los motivó a acompañar este reclamo que busca la protección al derecho a la salud, la alimentación y al agua, amenazados por los efectos del cambio climático.

Rodríguez ve como una buena señal el reciente fallo de la Corte Constitucional que consideró al río Atrato, en el noroeste de Colombia, como sujeto de derechos. Por primera vez en el continente un país emitió instrumentos jurídicos específicos para proteger los ríos. Por eso es optimista con el desenlace de este proceso. “Este tipo de llamados jurídicos pueden tener utilidad para que las políticas públicas no se queden en el papel ni se enreden en su ejecución”, dice el abogado.

Providencia, en el Caribe, es una de las regiones que está en mayor riesgo por el cambio climático, dice DeJusticia. Según el Ideam en el año 2070 la temperatura de esa zona aumentará 1,4 grados y las lluvias se reducirán un 32%. En Bogotá, la segunda ciudad con alto riesgo, la temperatura crecerá 1,5°C y las lluvias se intensificarán en cerca del 10%. La acción legal presentada este lunes insiste en que Colombia cumpla los compromisos que ha adquirido contra el calentamiento global. Rodríguez dice que es un paso para cerrar las brechas entre el discurso internacional y las acciones concretas en el territorio.

También piden que se involucre la voz de los jóvenes porque serán los que sufran las consecuencias del cambio climático. Hablan de la relación directa del bosque amazónico con el agua que consumen los ocho millones de habitantes de Bogotá y explican que las lluvias que alimentan al Páramo de Chingaza, la principal fábrica de agua de la capital, se producen allí. "Esto genera una amenaza grave sobre los derechos fundamentales de quienes hoy somos jóvenes y que enfrentaremos en nuestra vida adulta los efectos del cambio climático”, dicen en la presentación de la tutela, un mecanismo jurídico contemplado en la Constitución.

Colombia, en plena campaña electoral, ha abierto un debate, como pocas veces lo ha hecho, alrededor del medio ambiente. “Por lo menos en sus palabras pareciera que todos los candidatos tienen este tema como un asunto transversal en sus políticas”, asegura el abogado, que advierte que el país no debe olvidar que dentro de los retos del posconflicto también está la reparación que tanto daño hizo la guerra a la biodiversidad.