América Latina se pone en guardia ante la crisis de Venezuela

La crisis de Venezuela es ya la gran prioridad en todas las cancillerías latinoamericanas. Este continente, acostumbrado a dictaduras crueles en el siglo XX, había visto cómo el siglo XXI arrancaba con procesos de cambio profundo que se resolvían casi siempre de forma democrática. El caos que vive el país petrolero supone un enorme riesgo de desestabilización, no solo por el éxodo migratorio, que crece imparable, sino también por el problema del narcotráfico: en los últimos años, Venezuela se ha convertido en trampolín de la salida de la droga sudamericana. Referente para muchos grupos de la izquierda latinoamericana, es la primera gran crisis a la que se enfrenta el nuevo equilibrio de poderes surgido de los últimos cambios electorales, que han sacado del poder a importantes aliados del chavismo en Argentina y Brasil y han aislado al régimen de Caracas, que sigue teniendo en Cuba su principal bastión.

Las principales potencias de la región están intercambiando información constantemente ante la posibilidad de que la situación se descontrole por completo. Uno de los aspectos que más preocupa es el migratorio. La crisis humanitaria se ha vuelto insostenible en Venezuela. La falta de alimentos y medicinas complica el día a día en un país donde la inflación alcanza niveles astronómicos. El éxodo es imparable. En el caso de Colombia, el 2016 más de 370.000 venezolanos ingresaron en el país, un 15% más que el año anterior, aunque es difícil calibrar con exactitud cuántos deciden quedarse y en qué situación lo consiguen, llegado el caso. Las peticiones de asilo también se han disparado, según ACNUR. Estados Unidos es el que más ha recibido (18.300), seguido de Brasil (12.960), Perú (4.453), España (4.300) y México (1.044).

La instalación de la Asamblea Nacional Constituyente este viernes despojó de poderes al anterior Parlamento, de mayoría opositora, electo en 2015. Los críticos con el chavismo han asegurado que no reconocerán la nueva institución. Preguntado por si en su país consideraba que existía una dictadura, un ciudadano respondía a un reportero británico hace unos días de forma muy ilustrativa: “Los dictadores gobiernan, yo no estoy seguro de que aquí haya gobierno”. Esta nueva institución ha encontrado el rechazo generalizado en la comunidad internacional, pero el Gobierno de Maduro no parece dispuesto a dar marcha atrás.

“Es un caos y una anarquía permanente”, lamenta Joaquín Villalobos, quien pone el foco en uno de los temas que más preocupan a algunos gobiernos latinoamericanos, caso de México: el narcotráfico. “En medio del caos, la potencia que adquieren las plataformas criminales es increíble”, opina el exguerrillero salvadoreño, hoy consultor para la resolución de conflictos. Venezuela comenzó a convertirse en una salida de la droga de Colombia a principios de este siglo y se consolidó como tal hace una década, con el establecimiento del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y paramilitares del Bloque Norte a ambos lados de la frontera con la connivencia las autoridades venezolanas, muchas de ellas, como el vicepresidente, Tareck el Aissami, sancionadas por vínculos narcotráfico por Estados Unidos.

El descontrol se ha agudizado. Los cultivos de cocaína en Colombia han alcanzado el pasado año máximos históricos: 188.000 hectáreas sembradas, un 18% más que el año anterior. Cada vez más droga cruza hacia Venezuela sin problema. “No hay ninguna coordinación entre los militares venezolanos y los colombianos, hay una desconfianza absoluta, es como si uno hablase en chino y el otro le respondiese en quechua”, ilustra Ariel Ávila. Buena parte de la mercancía se dirige hacia Europa, pero, según el analista colombiano y experto en seguridad, cada vez más, en torno a un 35% o un 40%, va a Centroamérica, para terminar en Estados Unidos. Esto inquieta sobremanera a la Administración mexicana, quien teme que su vecino del norte le apriete, aún más, para tratar de poner freno al tráfico de droga por la frontera, apuntan analistas y fuentes diplomáticas. El gran temor es que el descontrol termine por echar abajo el pacto tácito por el cual Cuba, a finales de los años ochenta, frenó la posibilidad de que la isla se convirtiese en un corredor de la droga para los carteles colombianos y mexicanos.

La sombra de Cuba es omnipresente en Venezuela. La isla se convirtió en el agente decisivo tras la llegada al poder de Hugo Chávez. Caracas ha sido el sostén económico del castrismo, que a cambio le ha facilitado miles de asesores políticos, administrativos y militares. La caída del régimen de Maduro supondría un varapalo para la isla, que aún hoy recibe alrededor de 50.000 barriles diarios de petróleo. Nadie logra, no obstante, escrutar con exactitud los movimientos del castrismo en Venezuela. “La tecnología de la represión es claramente de Cuba, que puede trasladar al chavismo el background de cómo vivir con el aislamiento internacional, tratando de debilitar a la oposición, con la idea de que en unos meses la situación cambiará”, asegura el historiador cubano Rafael Rojas, quien también advierte un relanzamiento de la alianza de la isla con Venezuela desde finales del año pasado. Una posición que coincide con un impasse en las reformas de la isla tras la visita de Barack Obama y la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. “Se nota un cambio de lenguaje, ahora la idea es que buscan derrocar a Maduro y después a Cuba. Si antes había zanahoria para Cuba y palo para Venezuela, ahora es garrote para ambos”, añade Rojas.

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, se reunió con Raúl Castro recientemente para abordar la crisis de Venezuela. Poco más se supo. Pero Santos fue el primer presidente que anunció que no reconocería los resultados del referéndum constituyente. El tiempo corre en contra de la población. “Ya ni siquiera estamos pensando en lo que pueda pasar en el futuro. Lo que está pasando ya es gravísimo. Se habla de riesgo de guerra civil más adelante, pero el número de muertos ya es enorme. Cada uno lo cuenta a su manera, pero ya nadie niega que la crisis es grave, ahora estamos buscando un consenso para actuar”, señala en la Casa Rosada una persona cercana a Mauricio Macri, el presidente argentino. Este Gobierno, como la mayoría de los latinoamericanos, ha optado por el choque directo con Maduro en tanto la estrategia de que se resuelva internamente no prospera. La posición del Vaticano, que rechaza la Constituyente y pide al Gobierno de Maduro que respete los derechos humanos, alienta a este grupo de países que quiere ir más lejos.

La crisis está mostrando con claridad el nuevo reparto de poder y los nuevos liderazgos que han surgido en los últimos años, especialmente en Sudamérica. La salida del poder de Cristina Fernández de Kirchner en Argentina y de Dilma Rousseff en Brasil ha privado a Nicolás Maduro de dos importantes apoyos diplomáticos. Ecuador, ya sin Rafael Correa, ha tomado cierta distancia. Macri ha endurecido su discurso contra Maduro y ha promovido con Brasil que Venezuela sea suspendida de Mercosur por la vía política, mucho más grave. La deriva de los últimos días ha debilitado la resistencia de Uruguay, gobernado por la coalición de izquierda Frente Amplio. El argentino, en plena campaña para elecciones intermedias y con Cristina Fernández de Kirchner por delante en las encuestas, está utilizando la crisis contra su rival. Lo mismo ocurre con México, donde el gobierno de Enrique Peña Nieto, del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), hace lo mismo con el principal candidato a día de hoy, el izquierdista Andrés Manuel López Obrador. La actual Administración mexicana ha dejado de lado su tradicional prudencia diplomática para alinearse sin ambages contra la deriva del Gobierno de Nicolás Maduro.

Pero al margen de la campaña, hay preocupación real por las consecuencias de la inestabilidad regional. Los estrategas que están tratando de armar un acuerdo regional para acorralar a Maduro creen que, pese a la oposición de algunos países como Bolivia, que mantienen su apoyo, se está instalando un gran consenso en que la crisis es profunda, con enorme riesgo para todos los países, y la región no puede quedarse parada. Casi nadie se atreve a decir ya que no pasa nada. Incluso organizaciones de derechos humanos cercanas a la izquierda como la argentina CELS condenan abiertamente los ataques de la policía de Maduro contra la población.

El régimen se va quedando cada vez más solo. Cada día más países apuestan por las medidas de sanción y confían en que la presión haga que Maduro tenga que buscar una salida. Algunos, como Perú, se plantean romper relaciones diplomáticas. El presidente de este país, Pedro Pablo Kuczynski, se ha convertido en un referente regional y lidera hace meses la oposición a Maduro, y se ha enfrentado abiertamente al Gobierno venezolano incluso en cumbres como la Iberoamericana de Cartagena de Indias el año pasado. Ahora ha decidido convocar una reunión de cancilleres en Lima el martes, a la que ya han confirmado su asistencia 14 países, para buscar respuestas conjuntas. La cita en sí es una muestra de que algunos países, ante la incapacidad de la Organización de Estados Americanos de encontrar un consenso para aprobar sanciones -bloqueada por los aliados que aún le quedan a Venezuela, como Cuba, Bolivia, Nicaragua o varios pequeños países caribeños que dependen de su petróleo- han decidido formar un grupo de presión aparte. La inquietud regional por las consecuencias de la caída de un gigante clave como Venezuela fuerza a todos a moverse. Esta vez parece que va en serio.