Tejas se niega a aplicar apartados clave de la reforma sanitaria de Obama
Se trata del sexto Estado que rechaza implementar dos secciones fundamentarles de la ley
El gobernador de Tejas, el republicano Rick Perry, anunció esta semana que no aplicará dos de los apartados clave de la reforma sanitaria impulsada por el presidente Obama. El Estado se convirtió el lunes en el sexto -junto a Florida, Carolina del Sur, Misisipí, Luisiana y Wisconsin, todos ellos republicanos- que rechaza una parte de la reforma sanitaria y mantiene así su enfrentamiento con la Administración Obama.
La negativa de Tejas podría empeorar la situación en el Estado con el mayor porcentaje de ciudadanos sin seguro médico de todo el país. Con una población de 25 millones, en Tejas viven más de seis millones de personas, -1,2 millones son menores de edad-, sin cobertura médico y podrían beneficiarse de los apartados de la reforma sanitaria que el gobernador ha decidido bloquear.
“No voy a formar parte de la socialización del sistema de salud ni voy a condenar a mi Estado a la bancarrota en contradicción directa con nuestra Constitución y con los principios fundamentales de limitación de poderes del Gobierno”, declaró Perry en un comunicado.
Perry, excandidato a la presidencia por el Partido Republicano, comunicó su decisión a través de una carta enviada a la secretaria de Salud, Kathleen Sebelius. En ella explicaba su rechazo a la expansión del programa Medicaid, que proporciona cobertura médica a personas sin recursos, y a la creación de un mercado de pólizas gestionado por el Gobierno estatal. El gobernador alega que ninguno de estos apartados de la ley garantizaría una mejor protección de los pacientes ni abaratará el coste de las pólizas. “Sólo lograría convertir a Tejas en un apéndice del Gobierno federal en materia de sanidad”, afirmó Perry.
Según la Agencia Federal de Investigación y Atención Médica, Tejas es el Estado que peores servicios médicos ofrece a sus ciudadanos
La reforma sanitaria, respaldada el pasado 28 de junio por el Tribunal Supremo, establece la creación de un mercado virtual de seguros médicos a partir de 2014 -cuando entran en vigor todos los apartados de la ley- para que aquellos que carecen de cobertura médica a través de sus puestos de trabajo puedan adquirir una póliza. El objetivo es que los ciudadanos puedan consultar en un mismo lugar todas las pólizas de seguros que pueden contratar, mejorar la información sobre las condiciones que imponen las aseguradoras y comparar precios entre unas y otras.
La responsabilidad de crear esos mercados corresponde a los Gobiernos de los Estados, pero la ley establece que, en caso de que no los creen a tiempo o se nieguen a administrarlos, será el Gobierno federal quien los controle, algo que ha sido interpretado como una intromisión en la soberanía de los Estados.
Según estimaciones oficiales, este nuevo sistema podría proporcionar cobertura médica a más de 16 millones de ciudadanos que ahora carecen de seguro, una cifra similar a la de las personas que se beneficiarían de la ampliación de Medicaid, el otro apartado al que se opone Tejas. En ese Estado, con una población de 25 millones, el 24,6% de los ciudadanos no dispone de una póliza médica. Según la Agencia Federal de Investigación y Atención Médica, Tejas es además el Estado que peores servicios médicos ofrece a sus ciudadanos.
“Ampliar este programa es como añadir mil pasajeros al Titanic”, defendió Perry en una entrevista ofrecida a la cadena de televisión FOX News. “No se puede expandir un programa que ya ha demostrado que no funciona”. Sin embargo, la reforma estableció que el Gobierno federal aportaría el 100% de la financiación necesaria para la ampliación de Medicaid durante los tres primeros años y del 95% en los años consecutivos, por lo que se estima que Tejas recibiría unos 70.000 millones de dólares (unos 57.000 millones de euros) a lo largo de la próxima década.
Aunque la negativa de Perry podría suponer a Tejas un importante coste económico. La reforma sanitaria determinó que si los Estados se niegan a acometer esta ampliación, el Gobierno federal puede retirar todo el dinero público que aporta a Medicaid. La sentencia del Tribunal Supremo, que el pasado mes defendió la constitucionalidad de la reforma, reconoció sin embargo que el Congreso podría haberse extralimitado en sus competencias al obligar a los Estados a expandir el programa Medicaid, que proporciona atención médica a personas sin recursos, o enfrentarse a una retirada de fondos federales destinados a ese fin.
Los seis Estados que han rechazado aplicar estos apartados de la reforma podrían aferrarse ahora a este apartado de la sentencia para mantener su enfrentamiento con la Administración Obama.
