Atrapados por el cambio climático
Un informe del Gobierno británico alerta de la incapacidad de millones de personas de huir de regiones con alto riesgo de sufrir desastres naturales
El 4 de mayo de 2008 unas 100.000 personas perdieron la vida en un violento ciclón que sacudió el sur de las costas birmanas. La devastación inicial fue seguida de una aguda crisis humanitaria debido a la incapacidad de acceder a las víctimas.
El caso de Birmania no es un ejemplo aislado, las consecuencias de la sequía en Somalia o de las inundaciones en Nueva Orleans por efectos del huracán Katrina ponen sobre el tapete la realidad de decenas de millones de personas que por razones socioeconómicas quedan atrapadas en lugares vulnerables a los desastres naturales.
Esta tendencia, denostada tradicionalmente en detrimento de los flujos migratorios que huyen debido a las sequías, las inundaciones y la hambruna, ha sido registrada en un estudio del Gobierno británico sobre cambio climático y migración. “Mucha gente, en especial los pobres, no pueden emigrar en circunstancias de riesgo debido a que resulta costoso. Se trata de una situación preocupante para pequeñas comunidades que hace necesarias soluciones internacionales”, explica el profesor John Beddington, consejero jefe científico del Gobierno británico.
Un ejemplo de estas “soluciones internacionales” que apunta el académico lo podemos encontrar en Nueva Zelanda, país que ha ofrecido acoger anualmente y durante las próximas tres décadas a 75 habitantes de Tuvalu, isla de la Polinesia en continua alerta de ciclones y con una altura máxima sobre el nivel del mar de apenas cinco metros, lo que le sitúa en grave riesgo de inundarse debido al aumento del nivel del mar.
El estudio pronostica también un progresivo cambio de sentido en las migraciones. “Las personas son cada vez más propensas a emigrar hacia lugares vulnerables a las catástrofes medioambientales en vez de huir de ellos”, indica el informe. Partiendo de datos del año 2000, para el 2060 podría haber entre 114 y 192 millones de personas más viviendo en áreas con graves peligros de padecer desastres naturales.
Para el 2060 podría haber entre 114 y 192 millones de personas más viviendo en áreas con graves peligros de padecer desastres naturales
Andrew Geddes, profesor de Política Global de Migración en la Universidad de Sheffield, sitúa en las megalópolis africanas y asiáticas el principal desafío político. “Sabemos que gran parte de los movimientos migratorios son de carácter interno, dentro de los estados y en dirección a las grandes áreas urbanas. La clave la encontramos en esta emigración interna hacia las grandes urbes que podrían convertirse en áreas medioambientales en riesgo. Lo que pone de manifiesto la importancia de planes urbanísticos efectivos como medida prioritaria”, explica Geddes.
En cualquier caso –y tal como sostienen los expertos en el informe– la solución no puede pasar por impedir el flujo procedente del mundo rural a las grandes urbes ya que podría conducir a resultados nefastos. Acrecentaría el empobrecimiento y la migración a lugares peligrosos como son las zonas costeras de baja elevación, las tierras áridas y de montaña. Por el contrario, un cierto grado de migración planificada y proactiva podría permitir a los hogares y la población a permanecer in situ durante más tiempo. “Impedir la inmigración es muy arriesgado porque supone conducir a las personas a rutas migratorias potencialmente peligrosas”, zanja Geddes.
El informe, en el que han trabajado 300 expertos de 30 países, hace hincapié también en los efectos positivos de los flujos migratorios. “Los movimientos migratorios pueden jugar un rol importante a la hora de ayudar en la adaptación al cambio climático de ciertas comunidades –de hecho, pueden tener un impacto transformador”, explica el profesor John Beddington. “Pueden hacer más resistentes a las comunidades frente a los impactos medioambientales ya que producen canales de ingresos alternativos. Es el caso, por ejemplo, de Kenia, Etiopía o Burkina Faso, países en los que la migración está ayudando a sus habitantes a encontrar nuevas fuentes de ingresos y así proteger el futuro de sus familias”. Por poner un ejemplo de la importancia de estas remesas, en 2009 supusieron unos 223 mil millones de euros, casi tres veces el valor de la ayuda destinada al desarrollo.
