Un mes de protestas y más de 50 muertos. ¿A qué responde el malestar de Colombia?

Miguel sostiene una hamburguesa grasosa entre las manos y le da sorbos a un refresco de a litro. Tiene 23 años, las cejas gruesas y la mirada cansada. No tiene empleo desde hace un buen tiempo, como uno de cada cuatro jóvenes colombianos. Si alza la vista durante unos segundos se topa con la imponente estatua en bronce de Simón Bolívar. El héroe de la patria cabalga de forma imaginaria a lomos de un caballo posado sobre una estructura de piedra. “Es el libertador de nosotros. Eso dicen, yo no sé”, reflexiona.

El sábado 15 de mayo, al acabar una de las manifestaciones contra el Gobierno que han paralizado Colombia desde hace un mes, unos jóvenes se subieron al pedestal y amarraron una soga alrededor de la escultura. Jaleados por la multitud, tiraron de la cuerda con todas sus fuerzas durante cinco minutos. En ese tiempo se les entumecieron las manos y no lograron derribar la escultura de 3,2 toneladas. Eso sí, en la base del pedestal encendieron un fuego que ha cristalizado el cemento que sostiene el monumento ecuestre, que amenazaba con desprenderse por sí solo. El Ayuntamiento lo ha retirado de manera temporal, por si acaso.

Desde el comienzo grupos de adolescentes y jóvenes en edad universitaria, como Miguel, se reúnen día y noche bajo la estatua del militar, en el norte de Bogotá. Emanuel Argüello, de 21 años, entra al debate: “Él fue un libertador (Bolívar), pero con ansias de poder, y el poder corrompe a las personas”. Daniel Barbosa, universitario de 20 años, es más explícito: “Representa la idolatría y el caudillismo. Todo eso hay que tirarlo”. El estallido social que ha provocado las protestas callejeras más importantes en los últimos 70 años en Colombia ha venido a cuestionar todo el sistema político y social del país, el presente y el pasado.

Todo empezó el 28 de abril de este año. Ese día las centrales obreras y las organizaciones de estudiantes celebraron un paro en protesta contra una subida de impuestos promovida por el presidente Iván Duque para cuadrar las maltrechas cuentas del Estado. Duque trataba de enviar la señal a los mercados de que el Gobierno seguía siendo solvente. El seguimiento fue multitudinario. Sin embargo, nadie podía prever que un mes después, habiendo ya sido retirada la reforma tributaria y destituido el ministro que la ideó, la gente seguiría en la calle y muchas carreteras del país continuarían cortadas, lo que ha paralizado el comercio y la circulación de personas en regiones enteras. Hay miles de heridos por los enfrentamientos entre la policía y los manifestantes, y por ahora más de 50 muertos.

“Las protestas no cesan, al revés, se incrementan. ¿Por qué? Muy fácil, por desigualdad, clasismo y racismo. Y falta de conexión con la situación de millones de personas en el país. Una explicación simple es que esas personas quieren chantajear al Gobierno. Lo que ocurre en verdad es que necesitan ser reconocidas como ciudadanos iguales, como personas que participan en la construcción de soluciones urgentes”, opina Catalina Botero, una prestigiosa abogada constitucionalista.

Hay varios hechos ocurridos durante este mes que explican que la intensidad de la protesta, cuando pareció en varias ocasiones a punto de extinguirse, se haya avivado. Y todos tienen como fondo los factores que señala Botero. Durante los primeros días de protestas murieron varios jóvenes de barrios pobres de Cali, la tercera ciudad en población del país, a manos de la policía. La mayoría eran chavales indefensos que no iban armados. Los amigos de estos muchachos, sin empleo y sin estudios, se atrincheraron en sus barrios, donde desde entonces no hay presencia del Estado. Pasan el día en barricadas, protegidos con escudos caseros y aseguran estar dispuestos a morir por la causa. Jóvenes que llevaban un año hacinados y encerrados en apartamentos de cuarenta metros cuadrados por el confinamiento.

A los pocos días, en esa misma ciudad, civiles armados en uno de los barrios más exclusivos, Ciudad Jardín, dispararon contra indígenas que habían levantado unos bloqueos en la carretera. Hirieron de gravedad a ocho. Ninguno de esos hombres, pese a que hay vídeos (algunos grabados por ellos mismos) y se les ve la cara, ha sido detenido. En un país donde la violencia paramilitar ha acabado con miles de vidas produjo una gran indignación. A la semana, una menor de edad que dijo haber sido agredida sexualmente por policías antidisturbios al ser detenida en una manifestación se quitó la vida en Popayán, en el Cauca. La violencia en las calles de esa ciudad se redobló. En cuestión de días, jóvenes, indígenas y mujeres habían sufrido, de forma directa, la violencia estatal.

El economista Luis Fernando Medina cree que el modelo de país está en cuestión. Las políticas de libre mercado tan en boga en América Latina en los años ochenta –libre comercio, reducción del tamaño del Estado, política monetaria antinflacionaria- iniciaron el proceso de construcción de un Estado de bienestar neoliberal que expandió los servicios sociales, por ejemplo. Ese paradigma parece agotado después de un crecimiento económico no tan holgado como el esperado y que por tanto tiene dificultades a la hora de redistribuir la riqueza. La pandemia ha hecho retroceder a Colombia una década en la lucha contra la pobreza. Más de 20 millones viven con menos de 72 euros al mes, el límite oficial de ese umbral. “Hay fatiga y agotamiento con el modelo, que este Gobierno ha tratado de reflotar. Muchos economistas que antes eran baluartes de la ortodoxia ven que ya no da para más. Hay un cambio tectónico en la opinión pública”, cuenta Medina por teléfono.

A su manera de ver, hay la sensación de que las élites ya no están ofreciendo soluciones satisfactorias para salir de esta crisis. “El Gobierno ha sido muy atolondrado y por eso es tan belicista. Su respuesta es seguir con una retórica de guerra interna, de violencia y viendo conspiraciones por todas partes. Es la típica reacción de un Gobierno cuando le superan los hechos”, continúa, refiriéndose a que Duque y sus ministros han culpado a la guerrilla de estar detrás de las protestas. A los pocos días de paro en las calles Duque anunció que desplegaría al ejército en las ciudades y el descontento no hizo sino incrementarse.

En la calle no está todo el país. Jorge Orlando Melo, el autor de un libro de culto, Historia mínima de Colombia, cree que no hay un paro general -y esto es una idea original- sino manifestaciones de gente sin empleo. “La población desempleada o que tiene empleos informales está muy golpeada por la pandemia. Ha sido una sacudida muy brusca”, cuenta el historiador.

La respuesta que se le dio a esa gente desde el Gobierno es que se iba a aumentar la base tributaria, es decir, que más gente pagaría impuestos y que eso ayudaría a su vez a redistribuir la riqueza. Según Melo, no se entendió el mensaje. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, recuerda Melo, ha usado una retórica socialdemócrata de subir impuestos a los ricos, mientras que Duque anunció que se los subía a todos. “Fue una respuesta muy desafiante, muy automática, sin tener en cuenta la situación del país. El resultado es este”, añade.

Hace más de cuatro años Colombia firmó la paz con las FARC, la guerrilla más potente de Latinoamérica. 13.000 soldados dejaban las armas después de medio siglo de lucha. En La Habana el entonces presidente Juan Manuel Santos y el líder guerrillero Timochenko se dieron un apretón de manos. Los dos iban vestidos con guayaberas blancas. El país parecía enfilar un futuro esperanzador. Después el gobierno de Iván Duque, ahijado político del expresidente Álvaro Uribe (se opuso al proceso de paz), ha puesto reparos a la hora de aplicar lo que se acordó en Cuba. “Creó ilusión en muchos jóvenes el acuerdo, pero el Gobierno no fue capaz de verlo y ha creado problemas en el proceso. Hay un desencanto, una falta de relato esperanzador”, suma Alejandro Gaviria, rector de la Universidad de los Andes. Él suena como futuro candidato de centro-izquierda a las elecciones de 2022.

Gaviria considera que el estallido ha puesto de manifiesto algunos fallos estructurales, como la crisis en las instituciones, en los mecanismos de representación política y en los canales que recogen esos problemas de insatisfacción y desigualdad. Cree que debe haber un consenso entre la academia, los partidos políticos y la sociedad civil para evitar que Colombia viva un año negro de violencia hasta mayo de 2022, cuando se celebran las elecciones.

“Yo viví 1989, cuando en Colombia fueron asesinados cuatro precandidatos. Y siendo algo parecido en el ambiente. es una sensación de que cualquier cosa puede pasar. Veníamos de 40 años de disminución de los homicidios y hay que proteger al país de una escalada violenta”, ahonda Gaviria.

Incluyendo lo simbólico. En el esfuerzo por tumbar la estatua de Bolívar a las bravas el antropólogo Carlos Granés no percibe un reflejo antipatriótico, más bien un acto un tanto aleatorio y anárquico. “Es simplemente muestra de una insatisfacción muy profunda, pero muy difusa, que se satisface con tumbar cualquier cosa que esté en pie”, escribe por correo electrónico. En la era del malestar colombiano todo está en cuestión.

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