No hi ha Govern, ni Parlament, ni programa

Lo único importante de los comicios del pasado 14 de febrero era saber qué mayoría iba a gobernar la Generalitat de Cataluña y en torno a qué programa. Han pasado casi 50 días y la candidatura a la presidencia de la Generalitat de Pere Aragonès, de ERC, ha sido rechazada en dos ocasiones por su socio preferente, los neoconvergentes de Puigdemont, JxC. No hay Govern, no hay programa, no funciona la actividad legislativa del Parlament, y los dos partidos independentistas pretenden seguir “negociando” otros dos meses, antes de que suene la campana que obliga a convocar nuevas elecciones, el 26 de mayo.

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A todo esto, en Cataluña se han registrado hasta el momento cerca de 22.000 muertos por covid-19, hay más de 400 enfermos ingresados en UCI de la comunidad y los contagios siguen a ritmo de casi 1.900 nuevos al día. Pero no hay ningún programa político o económico en marcha, entre otras cosas, y aunque de eso no se hable casi, porque el programa de ERC (pactado con la CUP) es claramente rechazado por los neoconvergentes. Para los herederos de Pujol —en el fondo, un banquero muy poco escrupuloso—, es absurda la idea de que la Generalitat no pueda hacer negocios con ninguna empresa del Ibex 35.

El desencuentro entre ERC y JxC gira en torno a algo asombroso. Carles Puigdemont quiere, primera condición, someter las instituciones democráticas catalanas (Generalitat, con su president a la cabeza, y Parlament) a un ente privado que se llama Consell per la República, creado según el derecho belga, radicado fuera de Cataluña y que, por supuesto, preside él mismo. Y segunda, controlar el grupo de ERC en el Congreso de los Diputados, de manera que cualquier negociación con el Gobierno que preside Pedro Sánchez pase por su propia inspección. Una propuesta extraña dado que ERC tiene 13 diputados y grupo propio y JxC cuenta con 8 y está integrado en un grupo que se denomina Plural (con otras seis siglas).

La única conclusión que se pudo extraer del resultado de las elecciones del pasado 14 de febrero fue que los tres grupos que más se identifican con la voluntad de alcanzar la independencia podían reunir 74 de los 135 escaños del Parlament y que aun así sería posible formar dos mayorías diferentes: la integrada por esas tres fuerzas independentistas mencionadas (ERC, JxC y CUP) o la formada por los socialistas catalanes (que quedaron primeros en voto), ERC y los Comunes, con un número idéntico de parlamentarios. Es decir, se podían extraer las conclusiones que se quisiera sobre los posibles modelos de gobierno en la Generalitat. Lo que no se podía era extraerlas sobre la evolución de la fractura política y social en Cataluña, porque la enorme abstención que se registró en esta convocatoria no permitía un único análisis.

Es evidente que la pandemia y el cansancio fueron un factor decisivo, pero la pérdida de voto fue tan formidable en todos los grupos, salvo los socialistas, que ganaron un poco, y en menor medida la CUP, que perdió muy poco apoyo, que no basta con esa única explicación. En el caso de Ciudadanos, era imposible atribuir un descalabro semejante a algo que no fuera una decepción política abrumadora.

Pero también era difícil atribuir a la pandemia la evolución del voto de los dos grandes exponentes de la propuesta independentista. Junts per Catalunya pasó de 948.233 a 566.002 votos, es decir, 382.231 papeletas menos. La misma suerte, más o menos, corrió ERC, que pasó de 935.861 a 603.607 votos. Difícil que Oriol Junqueras y Carles Puigdemont puedan proclamar que las pasadas elecciones les confirmaron como portavoces de la mayoría de los catalanes. Es cierto que la legitimidad para formar Gobierno la da exclusivamente la mayoría parlamentaria que se logre reunir, pero para hablar en nombre de toda una sociedad se necesita algo más que los 1,1 millones de votos que alcanzaron en febrero sobre un censo total de 5,3 millones de electores. Esa cifra (1,1) es la que obtuvo por sí solo Ciudadanos en 2017.