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El PP de Ayuso y Vox llaman a declarar a Begoña Gómez a la comisión de investigación de la Asamblea sobre la Complutense

Los dos partidos dejan abierta la puerta a convocar a Pedro Sánchez a un órgano que pone a prueba el liderazgo de Lobato en el PSOE madrileño

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en un acto de este lunes.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en un acto de este lunes.Borja Sanchez-Trillo (EFE)
Juan José Mateo

El PP y Vox llamarán a comparecer a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la comisión de investigación que ha impulsado el partido de Isabel Díaz Ayuso en la Asamblea de Madrid para esclarecer un supuesto “trato de favor” en la relación de esta profesional con la Universidad Complutense. La mujer del jefe del ejecutivo, que previsiblemente será convocada el 13 de noviembre, y que tiene la obligación de acudir a la cita, según un portavoz del Parlamento, venía codirigiendo hasta ahora dos másteres en el centro educativo madrileño, ocupación por la que ha sido citada a declarar por la justicia como investigada por la presunta comisión de los delitos de corrupción en el sector privado y tráfico de influencias. El caso, por lo tanto, se dirime ahora mismo en dos escenarios: en los tribunales y en el Parlamento de Madrid, donde el PP y Vox no descartan pedir la comparecencia de Sánchez, cuyo equipo considera que la convocatoria de Gómez “rompe todos los puentes del entendimiento político”.

“Desde que se publicaron las primeras informaciones sobre el comportamiento de la mujer del presidente en la universidad, no hemos dejado de conocer nuevos detalles muy preocupantes”, ha defendido este lunes Carlos Díaz-Pache, el portavoz de los conservadores en la Asamblea. “Ha causado un nuevo desprestigio que debemos restaurar investigando lo que ocurrió y depurando las responsabilidades necesarias”, ha añadido. “Por eso, les anuncio que el PP va a llamar a Begoña Gómez para que comparezca en la primera sesión de la comisión, en la que propondremos que comparezca también el rector Joaquín Goyache”, ha seguido. “A tenor de las respuestas, nos plantearemos citar a Pedro Sánchez y otros altos cargos del gobierno”, ha finalizado, asegurando que la decisión ha sido coordinada con la dirección nacional de Alberto Núñez Feijóo.

Es altamente improbable que el presidente y sus subordinados del ejecutivo central acudan a la Asamblea en el caso de ser convocados. En ocasiones precedentes, los representantes de la administración estatal han declinado la convocatoria con el argumento de que deben rendir cuentas ante el Congreso y el Senado, pero no ante Parlamentos autonómicos. En cambio, Gómez sí tiene la obligación de acudir a la cita, aunque no tiene por qué hablar durante la sesión. Ya pasó, por ejemplo, en 2019, cuando Cristina Cifuentes se pasó una hora escuchando preguntas de los diputados alistados a la comisión de investigación del caso máster, sin contestar ninguna. La expresidenta regional explicó su silencio con el argumento de que se le preguntaba por una cuestión judicializada. Un razonamiento que podría emplear ahora la mujer del presidente.

En cualquier caso, la decisión de convocar a Gómez supone un cambio radical de estrategia en el PP. Los conservadores, por ejemplo, rechazaron a nivel nacional la posibilidad de citar a la mujer del presidente a la comisión del caso Koldo en el Senado, donde también gozan de mayoría absoluta, como en la Asamblea, lo que les valió las críticas de Santiago Abascal, el líder nacional de la extrema derecha. Pese a ello, la dirección nacional de PP ha evitado este lunes manifestar discrepancias con la decisión del PP de Ayuso de citar a Gómez, informa Elsa García de Blas. El portavoz de los conservadores, Borja Sémper, ha trasladado el “máximo respeto a lo que deciden las asambleas legislativas”, en referencia al parlamento madrileño, y lo ha atribuido a “una decisión autónoma sobre una materia de su absoluta competencia”.

Por su parte, en la sede del PSOE en Ferraz se ha considerado que la convocatoria de Gomez “rompe todos los puentes del entendimiento político”, informa José Marcos. “Si Isabel Díaz Ayuso quiere tapar las vergüenzas de su novio, los 7.291 muertos en las residencias, o la imputación de su vicepresidenta [en la Asamblea, Ana Millán], no podría haber elegido peor camino”.

La comisión echará a andar este martes, fecha en la que quedará constituida, y supone toda una prueba de fuego para el liderazgo de Juan Lobato en el PSOE de Madrid. Cuestionado por la dirección federal de Sánchez, el secretario general madrileño sabe que no se puede permitir ningún traspiés en el órgano que afecta directamente a la esposa del presidente y secretario general federal. Por ello ha designado para la comisión a tres personas de su máxima confianza, empezando por Marta Bernardo, su mano derecha en el partido.

“El PP quiere montar un show en esa obsesión y persecución constante que tiene con Pedro Sánchez”, ha dicho Lobato este lunes. “Para nosotros la política es otra cosa”, ha dicho sobre el anuncio de PP y Vox. “El mero hecho de que esta comisión exista es un disparate”.

Una línea argumental que ha compartido Manuela Bergerot, la portavoz de Más Madrid: “Es un circo partidista que no va a ir a ningún lado”.

Cámara de Cuentas

En la página web de la UCM, Gómez figuraba el curso pasado como codirectora de un Máster de Formación Permanente en Dirección de Fundraising Público y Privado en Organizaciones sin Ánimo de Lucro y de un Máster en Transformación Social Competitiva. En este último también aparecía como directora de la cátedra. Los populares están especialmente interesados en poner bajo los focos la relación de Gómez con el rector Joaquín Goyache, y en que este explique la decisión adoptada durante su mandato de impulsar ese segundo título, qué criterio se aplicó para que Gómez dirija la cátedra del mismo, y la relación con las empresas que los financian. Pero no solo en eso.

La polémica que rodea a Gómez también se centró en su origen en dos operaciones que supusieron ayudas públicas a empresas privadas: el rescate a Air Europa en plena pandemia aprobado por el Consejo de Ministros (475 millones de euros en dos préstamos) y las ayudas de la empresa Red.es, entonces dependiente del Ministerio de Economía, a una firma, Innova Next, cuyo propietario, Juan Carlos Barrabés, había participado como profesor en el máster de Transformación Social Competitiva que codirige Gómez. Aunque un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil no ha encontrado indicios del delito de tráfico de influencias denunciado por el pseudosindicato ultra Manos Limpias, ni tampoco “se han identificado indicios” de que fue Barrabés quien “montó el Máster de Transformación Social Competitiva”, es ahí donde el PP de Ayuso también puede poner la diana.

“Diversas informaciones periodísticas han sacado a la luz recientemente presuntas irregularidades en la gestión de cátedras y postgrados en el seno de la Universidad Complutense de Madrid que incluso pudieran extenderse a otros centros universitarios de la Comunidad de Madrid”, se lee en la exposición de motivos de la solicitud de creación de la comisión. “Dichas informaciones han dado cuenta de la contratación de personas para la dirección de cátedras, con posible trato de favor a empresas y entidades que financiaban estos programas, y la apropiación indebida de fondos públicos; casos que podrían constituir delito, y, no menos importante, ser casos de nepotismo y politización en el acceso a la Universidad”, se añade, en alusión a Gómez.

Y se remata: “El objeto de esta Comisión de investigación es investigar, y en su caso, determinar las responsabilidades políticas que hubiese por las presuntas irregularidades y trato de favor en el funcionamiento de los programas de cátedras y postgrados de la Universidad Complutense de Madrid, así como otros posibles casos relacionados con el presunto trato de favor a empresas que financiaban estos programas en algunas universidades públicas de Madrid y sus centros adscritos”.

Ayuso, en cualquier caso, se reserva una nueva maniobra por si fuera necesaria: el documento registrado por el PP ya advierte de que se estudiará “instar a las instituciones competentes, especialmente el Consejo Social y la Cámara de Cuentas, en el ejercicio de sus competencias, fiscalicen las actuaciones objeto de denuncia e investigación, para que emitan los informes oportunos”.

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Sobre la firma

Juan José Mateo
Es redactor de la sección de Madrid y está especializado en información política. Trabaja en el EL PAÍS desde 2005. Es licenciado en Historia por la Universidad Complutense de Madrid y Máster en Periodismo por la Escuela UAM / EL PAÍS.
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