El choque entre los herederos de Aleixandre por la venta millonaria de Velintonia deja en pausa las obras urgentes que necesita

El choque entre los herederos del Nobel de Literatura Vicente Aleixandre por el precio de venta de Velintonia, mítico chalet por el que pasaron los maestros de la Generación del 27, no solo ha complicado que la Comunidad de Madrid compre el inmueble por 3,2 millones de euros para convertirlo en un referente cultural de la región. También ha dejado en pausa las obras urgentes en el tejado, un balcón o la valla exterior del inmueble, que fueron diagnosticadas por una Inspección Técnica de Edificios (ITE) hecha en 2020, según dos fuentes conocedoras del expediente, que calculan el coste de los arreglos entre 80.000 y 100.000 euros. Esa circunstancia, admiten las partes implicadas, sin embargo, espolea la venta, pues actúa como “una espada de Damocles”, ya que el Ayuntamiento puede decidir acometer las obras y luego pasar la factura a los propietarios. Estos, al mismo tiempo, creen que intervenir justo antes de vender un inmueble que deberá ser reformado íntegramente tras su venta para convertirse en centro cultural “sería tirar el dinero”.

La propiedad de Velintonia se divide entre Amaya Aleixandre, sobrina segunda del escritor, que tiene un 60% y ha sido más proclive a venderla al Ministerio de Cultura, y los Usera Estirado, cuatro nietos de una prima del poeta, que tienen el 40% restante y aceptan cerrar el trato con la Comunidad de Madrid. La suya es la historia de una enemistad.

Los herederos se enfrentan en los tribunales desde hace un lustro por el pago de unos 30.000 euros en gastos de administración y mantenimiento del chalet, según una fuente conocedora del caso, que asegura que el pleito ya ha llegado al Tribunal Supremo (TS). Esa batalla legal alimenta un desencuentro personal “a cara de perro”, según descripción de este interlocutor, y dificulta ahora tanto la venta del inmueble a la Comunidad de Madrid como su mantenimiento, que incluye obras derivadas de la ITE de obligatoria realización, pues así lo ordenó el Ayuntamiento en marzo, según documentación vista por EL PAÍS.

“El arquitecto vio obras urgentes en la inspección y, cuando la Comunidad de Madrid empezó a negociar, sugirió que podían dejarlo en suspenso mientras se dilucidaban las negociaciones”, afirma una fuente de la propiedad, que no detalla cómo podría influir el Gobierno regional en una decisión administrativa del capitalino. “Lo utilizan como palanca para que no pongamos problemas a la venta”, añade.

“Lo tienen como una espada de Damocles, está implícito que si no hay acuerdo en breve, aceleran la ejecución sustitutoria”, sigue. “Desde la ITE, el asunto no ha estado muerto, se han ido haciendo mejoras, pero no todas. La casa no se va a caer, se mantiene bien, y sería tirar el dinero realizar ahora obras de consolidación de un edificio que va a ser reformado íntegramente por su destino como centro cultural [cuando se venda]”.

Una fuente gubernamental del máximo nivel confirma que la necesidad de acometer las obras ha sido parte de la negociación del precio de venta, sin dar más detalles.

“Lo que hay en Velintonia es una orden de ejecución del Ayuntamiento”, afirma un portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid sobre las obras pendientes. “No es una sanción, es un arreglo de desperfectos y mantenimiento que tiene que acometer la propiedad por la ITE del Ayuntamiento”, añade. “Lo que nosotros queremos es acelerar el arreglo comprando la casa para que no se siga deteriorando”.

Mientras, la Asociación de Amigos de Vicente Aleixandre (AAVA) ve “incomprensible que el Ayuntamiento de Madrid haya propiciado, con una clara dejación de funciones, el progresivo deterioro de Velintonia” a lo largo de estos últimos años “sin reclamar a los herederos la obligatoria ejecución de las obras derivadas de la ITE desfavorable”.

En ese informe del Ayuntamiento se señalaba como causas del dictamen el “estado general de la estructura y cimentación, las fachadas, cubiertas, azoteas, fontanería y red de saneamiento”. El pasado 22 de mayo, se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la notificación del Ayuntamiento en la que, tras este informe, se instaba a los propietarios a que inicien “las obras de reparación para subsanar los daños o deficiencias”. En caso de cumplimiento, se advertía, se establecerán las correspondientes multas.

El presidente de la AAVA, Alejandro Sanz, recuerda que “no hay que olvidar que Velintonia es Bien de Interés Patrimonial (BIP) desde 2022 y que por ello se debiera haber asegurado su conservación”. Aquel paso, sin embargo, fue considerado insuficiente tanto por la oposición de izquierdas como por la AAVA, que pedían lo que va a ocurrir ahora: que Velintonia sea declarado Bien de Interés Cultural (BIC) y que esté en manos públicas.

Por Velintonia pasaron Dámaso Alonso, Gerardo Diego, Rafael Alberti, Luis Cernuda, Federico García Lorca, que amenizaba las veladas al piano, o Miguel Hernández. La vivienda sufrió una primera ruina, cuando la tuvo que abandonar la familia Aleixandre en la Guerra Civil porque estaba en la línea del frente. Cuando terminó la contienda, Aleixandre, acompañado de Miguel Hernández, entraron en la casa, dañada por los obuses, y recuperaron los objetos que quedaban.

La segunda ruina llegó a la muerte del poeta (1984) y la de su hermana Conchita (1986). En los años noventa, incluso un mendigo aprovechó que estaba vacía y se instaló en el jardín. El inmueble es una edificación de 630 metros cuadrados en tres plantas, construida a principios del siglo XX sobre una parcela de 799 metros cuadrados en el distrito de Chamberí.

Pero que Madrid se haga con el inmueble, y la convierta en un referente cultural integrado dentro de una ruta madrileña por las residencias de tres grandes autores (Cervantes, Lope de Vega y el poeta), se ha complicado.

Subasta conflictiva

El conflicto está en la última subasta, celebrada en julio, y en la que el precio de tasación del chalé fue de 4.561.750 euros y la puja mínima admitida era a partir de 3.193.225 euros. El intento de venta, organizado en un juzgado precisamente por las discrepancias entre los herederos, que rompieron el proindiviso que les vinculaba para así dar salida al inmueble, quedó desierto. La propietaria mayoritaria y una segunda fuente aseguran que la Comunidad decidió aplicar entonces una disposición de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) que permite adjudicar el bien “al tercero que mejore la postura ofreciendo cantidad superior al 70% del valor de tasación”. Y que por ello la Administración regional depositó 3,2 millones en el juzgado.

Una fuente gubernamental confirma la consignación del pago, contra la que ha presentado alegaciones la sobrina de Aleixandre, al considerar que las bases de la subasta, según su relato y el de su representante legal, excluían esa posibilidad. Hay, además, otra razón, según el abogado de la propietaria mayoritaria, que considera que la oferta de la Administración regional debería haberse hecho durante la subasta, y no con esta cerrada: “Se priva a un tercero, a otros postores, de mejorar la oferta. De haberlo hecho durante la subasta, probablemente Cultura la hubiera mejorado”.

En ese contexto, el secretario judicial, primero, y previsiblemente el juez, después, tendrán que decidir sobre la viabilidad de la oferta presentada por la Comunidad. El dictamen se espera entre octubre y noviembre, según dos fuentes conocedoras del caso. Mientras tanto, Velintonia sigue deteriorándose y las obras para detener los efectos de su abandono siguen sin ejecutarse.