Un trámite bloquea la entrada del Gobierno en Montecarmelo para buscar una fosa común de brigadistas

El Ayuntamiento de Madrid ha tratado de dilatar en lo posible el comienzo de un estudio arqueológico que permita abrir la tierra en una parcela del barrio de Montecarmelo y determinar, de una vez por todas, si allí hay o no una fosa común en la que fueron enterrados 451 combatientes de las brigadas internacionales por las autoridades franquistas. Así lo han denunciado el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, la Asociación de Amigos de Brigadistas Internacionales y las asociaciones vecinales que llevan desde noviembre alertando de que, bajo la parcela 26.2b, puede encontrarse la mayor fosa de la Guerra Civil en Madrid.

El Consistorio lleva semanas sin revelar el contenido del informe elaborado por una empresa contratada por el Área de Limpieza que, como contó EL PAÍS, arroja resultados “altamente compatibles” con la existencia de restos humanos. Fuentes conocedoras de las conclusiones del estudio han confirmado a este diario que el informe recomienda realizar un estudio arqueológico ―que implica cavar la tierra― para confirmar si lo hay o no una fosa común.

El Gobierno de Almeida, además, ha retrasado en lo posible la petición de la Secretaría de Estado de Memoria democrática para iniciar las excavaciones en un terreno de Montecarmelo donde el Ayuntamiento pretendía instalar un cantón de basuras, a pesar de la oposición vecinal. Mientras el alcalde Almeida calla, la vicealcaldesa, Inmaculada Sanz; y el delegado de Urbanismo, Borja Carabante; han acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de haber “abandonado” la búsqueda de los brigadistas.

Nada más alejado de la realidad. El secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, ha confirmado este jueves, tras el Consejo Territorial de Memoria, que han solicitado de nuevo el permiso tras el archivo del primer expediente a mediados de mayo, informa Natalia Junquera. “Hemos vuelto a pedir que se nos autorice a realizar catas arqueológicas [ya habían contratado por 17.000 euros a una empresa especializada] para saber con seguridad si existen o no restos cadavéricos en los aledaños del cementerio de Fuencarral. La primera petición fue desestimada”, ha dicho el secretario.

Martínez ha advertido de que, si se comprueba que en la parcela hay una fosa, “no podrán tocar esa zona”. “Destruir una fosa es ilegal. Y quien tiene competencias sobre este tema es la Secretaría de Estado de Memoria Democrática”, ha sentenciado. Respecto a lo que describió como maniobras de “dilación” por parte del Ayuntamiento para denegar a los especialistas contratados por el Gobierno el acceso a la zona, el alto cargo del Gobierno central ha insistido: “Antes o después, vamos a hacerlo. En el momento en el que salga un hueso y se certifique que allí hay cadáveres, hay que exhumarlos”.

¿Dónde está ahora la clave del retraso del trámite que tiene en vilo la búsqueda de la fosa común? Tanto Sanz como Carabante tratan de acogerse a la letra y no al espíritu de la norma. La letra obligaría a tener el permiso de todos los descendientes de los brigadistas enterrados para su exhumación 80 años después. Como es imposible obtener la autorización de 451 familiares de 20 nacionalidades ocho décadas después, tanto Sanz como Carabante deducen que es el Gobierno quien no cumple sus normas y renuncia a la exhumación.

La línea de tiempo de una batalla que ha dejado de ser local

El 19 de enero, el Ayuntamiento supo que estaba en aprietos. Memoria Democrática había contactado con la Dirección de Patrimonio municipal para manifestarle su “voluntad” de hacer exploraciones arqueológicas en el terreno donde se quiere construir el cantón. Ese día, el Área de Cultura le envía un correo al Área de Urbanismo encargada de la obra y le advierte que “parece aconsejable posponer el inicio de las obras municipales” y permitir que Memoria Democrática haga el estudio.

El 22 de enero, Memoria Democrática lanza una solicitud de ofertas para un contrato menor dirigido a realizar sondeos prospectivos en la parcela de Montecarmelo. Tres días después, recibe la oferta de la Asociación Científica Arqueoantro, y el 23 de febrero adjudica el contrato por casi 17.000 euros. Mientras tanto, pregunta a las autoridades locales y regionales cuáles son los permisos que debe pedir para entrar a hacer el estudio.

Entonces, el 28 de febrero, Arqueoantro, solicitó autorización para llevar a cabo el Proyecto de investigación y localización mediante sondeos arqueológicos de los brigadistas internacionales del cementerio de Fuencarral, Madrid, con una duración de tres semanas. El 15 de marzo, el Ayuntamiento pidió a la empresa que, en 10 días, presentara un plano que mostrara dónde haría las excavaciones y que adjuntara la autorización conforme a las reglas que indica el artículo 18 de la Ley de Memoria Democrática. Dicho artículo, en su apartado 4, establece que antes de la resolución de autorización, el ministerio debe acordar un periodo de información pública para que puedan oponerse al traslado de restos los descendientes directos de las víctimas que lo manifiesten.

El 2 de abril, Arqueoantro envió el plano y, nuevamente, adjuntó la resolución del contrato con Memoria Democrática. Al mismo tiempo, Memoria Democrática logró contactar con el Ayuntamiento y le explicó que “el artículo 18 de la Ley de Memoria Democrática no ha de interpretarse literalmente”, como lo hace el consistorio en este caso, de acuerdo con una detallada cronología que ha remitido el ministerio a este diario. “La subdirectora general de Patrimonio Municipal del Suelo sigue en su negativa y además solicita que se someta la autorización a información pública de un mes, lo que haría ya definitivamente imposible cumplir el plazo de 10 días dado al contratista para subsanar”, explica el ministerio.

Sin embargo, el Ayuntamiento sostuvo que seguida faltando la documentación requerida y, el 11 de abril, volvió a darles un plazo de 10 días para presentarlo. El 14 de mayo, el Ayuntamiento emitió una resolución en la que declaró “el desistimiento de la solicitud de ocupación de parcela”, concluye el expediente del Ayuntamiento en el que anulaba la solicitud. El 30 de mayo, Arqueoantro volvió a pedir la autorización y alegó que “no ha lugar a presentar la autorización del artículo 18 de la Ley 20/2022 de Memoria Democrática, ya que es la propia Administración General del Estado, a través de una entidad contratista, la que impulsa la intervención”.

Eduardo Ranz, abogado experto en memoria histórica, sostiene que “exhumar es el derecho que prevalece [frente a la oposición a que se haga]”. Luego, hace una salvedad: para que haya exhumación, claramente, hay que buscar los huesos. Y, si se encuentran, hay que demostrar el parentesco que les permita acreditarse como terceros que tengan interés en el proceso.

“Primero tiene que haber un informe arqueológico que establezca que sí hay restos humanos y documentarlos. Dar traslado a las familias [de decidir qué hacer] no es algo que se pueda hacer hoy de forma efectiva porque ni siquiera lo han abierto”, alega Ranz. La Asociación de Amigos de las Brigadas Internacionales (AABI) califica el argumento del Ayuntamiento de “traba dilatoria”. “No es factible recuperar la información de las familias de los brigadistas. Por un lado, hay muchos que figuran como desconocido; por otro, son extranjeros que fallecieron entre 1936 y 1937 y seguir la pista de las familias es difícil”, detalla Andrés Chamorro, de la AABI. La asociación cuenta con un listado del servicio de inhumaciones de las brigadas internacionales, digitalizado y publicado por el Archivo de la Internacional Comunista, que da cuenta uno por uno de los 451 brigadistas enterrados en Fuencarral. De la gran mayoría se conoce nombre, nacionalidad y fecha de muerte. Hasta el momento, la AABI solo ha podido encontrar a cuatro familias que están de acuerdo con la búsqueda y la apertura de la fosa y están dispuestos a aportar ADN para hacer la identificación.

Pero el trámite no acaba ahí. Si el Ayuntamiento diera la autorización de ocupación de terreno, luego la empresa tendría que pedir otro permiso ante de la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad de Madrid. Solo cuando todo eso esté listo, podrá cavarse la tierra y resolver, de una vez por todas, si lo que ha detectado Gama Geofísica SL es o no la fosa común de los brigadistas internacionales.

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