Cuatro años después, el Gobierno de Ayuso aún reclama a 187 herederos la deuda de sus padres muertos durante los “protocolos de la vergüenza”

Cuatro años después de los “protocolos de la vergüenza”, la Comunidad de Madrid sigue reclamando a 187 personas las deudas pendientes de sus familiares fallecidos. El dato proviene de una contestación del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso a una pregunta de EL PAÍS por la vía de la Ley de Transparencia formulada después de la polémica que estalló en abril, cuando la Cadena SER reveló que un par de hijas habían recibido cartas por esas deudas. La Comunidad de Madrid se ha negado a condonar estos pagos, como han solicitado las asociaciones de familiares y la oposición al completo, incluida Vox.

Este periódico ha preguntado por el número total de personas que han recibido desde 2021 solicitudes de pago por las mensualidades que debieron haber pagado las personas que fallecieron en residencias entre el 1 de marzo de 2020 y el 30 de abril de 2020, cuando el Gobierno madrileño limitó las hospitalizaciones. Sin embargo, es imposible obtener ese dato, según el Ejecutivo autonómico. La Comunidad ha respondido que su “sistema de información solamente ofrece datos de los casos que actualmente están pendientes de pago”. Es decir, ya no hay información disponible sobre las personas que han abonado la deuda. Por tanto, el número de reclamaciones podría ser bastante superior a 187.

Cuando saltó la noticia de estas cartas, varios miembros del equipo de Ayuso desviaron la responsabilidad al Gobierno central para contener las críticas. Entre otros, la portavoz de Pedro Sánchez, Pilar Alegría, acusó al Gobierno madrileño de “falta de humanidad”. La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila respondió que “es al Gobierno de Pedro Sánchez, en todo caso, al que le correspondería modificar esa normativa y justificar la excepción”. Sin embargo, cuatro juristas consultados por EL PAÍS desmintieron esa excusa. Señalaron que si la Comunidad tiene potestad para exigir un precio público (la mensualidad de la residencia) también la tiene para condonarlo. De hecho, en Madrid se perdonaron otros pagos pendientes de la pandemia, por ejemplo, a los bares con máquinas tragaperras (por la propia Comunidad) o a los que tienen terrazas de calle (por el Ayuntamiento).

El equipo de prensa de la consejera Dávila evitó en abril responder a este periódico a cuántas personas se les ha reclamado este tipo de pagos. Tras este silencio, EL PAÍS formuló una solicitud de acceso a la información pública, un procedimiento reglado por la Ley de Transparencia que obliga a las administraciones a contestar a los ciudadanos. La respuesta de la Comunidad, firmada por el viceconsejero de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Pablo Gómez-Tavira, desglosa por años las reclamaciones aún pendientes: 22 (2021), una (2022), 14 (2023) y 150 (2024). Las cartas de 2024 han sido enviadas antes de que se cumpla la prescripción de cuatro años contemplada en la ley madrileña.

El número de afectados podría ser mucho mayor. En marzo y abril de 2020 murieron 9.470 personas que vivían en residencias de mayores, según los datos oficiales que publicó InfoLibre. De ellas, 7.291 fallecieron en estos hogares colectivos, sin traslado al hospital.

Para perdonar estas deudas, basta que lo decida el Consejo de Gobierno, presidido por Ayuso, según los juristas, expertos en áreas de Derecho Tributario y Derecho Administrativo. Al no haber aprobado esa medida de gracia, los funcionarios autonómicos no tienen más remedio que enviar las cartas, de lo contrario podrían incurrir en un delito de prevaricación.

Varios familiares han anunciado que no van a pagar esas deudas. Una de ellas, que compartió con este periódico la carta que recibió el 11 de marzo de este año, lo describió de manera gráfica: “Se pone en contacto conmigo el asesino de mi padre para reclamar el valor de la bala con la que le mató”. Su padre vivió en la residencia pública Ensanche de Vallecas, donde falleció el 5 de abril de 2020. La Comunidad le reclama 674,28 euros, por su estancia en marzo y abril. Esta hija, que pidió identificarse únicamente como María, ha presentado un recurso administrativo, previo a la vía judicial, que ha sido rechazado por silencio negativo. María no va a dar su brazo a torcer: “Si quieren algo, ya se pondrán en contacto conmigo. Yo ya no hago nada más”.

La asociación de familias Marea de Residencias dice que un puñado de herederos afectados se han puesto en contacto con ellos para asesorarse jurídicamente sobre los recursos posibles y las consecuencias de un impago. Una portavoz indica que cada perjudicado va a proceder de manera individual. El defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, también ha recibido un par de quejas. Una portavoz de Gabilondo informa de que están a la espera de que la Comunidad le envíe información solicitada.

El 30 de abril, el PSOE llevó a la Asamblea de Madrid una proposición no de ley para que la Comunidad estudiara todas las vías ajustadas a derecho para detener estas reclamaciones. La medida fue tumbada con el único voto en contra del PP, que goza de mayoría absoluta. La diputada popular que habló por su grupo, Esther Platero, volvió a insistir en que es el Gobierno de Sánchez el responsable de estos cobros: “Dejen de enfangar con los mayores. Son ustedes señores socialistas los que no han tenido voluntad de cambiarlo”.

La diputada socialista que patrocinó esa proposición no de ley, Lorena Morales, anuncia a este periódico que van a volver a presentarla. “Estos cobros están removiendo el dolor que estas familias llevan encima”, afirma Morales. “No tiene perdón este Gobierno”.

¿Tiene más información? Escriba al autor a fpeinado@elpais.es o fernandopeinado@protonmail.com

Suscríbete aquí a nuestra newsletter sobre Madrid, que se publica cada martes y viernes.