Más Madrid reclama al PP que reconsidere su veto a que Miguel Ángel Rodríguez explique en la Asamblea sus presiones a periodistas

Más Madrid ha reclamado a la Mesa del Parlamento regional que reconsidere el veto impuesto por el PP a siete solicitudes de comparecencia de Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de gabinete de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, con el objeto de que explique sus presiones a periodistas. El alto cargo autonómico impulsó el bulo de que dos profesionales de EL PAÍS habían acosado a menores mientras investigaban una ramificación del caso de presunto fraude fiscal que afecta a Alberto González Amador, la pareja de la líder conservadora; afirmó que dos reporteros de eldiario.es intentaron entrar en la vivienda que comparte la pareja, lo que este medio ha negado; y presionó a una profesional de este digital (“os vamos a triturar”). Además, Más Madrid solicita que también se reconsidere la negativa a debatir en el pleno sobre la destitución de MAR, como se conoce a este asesor, y a analizar la relación entre la Comunidad y el grupo Quirón, que es al mismo tiempo receptor de miles de millones de la Administración (con la compañía Quirónsalud) y el principal cliente de la empresa que dirige la pareja de la presidenta (con la empresa Quironprevención).

“El criterio seguido por la mayoría de la Mesa de la Asamblea es puramente político y no jurídico-técnico”, afirma Más Madrid sobre el rechazo a sus solicitudes, que el PP adoptó en solitario, al aplicar su mayoría absoluta frente a Más Madrid y PSOE ―que querían dar luz verde a las comparecencias― y Vox ―que se abstuvo―. “Las resoluciones de rechazo de la Mesa se extralimitan en su función de calificación y admisión, realizando un juicio de índole material que le está vedado, un juicio de contenido puramente político y censor que contraviene la legalidad parlamentaria”, se insiste en la documentación a la que accedió EL PAÍS. “Asimismo, los acuerdos remitidos carecen de una motivación expresa, suficiente y adecuada, que supone un incumplimiento del Reglamento de la Asamblea, de la doctrina constitucional y constituye una vulneración manifiesta de los derechos de los parlamentarios del Grupo Parlamentario Más Madrid”.

La decisión fue fruto de un debate “acalorado”. El PP, que recuerda que no hay dinero público ni contratos con la Administración en el caso que afecta a la pareja de la presidenta, no dio su brazo a torcer en tres asuntos clave. Primero, en la consideración de que en los dos debates sobre la destitución de MAR que pedía Más Madrid (y que ahora vuelve a reclamar, tras ser rechazados) había una reprobación encubierta que no tiene cabida en el reglamento de la Cámara... pese a que negro sobre blanco se puede leer la palabra “destituir”.

Segundo, en que Rodríguez no podía comparecer en la Asamblea porque no es un alto cargo, ya que no tiene responsabilidades de gestión... pese a que MAR figura como alto cargo en el portal de transparencia, que refleja oficialmente el organigrama gubernamental; cumple por iniciativa propia en su perfil público de esa web con las obligaciones propias de un alto cargo (publicar su patrimonio, renta, gastos...); y tiene rango de director general. En esa reunión, si el PP encontró argumentos para su posición en el artículo 11.1 de la ley del Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid (“funcionará, como órgano de asistencia y asesoramiento, el Gabinete del Presidente”), la izquierda los buscó en el 11.3 de la misma norma (“El Jefe del Gabinete del Presidente, con nivel orgánico de Director general, será nombrado y, en su caso, cesado por Decreto del Consejo de Gobierno, a propuesta de su Presidente [como los altos cargos]”). Y tercero, en que no procedía el contenido de algunas iniciativas, pues tienen “juicios de valor”, según su criterio... pese a que la misión de la Mesa es velar únicamente por la procedencia técnica de las propuestas.

Todos esos asuntos volverán a debatirse ahora el día 25 de abril, en la Mesa del Parlamento, que regula el día a día de la Cámara. Pero no son las únicas reconsideraciones que ha pedido Más Madrid. El partido también quiere que se dé vía libre al debate de dos proposiciones no de ley que insten al Gobierno a auditar la colaboración público-privada en sanidad “comenzando por el grupo Quirónsalud, al ser el que ostenta una mayor cantidad de conciertos y una mayor cantidad de población atendida”; o a recuperar “progresivamente (...) la gestión pública directa en todos los centros sanitarios de la red pública madrileña”.

“El papel que corresponde desempeñar a la Mesa en el ejercicio de su función de calificación y admisión a trámite respecto de las proposiciones no de ley se ciñe a la verificación de los requisitos formales reglamentariamente establecidos, sin que se extienda también al examen del contenido material de la iniciativa”, se queja Más Madrid sobre los motivos del rechazo de las iniciativas. “Si bien no le compete a esta apreciar si “su objeto prospectivo”, “no es propio de una Proposición No de Ley” o “contiene un juicio de valor”, sí le compete y debe recordar que la relevancia de las proposiciones no de ley para el ius in officium de los representantes ha sido reconocida reiteradamente por la doctrina del Tribunal Constitucional”.

Y remata: “Los acuerdos de Mesa respecto de estas iniciativas han cercenado indebidamente nuestro derecho a ejercer, sin traba ilegítima alguna, las funciones que el Reglamento de la Cámara nos confiere, hurtando, además, al Pleno de la Asamblea de Madrid la posibilidad de debatir y pronunciarse sobre la iniciativa propuesta. Asimismo, los acuerdos carecen de una motivación expresa, suficiente y adecuada”.

El PSOE también quiere que se reconsideren sus solicitudes de comparecencias y debate sobre el caso que afecta a la pareja de la presidenta, y que ha puesto bajo los focos la relación entre la Administración y el grupo Quirón, que gestiona cuatro hospitales de la red pública de Madrid (Fundación Jiménez Díaz, en régimen concertado; e Infanta Elena, Villalba y Rey Juan Carlos, en régimen de concesión). Como lo previsible es que el PP vuelva a rechazar las iniciativas de los dos partidos de la oposición, tanto el PSOE como Más Madrid evaluarán acudir al Tribunal Constitucional con un recurso de amparo.

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