Comisionistas al acecho del botín multimillonario de la compraventa de mascarillas

Una pregunta que surge del nuevo escándalo en la compra de mascarillas por las administraciones públicas y el pago de mordidas reside en su parecido con otras investigaciones a comisionistas que vendieron cubrebocas a entidades oficiales entre marzo y mayo de 2020 —unos 2.000 millones de euros gastaron los distintos gobiernos en los tres primeros meses de la pandemia—.

¿Por qué unas causas han prosperado y otras no? El caso Koldo, la red de venta de mascarillas que giraba en torno a Koldo García, antiguo asesor del exministro José Luis Ábalos, saltó al primer plano este miércoles tras conocerse que la Guardia Civil había arrestado a varios sospechosos, entre ellos el propio García. El caso está bajo secreto de sumario y aún quedan por conocerse muchos detalles, pero la información disponible permite compararlo con los dos casos más sonados por ventas de mascarillas a la Administración en lo peor de la pandemia: uno apuntó al hermano de la presidenta madrileña, Tomás Díaz Ayuso; y el otro al hermano del duque de Feria, Luis Medina, y a su socio, Alberto Luceño. El primer caso fue archivado por la Fiscalía Anticorrupción tras una investigación de varios meses, y el segundo ha sido instruido por un juez de Plaza de Castilla que en octubre envió al banquillo a los dos investigados.

Los tres asuntos tienen en común que se produjeron en un momento excepcional de falta de control en la contratación pública, justificado por la urgente necesidad de mascarillas en marzo de 2020. Eso motivó el recurso a lo que se conoce popularmente como contratos a dedo en tramitaciones de emergencia, permitidos por la Ley de Contratos. Miles de adjudicaciones de este tipo fueron firmadas en 2020 (entre marzo y mayo, la compraventa de material en China alcanzó los 2.000 millones de euros). Con el fin de salvar vidas se corría el riesgo de que se colaran ovejas negras.

‘Caso Koldo’. Una diferencia con las anteriores investigaciones es que el supuesto comisionista Koldo García se encuentra dentro de la Administración pública. García se habría valido de su influencia para proponer adjudicaciones del Ministerio de Transporte y los Gobiernos de Canarias o Baleares por más de 50 millones de euros a la empresa zaragozana Sociedad de Gestión y Apoyo a Empresas SL.

En la causa, que permanece bajo secreto de sumario, se indagan presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho. Cuando abrió diligencias, la Fiscalía destacó que la actividad de esa empresa (asesoramiento de ingeniería) no tenía relación con la provisión de mascarillas. También destacó que en 2019 su cifra de negocio fue de cero euros, frente a 53,13 millones de euros de 2020 por las ventas de la pandemia.

El caso de Luis Medina y Alberto Luceño. Se trata de dos amigos que se aliaron para vender mascarillas al Ayuntamiento de Madrid. Según el juez instructor, fingieron actuar de forma “altruista”, pero ejercían realmente como intermediarios de una empresa malaya, Leno, que se encargó de conseguir el material en China. El Ayuntamiento firmó tres contratos con Leno por un valor de 15,8 millones de euros (un millón de mascarillas por 6,6 millones de euros; 2,5 millones de guantes por 5 millones de euros y 250.000 test rápidos por 4,2 millones de euros). Los dos acusados inflaron presuntamente los precios (el 60% en el caso de las mascarillas, el 81% en el de los guantes y casi el 71% en el de los test) para embolsarse casi seis millones en comisiones.

Aprovechando su condición de personaje famoso, Luis Medina (hermano del duque de Feria) contactó por teléfono al primo del alcalde José Luis Martínez-Almeida, quien le facilitó el e-mail de la persona encargada de la compra de material sanitario en el Consistorio. “De este modo tan rápido y eficaz —al margen del correo general de ofertas del Ayuntamiento y, por tanto, con manifiesta ventaja sobre otros posibles ofertantes—, Medina proporcionó los datos necesarios a su amigo Luceño para que iniciase las gestiones de la oferta del material sanitario”, señaló el juez en octubre en el escrito que los enviaba a juicio.

Medina fue “el facilitador” y Luceño “el auténtico gestor del negocio criminal”, según el juez. Luceño se valió de engaños en su negociación con el Ayuntamiento: dijo falsamente que tenía experiencia significativa en negocios de importación, que disponía de fábricas en China y que se movía por un fin altruista, según la investigación.

A esto se suma que el material proporcionado era defectuoso: los guantes solo llegaban a la muñeca y los test eran demasiado sensibles. Los vendedores tuvieron que devolver casi cuatro millones de euros. El juez descartó la tesis de que en esta trama estuvieran implicados cargos del Ayuntamiento.

Después, ambos comisionistas entregaron a sus bancos documentación presuntamente falsificada para justificar la ingente cantidad ingresada. A Luceño, la Agencia Tributaria le atribuye además una trama societaria para defraudar más de un millón de euros. Los dos serán juzgados por estafa agravada, falsedad documental y, en el caso de Luceño, también por un delito contra la Hacienda Pública. La Fiscalía pide nueve años para Medina y 15 para Luceño.

El caso de Tomás Díaz Ayuso. El hermano de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, es un comercial de productos médicos que ha tenido durante dos décadas entre sus principales clientes a los hospitales públicos madrileños. La Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía Europea averiguaron que cuando estalló la pandemia le propuso a un amigo íntimo, Daniel Alcázar, importar mascarillas desde China para vendérselas a las administraciones, entre ellas la Comunidad de Madrid, por medio de la empresa textil de Alcázar, Priviet Sportive SL, sin experiencia previa conocida en suministros sanitarios a la Administración.

Acordaron que Priviet le remuneraría a Ayuso una cantidad fija de 175.000 euros y un bonus a determinar por cada operación de venta exitosa, según los fiscales. El 1 de abril de 2020, Priviet vendió 250.000 mascarillas FFP2 —compradas en China por algo menos de 500.000 euros— por 1,5 millones al Servicio Madrileño de Salud de la Comunidad de Madrid.

Tomás conocía bien a gestores de hospitales y del Sermas, pero los fiscales no encontraron prueba de que mediara entre Priviet y el Sermas. La Fiscalía Anticorrupción consideró significativo que en los correos de Priviet al personal autonómico, Tomás figurara en copia oculta. “Su intervención en la operación, de asesoramiento técnico a la empresa para preparar la oferta, fue desconocida por los funcionarios tramitadores de esta”, concluye en su decreto de archivo en junio de 2022.

Los productos fueron suministrados a Priviet por una empresa surcoreana, K Beauty & Media, con la que Alcázar había tenido conexiones en el pasado. Esa compañía contactó con dos fabricantes chinos sin experiencia previa a la pandemia en la confección de mascarillas (una de cables eléctricos y otra de aluminio). Como contó EL PAÍS, las dos investigaciones se cerraron sin que quedara acreditado que las mascarillas fueran fiables: falló la cooperación de las autoridades chinas y se dio por bueno un certificado italiano que había sido denunciado por la patronal europea de importadores de mascarillas.

Los investigadores averiguaron que Priviet gastó 611.000 euros en adquirir las mascarillas (480.000 euros para los fabricantes y 82.000 para el transporte desde China a España). Por tanto, el beneficio ascendió a casi 900.000 euros. Tomás percibió de Priviet 234.000 euros, incluyendo el fijo de 175.000, según su información fiscal de 2020. Esos cubrebocas, a seis euros la unidad incluyendo el IVA, eran los cuartos más caros vendidos a la Comunidad entre el 13 de marzo y el 30 de abril de 2020.

Los fiscales consideraron relevante que Priviet hizo otras ofertas al Sermas que fueron rechazadas, lo que a juicio de los investigadores sugiere que no se benefició de trato de favor. También resaltaron que Tomás intervino para Priviet en otros seis intentos de compraventa (no exitosos) con clientes no institucionales, dentro y fuera de España. Además, valoraron que Priviet y Tomás fueron transparentes en el cobro de la comisión y cumplieron con sus obligaciones tributarias.

En cuanto a la responsabilidad de la presidenta Ayuso, los fiscales no encontraron prueba de tráfico de influencias (”ninguna indicación, llamada, recomendación o sugerencia de autoridad o funcionario interesándose por esta contratación”) ni conflicto de interés prohibido por la ley, puesto que su hermano no era administrador o accionista de Priviet.

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