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Los juzgados de Madrid superan por primera vez el medio millón de causas pendientes

Los tribunales de la comunidad dejaron 534.961 asuntos sin resolver en 2022, un 10% más que el año anterior y el Tribunal Superior pide un refuerzo de 500 jueces

Tribunal Justicia Madrid
Fachada del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Patricia Peiró

En 2022, los juzgados madrileños iniciaron 982.526 asuntos. Denuncias, procesos, e investigaciones que llegaron a las diferentes sedes de una de las comunidades con una actividad judicial más frenética. De ellos, se resolvieron casi todos, 949.857. Sin embargo, a final de año seguían en los cajones, pendientes de una respuesta, otros 534.961, un 10% más que el año anterior. Es la primera vez que la Comunidad supera el medio millón de causas pendientes. ¿Cómo es posible que si se da salida al mismo número de asuntos que entran cada año se acumule el retraso? “Es un problema ya endémico, para el que actualmente no existen recursos ni soluciones actualmente. No tenemos medidas eficaces para superar este déficit”, ha explicado este martes el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Celso Rodríguez Padrón, en la presentación de la memoria anual del organismo.

La situación de embudo no es nueva, pero nunca antes se había llegado a la cifra simbólica del medio millón de asuntos pendientes de tramitar al cerrar un año. El número de causas que no se han resuelto ha aumentado a pesar de que también ha crecido aquellas a las que sí se da respuesta. En 2022 se cerraron un 3,3% más de causas que en 2021. Pero la realidad es “tozuda” como ha definido el presidente y esta se traduce en datos concretos. Gran parte de este tapón lo provocó la crisis del coronavirus, que generó en 2020 un aumento del 24% en los procedimientos pendientes en una de las regiones con más litigios por motivos obvios. Por número de población y de empresas que tienen su sede social en Madrid, es lógico que los juzgados reciban miles de asuntos al año. “No somos capaces de apreciar mejoras en el sistema judicial”, ha señalado Rodríguez Padrón.

En la región hay 800 jueces y algunas sedes con una sobrecarga del 470% de asuntos. La memoria advierte de que este colapso propicia las “dilaciones indebidas”, retrasos en la instrucción de los casos que acaban beneficiando a los penados, que pueden acogerse a reducciones de condena por este motivo. El documento, sin embargo, plantea una solución: contratar más jueces. En concreto, 500, ha cuantificado Rodríguez Padrón. Además de añadir 500 plazas en la región, el TSJM plantea también que se doblen los magistrados en los juzgados que sobrepasen el 100% de la carga de trabajo establecida como recomendada por el Consejo General del Poder Judicial.

Rodríguez Padrón ha matizado su propuesta de incremento de jueces: “El aumento no se podría hacer de golpe, no se pueden acortar los tiempos de formación de los jueces, pero sí se podría llegar a un acuerdo de plazos para que hubiera un plan de oposiciones continuas para incorporar este incremento”. El organismo propone en su memoria esta medida como alternativa a la tendencia actual de crear nuevos juzgados, en lugar de ampliar las plazas. “Esto se puede hacer con más celeridad. Facilitaría dar salida al doble de asuntos de lo que se hace ahora”, ha recalcado el presidente.

La petición de más plazas para la judicatura no es nueva. El TSJM lleva varios años planteando esta medida como la solución “nuclear” que ayudaría a aliviar la carga con “más inmediatez”. Sin embargo, el año pasado, Rodríguez Padrón cifró en 150 nuevos jueces la necesidad de los tribunales madrileños, una cifra que en 2023 ha elevado hasta los 500. El motivo es que el órgano prevé que el número de asuntos en los cajones aumente aún más por las huelgas en el sector que se han sucedido este año.

Los órganos judiciales en Madrid habían diseñado un plan de refuerzo para dejar atrás los efectos de la pandemia, pero en los primeros meses de 2023 la huelga de los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ), que se extendió entre enero y marzo, truncó estas previsiones. En marzo, los sindicatos de los LAJ y el Ministerio de Justicia llegaron a un acuerdo para aumentar su retribución semejante al que ya habían obtenido los jueces. Cuando finalizó su huelga, comenzó la de los funcionarios, el último escalafón de los juzgados, que también reclaman sus mejoras laborales. En los dos meses que duró el paro de los LAJ, el número de actuaciones suspendidas ascendió a 18.275, un colapso que estrechará aún más el cuello de botella de la justicia madrileña, aunque para comprobar cómo han afectado estos paros a los abultados números de la justicia madrileña, habrá que esperar al año que viene.

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Una reacción que no llega

El área que más causas ingresa es la de la Jurisdicción Civil, seguido de la Penal, la Contencioso Administrativa y, por último, la Social. El aumento de casos pendiente en Madrid ha sido sostenido en los últimos cinco años, con un salto notable en 2021 por el ingreso de causas tras el parón de la pandemia del coronavirus. Solo Andalucía y Cataluña, que superan el millón de entradas de asuntos cada año, soportan más carga que la región madrileña. “Todo esto debería provocar una reacción por parte de los poderes del Estado, desgraciadamente, estas soluciones reclamadas año tras año parecen excesivamente lejanas”, reza la memoria.

La memoria también destaca que en 2022 se gastó todo el presupuesto destinado a la contratación de jueces sustitutos. “Si bien se trata de una medida excepcional, la realidad evidencia que se recurre a ella con habitual frecuencia”, especifica el documento. La Consejería de Justicia destinó casi cuatro millones de euros a este concepto. Hay que tener en cuenta que, a pesar de la denominación, un juez sustituto no pertenece a la carrera judicial, sino que se trata de un profesional como un abogado de larga trayectoria o un catedrático con formación similar a un magistrado que puede desempeñar durante un tiempo limitado las mismas funciones.

No todo son malas noticias, como nota positiva Rodríguez Padrón ha señalado que la implantación del Expediente Judicial Electrónico avanza por buen camino y espera que pueda ser “una realidad” en 2024. Esta herramienta permite que todas las partes involucradas en un proceso puedan acceder a la documentación relativa a una causa de forma telemática, algo que facilitaría la gestión de los asuntos. Un pequeño rayo de esperanza en un mar de carpetas que se acumulan en los juzgados madrileños.

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Sobre la firma

Patricia Peiró
Redactora de la sección de Madrid, con el foco en los sucesos y los tribunales. Colabora en La Ventana de la Cadena Ser en una sección sobre crónica negra. Realizó el podcast ‘Igor el ruso: la huida de un asesino’ con Podium Podcast.

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