La Guardia Civil ha empleado una anotación manuscrita intervenida al excomisario José Manuel Villarejo para concluir que Ignacio González, entonces vicepresidente de la Comunidad de Madrid, e Ildefonso de Miguel, que fuera gerente del Canal de Isabel II, presuntamente cobraron en 2007 un millón y medio de euros para que OHL ganara el concurso para construir el tren entre Móstoles y Navalcarnero. En su informe final de esta pieza del caso Lezo, los investigadores han usado “diferentes agendas, correos electrónicos, grabaciones o archivos” intervenidos a los investigados para “vincular cronológicamente” los pagos “con actos administrativos” clave para la obra. En paralelo, han contado con la declaración de David Marjaliza, uno de los cabecillas de la Púnica, reflejando las quejas de Francisco Granados, también exconsejero autonómico y exsecretario general del PP de Madrid, porque la mordida por la concesión la hubiera cobrado, presuntamente, González. Además, destacan la importancia de haber “localizado una anotación en las agendas del excomisario Villarejo” que reforzaría esa tesis.

Han pasado casi 15 años desde que OHL ganó el concurso de 360 millones de euros para unir con un tren Móstoles y Navalcarnero. Ni uno solo ha circulado desde entonces. Miles de vecinos han quedado atrapados en desarrollos urbanísticos huérfanos de su principal reclamo. Y ante sus casas languidece parte de la infraestructura, incluidos varios túneles tapiados, pues todo se dejó a medio hacer.

Impulsadas por Esperanza Aguirre, las obras se paralizaron en 2010, por falta de financiación de la concesionaria y con 8 de los 14,4 kilómetros del proyecto ya ejecutados, según datos del Gobierno regional. Desde entonces, la Comunidad y la constructora pleitearon en los tribunales para dirimir de quién era la culpa de los cambios en el proyecto (con el soterramiento no previsto de un túnel) y la financiación (50 millones que reclamaba OHL). En diciembre, el consejo de Gobierno de Isabel Díaz Ayuso aprobó pagarle a OHL 162 millones por unos restos abandonados e incompletos, como adelantó EL PAÍS. La constructora, sin embargo, reclama aún más dinero. Una lucha que empezó, según la Guardia Civil, con la mordida presuntamente cobrada por González, para el que Anticorrupción pidió cuatro años de prisión en diciembre de 2020.

“El germen de esta investigación fueron las informaciones facilitadas por unos confidentes, quienes, entre otras cosas, facilitaron el número de la cuenta a la que OHL habría pagado una comisión en el año 2007 relacionada con el contrato”, resumen los agentes en su informe, adelantado por la cadena SER y al que accedió EL PAÍS. “Asimismo, informaron de que los destinatarios de estas comisiones habrían sido el Ignacio González e Ildefonso de Miguel, a quienes les unía una estrecha relación de amistad, además de un vínculo profesional”, añaden. Y subrayan: “Se han hallado determinados correos electrónicos que sitúan a Javier López Madrid (consejero de OHLA) como el hombre en la constructora que trataría de solucionar los problemas con la Administración de la Comunidad de Madrid. Resulta relevante cómo la persona a la que tendría que haber acudido para solventar los problemas relacionados con el tren (...), era precisamente González, uno de los supuestos destinatarios de las comisiones que habría abonado OHL en relación con este contrato”.

Para proceder al supuesto pago, OHL habría empleado una complicada ingeniería financiera. El dinero habría viajado de España a Suiza a través de México. Como intermediario, se habría convocado, supuestamente, a Adrián de La Joya. Y como remate se habría usado un sistema de cuentas ocultas y de compensación para aflorar los fondos que los investigadores consideran acreditado gracias a unas anotaciones intervenidas al excomisario Villarejo.

Modificaciones para ganar dinero

“Se ha localizado una anotación en las agendas del ex Comisario Villarejo que confirma que se trataría de una operación de compensación”, se lee en el informe. “La nota explicaba que Cándido Cerón, Jesús GIL –las personas que controlaban HANALEI HOLDINGS– e Ildefonso de Miguel habrían organizado los pagos y las comisiones a IG –iniciales de Ignacio González”, transcriben. “Esta información habría sido facilitada al ex Comisario por Adrián de la Joya –en fechas anteriores al inicio de estas Diligencias Previas”, siguen. Y subrayan, dándole un valor clave a esta información: “[La anotación] dota de sentido a que [ese] fuese el canal utilizado para hacer llegar los pagos a Ildefonso de Miguel, y según reza la nota, a Ignacio González”.

Para terminar de alicatar su acusación, la Guardia Civil aporta una grabación telefónica al expresidente regional en el que este demuestra, dicen los agentes, que “conocía el modo en el que se realizó el pago (desde México a una cuenta controlada por Adrián de la Joya en Suiza) en un momento en el que esos hechos eran desconocidos en la investigación”. Algo “extraño”, opinan los investigadores, sin estar implicado.

La Guardia Civil, además, da su particular visión para explicar la razón por la que fracasó la construcción del tren, que ahora la Comunidad quiere entregar al Estado para que lo termine. Así, los investigadores dicen haber detectado un modus operandi en OHL consistente en presentarse a los concursos con ofertas económicas a la baja, que le garantizaban tanto la victoria presente como las pérdidas futuras, para luego maniobrar con sus contactos políticos para modificar al alza los acuerdos y lograr beneficios.

Una estrategia en la que las comisiones desempeñaban un papel clave, siempre según los investigadores, que basan sus opiniones en una conversación intervenida a un directivo de la empresa en la que se dice lo siguiente: “Es que tú me dices, bueno dame un 3,5% [de mordida] dámelo sí, pero oye, voy a tener mi modificado y yo sé que la obra se me va arreglar al final [dando beneficios], pero si la obra no se me arregla al final, qué pasa; te he atizado yo un 3,5% aquí y la obra… a pelearme con el [político] que venga. Me parece duro”.

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