Los botellones, la nueva arma arrojadiza en Madrid

Los políticos madrileños decidieron ayer tirarse el botellón a la cara. Todo ello a cuenta del gran despliegue policial desarrollado entre el viernes y el sábado, que no tuvo el resultado esperado: calma en las fiestas del barrio del Pilar y jarana de la buena en el parque del Oeste, nuevo punto neurálgico de las borracheras entre jóvenes y adolescentes. ¿Quién falló? ¿Cómo es posible que se hable de bandas juveniles que aprovechen las circunstancias para delinquir? ¿De dónde vienen esas bandas? ¿Quiénes las forman? ¿Qué fenómeno social hay detrás de estas manifestaciones nocturnas?

Un ejemplo. A eso de las cuatro de la mañana de la madrugada del domingo, tras los primeros disturbios, una chica llamó a una amiga por teléfono.

— Tendrías que haber venido, la policía ha lanzado botes lacrimógenos y todo.

Los políticos buscan una explicación a estas concentraciones multitudinarias de jóvenes cada fin de semana. Sobre el terreno, centenares de agentes de la Policía Municipal y de la Nacional los contienen como pueden, pero no parecen resolver el problema. Pero el debate no es constructivo. Solo sirve para arrojarse unos a otros la responsabilidad de los hechos. A la cabeza, como casi siempre, la presidenta Isabel Díaz-Ayuso, que no tiene competencias en esta materia, reclama más acción a la Policía Nacional. Al otro lado, la delegada del Gobierno, Mercedes González, apunta que no se puede blindar cada fin de semana la ciudad con un millar de agentes. Y, en medio, el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, que aprovecha la coyuntura para lanzar un nuevo dardo contra el Gobierno central.

La macroquedada de 25.000 jóvenes en la Ciudad Universitaria para celebrar el inicio de curso en septiembre abrió los ojos a los responsables municipales sobre la ola que se les venía encima con este problema, aunque difícilmente se imaginaban que acabaría convirtiéndose en un tsunami conforme avanzaban las semanas, máxime viendo las imágenes de violencia a la respuesta policial que se producían en otras comunidades. Tanto es así, que en la semana del puente del Pilar, el Ayuntamiento y la Delegación del Gobierno organizaron un dispositivo conjunto en toda la capital para prevenir estas aglomeraciones. Más de 1.200 agentes (entre ellos 874 policías nacionales) formaron un operativo que se desplegó por el barrio del Pilar, el centro de la capital, el parque de Berlín y el parque del Oeste.

El resultado fue irregular. En el barrio del Pilar no pasó nada el viernes. Pero al día siguiente, el balance fue muy diferente: la Policía Nacional detuvo a 60 personas según el último recuento, se produjo un apuñalamiento y el Samur atendió 10 comas etílicos en el parque del Oeste. 47 de los detenidos eran españoles, en contra de las informaciones que han circulado sobre el perfil de los detenidos, que apuntaban, en algunas versiones, a una mayoría de menores extranjeros no acompañados de origen magrebí.

Surgieron discrepancias en la explicación de cómo se organizó el operativo durante este puente. El jueves, la delegada de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Sanz, explicó que ambos cuerpos se habían dividido los puntos calientes de Madrid y que el parque del Oeste, donde se han producido los mayores altercados, le correspondía a la Policía Nacional. Fuentes del cuerpo puntualizan que la división no era tal y recalcan que el control de los botellones es una competencia local. “Siempre estamos de refuerzo para las actividades delictivas que se cometan en torno a las aglomeraciones”, señalan estas fuentes.

Las diferencias aparecieron también sobre las características de quienes cometían actos delictivos aprovechando los botellones. Varios representantes municipales, entre ellos el acalde, la vicealcaldesa, Begoña Villacís, y la delegada de Seguridad comentaron que los robos y altercados están protagonizados por “bandas juveniles organizadas”. Fuentes policiales, sin embargo, explican a este periódico que por ahora no hay constancia de que ninguno de los detenidos perteneciera a un grupo de delincuencia.

La polémica estaba servida.

Así que el lunes, Ayuso abrió fuego y se refirió específicamente a la Delegación de Gobierno para exigirle que ayude a “todas las policías locales” de la región para luchar contra los botellones. “Y contra la okupación”, añadió. Los comentarios de otros responsables municipales también iban dirigidas en el mismo sentido. “Vamos a poner toda la Policía y necesitamos mayor implicación de otras administraciones en cuestiones de orden público”, había advertido el jueves pasado la delegada de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Sanz.

La delegada del Gobierno, que no rehúye el cuerpo a cuerpo en ningún caso, como ya se vio en su primera rueda de prensa con Almeida, respondió. “No se puede desplegar a mil policías cada fin de semana, porque podemos estar así semana tras semana. Esto es un problema social de retorno al ocio en edades muy tempranas. Quiero hacer un llamamiento a familias, instituciones y jóvenes para abordar el problema de raíz. Se trata de un problema real de cómo está viviendo su ocio nocturno la juventud después de la pandemia”.

González remarcó que se puede perimetrar el parque del Oeste, pero que esto solo va a servir para “diseminar” a los jóvenes por otros puntos. “Para luchar contra el botellón hace falta una actuación social”, añade una fuente de la Policía Nacional. “Una de las cosas que estamos viendo es que están tomándose estos enfrentamientos con la policía como parte de la fiesta”, apuntan fuentes policiales. “El perfil de los chavales que acuden a estos botellones son gente de 13, 14, 15 años. ¿Qué hace gente tan joven en un botellón?”, se preguntan desde la Policía Nacional.

Tanto la delegada de Seguridad, como el alcalde, también han aprovechado esta crisis del retorno del botellón para reclamar al Gobierno central que elimine la tasa de reposición de la Policía Municipal en cada intervención. Este límite marcado por los Presupuestos Generales del Estado indica el número de agentes que pueden acceder al cuerpo cada año en base a la previsión de efectivos que se jubilen o lo abandonen por otros motivos. El Gobierno de Almeida pide que se elimine la tasa para poder ampliar la plantilla de 5.500, a 7.000 agentes. “El ayuntamiento está pagando 65 millones de euros en horas extras”, afirmó Almeida.

Y, de paso, la oposición en el consistorio madrileño también ha entrado al asunto. La líder municipal de Más Madrid, Rita Maestre, aprovechó para expresar que, por mucho que la Policía Municipal y Nacional hagan un trabajo “excelente”, este tiene que estar “bien dirigido y coordinado por los gobiernos responsables de ello, que se comportan como si no tuvieran competencias en este asunto”. La portavoz de Recupera Madrid, Marta Higueras, aseguró que el “discurso de libertad” promovido por algunos partidos políticos han calado en los jóvenes. “Les han trasladado que pueden hacer lo que quieran, que también hay libertad para tirar piedras a la Policía”, añadió. Javier Ortega Smith, de Vox, pidió mano dura para evitar las aglomeraciones y dar alternativas a los jóvenes. Por parte del PSOE, la concejala Mar Espinar señaló que en estos botellones hay “niños que se emborrachan hasta el coma etílico”.

En medio de toda esta polémica, los vecinos ven cómo sus parques amanecen llenos de porquería y el mobiliario urbano sufre las consecuencias de los disturbios.

Y todos confían en que la llegada del frío y las lluvias alejen de su entorno estas discotecas al aire libre.

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