Una residencia de mayores echa a la calle a una mujer por resultar conflictiva

Una residencia de mayores de Madrid puso el viernes en la calle a una mujer de 69 años que llevaba casi seis años viviendo en ese centro. Alrededor del mediodía, los sanitarios y trabajadores sociales se encontraron a la mujer sentada en un banco cercano. Fueron avisados por la residencia, el centro Los Nogales Hortaleza, en el este de la capital. La empresa, una cadena con 10 hogares de mayores en Madrid, alega que la mujer era una usuaria problemática que había incumplido el código de conducta, pero la asociación de defensa de los derechos de residentes Pladigmare responde que la expulsión fue ilegal e inhumana porque debía haber seguido un proceso de desahucio que garantizara a la mujer un alojamiento alternativo. La salud de la mujer expulsada es especialmente frágil porque tiene diagnosticada agorafobia, un miedo a los espacios abiertos.

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La mujer expulsada estaba en la calle sin sus pertenencias cuando llegaron en su auxilio un grupo de trabajadores del Samur Social, el servicio del Ayuntamiento de Madrid que atiende a las personas sin hogar. Hacía mucho calor en Hortaleza, un barrio obrero de calles estrechas y bloques de pisos de ladrillo. Hablaron con el director de la residencia, Henry Polo, quien les explicó que habían rescindido el contrato por mal comportamiento y que la familia había sido avisada con semanas de antelación. Como los empleados sociales no encontraron en ese momento una rápida solución de alojamiento, una ambulancia trasladó a la mujer al servicio de urgencias del Hospital Ramón y Cajal, para que desde allí tomaran una decisión sobre su futuro.

Una trabajadora social llamó en torno a las 13.00 a Concha Larena, la hermana de la expulsada. Concha se encontraba en una comisaría porque conocía las intenciones de la residencia desde finales de julio y ese día decidió poner una denuncia. Esta es la conversación ligeramente editada para su mejor comprensión y para ocultar la identidad de la residente. (Puede escuchar el audio al clicar sobre la foto superior).

-Nosotros hemos llegado allí, porque nos han activado y su hermana ya estaba en la calle.

- ¿Cómo? Disculpe. ¿Me está diciendo que a mi hermana la han sacado a la calle?

-Claro. A su hermana.

-¿Sin orden judicial?

-Eso es. Cuando hemos llegado allí nos dijeron que ya le habían informado, ¿vale? y entonces claro, nos hemos encontrado con ella en la calle. Estábamos con el equipo de intervención de Samur sanitario y no podíamos contactar con usted porque, mira que lo hemos intentado.

-Sí, es que yo estaba en la comisaría.

-Entonces claro, ella no se podía quedar ahí.

-Es que ella donde tenía que estar es donde estaba antes de ponerla en la calle. Que sepa usted, y esto me lo ha dicho mi abogado y no la estoy recriminando a usted, Dios bendito, pero sin una orden judicial a mi hermana no la podían sacar a la calle. Además, con la enfermedad que tiene, que es agorafobia entre otras cosas.

-Yo estoy con usted, porque eso lo sé.

La mujer expulsada seguía este lunes por la noche en el Hospital Ramón y Cajal, según le dijeron por teléfono a Concha. Los trabajadores sociales de ese hospital madrileño están buscando una residencia alternativa, pero no es fácil porque la mujer no está vacunada y hay centros que se oponen a recibirla, según le han explicado a Concha.

Como un despido laboral

Según Concha, la residencia lleva años queriendo deshacerse de su hermana alegando que causa problemas de convivencia. Como solución a conflictos con otras compañeras de dormitorio, la residencia propuso que pagara 500 euros más por una habitación individual, pero esa opción estaba fuera del presupuesto de la mujer. Desde que ingresó en septiembre de 2015, la mujer ha pagado cerca de 1.800 euros mensuales por una habitación compartida. Concha afirma que su hermana ha pagado “religiosamente” hasta este mismo mes.

Concha no tiene la tutela judicial de la expulsada, pero la residencia contacta con ella frecuentemente porque es la familiar de referencia, el punto de contacto preferente que tienen todos los usuarios de un hogar de mayores.

El 30 de julio, el director Henry Polo citó a Concha para informarle en persona de su decisión de expulsar a la hermana. En el despacho entró también la hermana, quien a pesar de sus problemas psiquiátricos, es plenamente consciente y tiene autonomía física. Allí mismo le dijo con rabia al director que ella no se iba. Este, sin perder el tono cortés, les informó de que tenía un plazo de 15 días para marcharse. El director les entregó una carta en la que les informaba de que todo aquello era posible de acuerdo a “los artículos 26 y 27 del Reglamento de Régimen Interior de la residencia y a la decimoséptima estipulación, apartado tercero del contrato de admisión”.

A Concha aquellos términos y maneras le parecían los de un jefe informando a una empleada de un despido, una manera impropia de echar a una persona de su hogar. Se puso manos a la obra. Contactó a la asociación Pladigmare, que denunció los hechos a la Fiscalía Provincial de Madrid y a la Comunidad de Madrid. Para disgusto de Miguel Vázquez, presidente de Pladigmare, la Fiscalía dio la razón a la residencia. El 12 de agosto archivó las diligencias de investigación decretando que el caso no violaba la ley madrileña que recoge los derechos de las personas que viven en residencias. Según el artículo 14 de esta ley, la 11/2002, para limitar el derecho de un residente a permanecer en uno de estos centros hace falta una resolución administrativa o judicial.

A pesar de lo que dice esta ley, la fiscal no llevó el caso ante un juez. “Nos encontramos ante la rescisión unilateral del contrato que unía a ambas partes, usuaria y residencia, por los motivos y dentro de los plazos previstos en el clausulado de dicho contrato y las normas de régimen interno del centro”, resolvió la fiscal, María Piedad Gutiérrez. La fiscal destacó que la expulsada tiene apoyo familiar: “En modo alguno queda desamparada”.

Nos encontramos ante la rescisión unilateral del contrato que unía a ambas partes

María Piedad Gutiérrez, fiscal de la Fiscalía Provincial de Madrid

La Comunidad de Madrid ni siquiera abrió una investigación, como solicitaba Pladigmare. En un correo electrónico, el Cira, el servicio de inspección de la consejería de Familia y Política Social, le informó que se trata de un asunto “contractual privado”.

Para Los Nogales, la respuesta de la Fiscalía es prueba de que actuaron correctamente. “Se ha hecho todo lo posible para proteger al conjunto de residentes ante comportamientos reiterados que perjudicaban con gravedad la convivencia y comprometían el bienestar del resto de personas mayores que viven en el centro”, le dice a este periódico un portavoz del grupo.

“En todo momento se ha tratado de buscar soluciones sin que ninguna de ellas diera resultados. Así, finalmente, solo se ha actuado cuando la justicia ha respaldado la decisión. En todo momento se ha mantenido informada tanto a la familia en primera instancia, como a las autoridades después, para asegurar la protección de esta persona”, añade el portavoz.

El presidente de Pladigmare cree que la resolución de la Fiscalía de Madrid contraviene claramente la letra de la ley madrileña que protege a los residentes. Su asociación ha frenado casos parecidos de otras personas que iban a ser expulsadas de una residencia sin orden judicial. “Cuando les hemos avisado de que lo que iban a hacer es ilegal, han dado marcha atrás”, dice Vázquez.

La Fiscalía Provincial de Madrid suele dar la razón a “quienes tienen la sartén por el mango”, critica Vázquez, quien señala como prueba el escaso avance de las investigaciones abiertas por el triaje de los hospitales durante la primera ola de la pandemia.

Pladigmare recuerda que Los Nogales Hortaleza es un centro tristemente conocido por un episodio de maltrato que trascendió a los medios de comunicación en abril de 2019. Entonces, un familiar reveló gracias a una cámara oculta cómo tres trabajadores de este hogar de mayores habían maltratado física y verbalmente a dos residentes.

La Comunidad anunció que el centro se enfrentaba a una multa de hasta 600.000 euros, pero en realidad los datos oficiales indican que se ha quedado en 78.622,86 euros. La empresa asegura que fue un caso aislado, al margen de la empresa y de la dirección, y que los tres empleados fueron despedidos.

¿Tienes más información? Escribe a fpeinado@elpais.es al reportero de la sección Madrid Fernando Peinado

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