Enrique López, número dos de Ayuso: “Se nos insulta diciendo que somos sectarios”
El consejero de Presidencia defiende que la comisión de las residencias no iba a aportar nada a la investigación, sino a “instrumentalizar el dolor de las víctimas con un fin de desgaste político”
Enrique López (León, 58 años) elude definirse como número dos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, pero él sería el encargado de sustituir a la presidenta en caso de ausencia. Llega de acompañar a la baronesa del PP a una reunión con el embajador de Italia. Inmediatamente tiene otro compromiso. Es consejero de Presidencia, Justicia e Interior, pero su agenda se parece a la de un vicepresidente.
Pregunta. A mediados de mes presidió la primera reunión de la comisión para la estrategia de apoyo a la natalidad y la conciliación, a la que asistieron una quincena de hombres y cuatro mujeres. Como a muchos, ¿le dolieron los ojos al ver la foto?
Respuesta. No duele a mucha gente. Le ha dolido a dos o tres dirigentes políticas, marcadas por un fuerte sectarismo, que creen que solo las mujeres pueden ayudar a las mujeres. Yo creo que todos podemos ayudar a todos. Eso es un reduccionismo y un ejemplo de la política del desencuentro y la búsqueda del enfrentamiento: hombres-mujeres, ricos-pobres… El número de hombres o mujeres que forman parte de un órgano no determina que vaya a ser más o menos eficaz en su trabajo.
P. ¿No es deseable la paridad y la pluralidad?
R. No me cabe duda de que la pluralidad es muy buena. Pero en la Comunidad no buscamos enfrentamientos, no somos sectarios, todos somos iguales, todos llegan a ocupar sus responsabilidades en función de criterios objetivos.
P. ¿Y el nombramiento de José Antonio Sánchez como Administrador Provisional de Telemadrid no es sectario? Está tan vinculado al partido del Gobierno que hasta reconoció que vota al PP y que está en los papeles de Bárcenas.
R. ¿Para ser neutral no hay que votar? Es un ejemplo de transparencia, dice a quién vota, para que su labor pueda ser mucho más valorada objetivamente. Yo no sé a quién votaba Rosa María Mateo, lo presumo, pero no la llamo sectaria. Esa es la diferencia. No se nos trata de sectarios, se nos insulta diciendo que somos sectarios. Hemos elegido a la persona que nos parecía más adecuada para esta nueva etapa de Telemadrid, que tiene que buscar la modernización de una televisión que tiene que entrar en una etapa digital, de contenidos del siglo XXI y de servicio público. Hace falta una dirección que convierta a los madrileños en sus clientes, y no a los políticos.
P. Habla de modernizar la compañía como si los gobiernos del PP no hubieran sido sus responsables desde 1995.
R. Los tiempos evolucionan. Tiene que adaptarse a las nuevas realidades, la oferta audiovisual es enorme. Queremos que se centre en el servicio público.
P. ¿Qué méritos profesionales tiene Sánchez para que compense su vuelta a una compañía en la que ejecutó un ERE a más del 70% de la plantilla?
R. A lo mejor en ese momento tenía un exceso de plantilla. No nos olvidemos de que la televisión la pagan todos los madrileños, no el PSOE. No creo que eso sea un demérito.
José Antonio Sánchez [administrador de Telemadrid] tiene un acreditado currículo de gestión de entes de televisión
P. ¿Pero cuáles son sus méritos?
R. Tiene un acreditado currículo de gestión de entes de televisión. No hay tantos.
P. ¿No es contradictorio que el Administrador Provisional pueda tomar decisiones desde el día de su nombramiento, cuando la Asamblea puede aún tumbarlo?
R. Como un decreto ley que aprueba el Gobierno y que luego no ratifica el Parlamento. Hubo un decreto ley que nombró (administradora única provisional de RTVE) a Rosa María Mateo, y que el Constitucional luego declaró inconstitucional. ¿Analizamos ahora todas sus decisiones? La diferencia es que nosotros hemos hecho una reforma legal, no un decreto ley. Que el mes de agosto no se reúna la Asamblea, como no lo hace ningún otro legislativo español, es circunstancial. La televisión de Madrid tiene que funcionar hoy, mañana y pasado.
Esta comisión es ineficiente, inconveniente, torticera, y además instrumentaliza el dolor de las víctimas, aumentándolo, con un fin de desgaste político
P. ¿Por qué no puede haber una comisión de investigación de lo ocurrido en las residencias, si su Ejecutivo defiende la transparencia?
R. La transparencia no puede ser un pretexto para hacer todo lo que desea la oposición con el único objetivo de castigar al Gobierno. Es curioso cómo el PSOE, que propone esta comisión en Madrid, la niega en Extremadura, Castilla-La Mancha, Valencia o Asturias. Llama la atención. Hicimos todo lo posible para salvar vidas. Las investigaciones judiciales son las que importan y las que van a determinar que haya o no responsabilidad en el ámbito penal. La responsabilidad en el ámbito político se ventiló el 4 de mayo. Esta comisión es ineficiente, inconveniente, torticera, y además instrumentaliza el dolor de las víctimas, aumentándolo, con un fin de desgaste político. No va a aportar nada, nada, a la investigación de los hechos. Y cuando digo nada, hablo en mi calidad de político y de juez. Nada.
P. ¿La victoria del PP el 4-M les exonera?
R. La responsabilidad política se dilucida en los Parlamentos y las urnas. La penal, en los tribunales. El problema es que hay diputados y responsables políticos que tienen un fin torticero. No les preocupa ni lo que pasó en las residencias ni lo que les pasó a esas familias. Solo quieren ganar ventaja política.
No estoy de acuerdo con nada de lo que dice el exconsejero Reyero
P. Alberto Reyero, que fue consejero de Políticas Sociales, denuncia en conferencias organizadas por el PSOE o Más Madrid que había protocolos que impedían las derivaciones de ancianos a hospitales en los peores momentos de la pandemia. ¿Se le revuelve la conciencia, o las tripas?
R. No estoy de acuerdo con nada de lo que dice el exconsejero Reyero. Con nada. Eso no cuestiona mi relación con él, le tengo mucho respeto. Lo que él dice está alejado de la realidad, totalmente alejado de la realidad. Se basa en un protocolo que nunca llegó a aplicarse.
P. El geriatra Javier Martínez Peromingo reconoció en la comisión de investigación de la pasada legislatura que sí se aplicó.
R. En todo momento los geriatras tuvieron libertad para hacer las derivaciones.
P. ¿No es hiriente para los familiares que el Gobierno se ausentara del debate parlamentario sobre la comisión de investigación de las residencias, que vetaron el PP y Vox? Solo estuvo la consejera de Políticas Sociales, Concha Dancausa.
R. Es un debate entre diputados, donde el Gobierno no puede ni debe decir nada.
P. Puede escuchar.
R. No estar allí no significa que no estemos escuchando.
P. Las muertes en las residencias son uno de los efectos más dramáticos de la pandemia. ¿Qué le ha parecido la reacción del Gobierno a la sentencia del Constitucional en contra del estado de alarma?
R. No es adecuado que un ministro de Justicia [Pilar Llop] haga una valoración crítica de la sentencia antes de conocer el texto. Creo que fue precipitado. A nivel personal no tengo ningún problema con la ministra, tiene toda mi valoración y mi respeto. Como también valoro su última decisión en el Senado, anulando la votación de una enmienda (para bajar al 10% el IVA de las peluquerías), quizás el acto más antidemocrático que he visto desde que tengo uso de razón. ¡Anular una votación sin ningún criterio objetivo en el Senado!
P. Suele pronunciarse sobre política nacional y negoció la fallida renovación del Consejo General del Poder Judicial por parte del PP. ¿Está usted en una especie de gobierno en la sombra de Pablo Casado?
R. Hacemos oposición al peor Gobierno de España de la democracia.
P. ¿Qué hubiera hecho usted si, como Casado, compartiera coloquio con un ponente que niega que en 1936 hubo un golpe de Estado, como hizo el exministro Ignacio Camuñas?
R. Esto es una anécdota de una persona que tiene libertad de expresión. Faltaría más que en España ya empezáramos a limitar la libertad de expresión. Cuando se organizan unas jornadas, no se le exige a la gente lo que tiene que decir. Cada uno dice lo que le viene en gana. Al PP no se le pueden dar lecciones ni de democracia ni de revisionismo. El 20 de noviembre de 2002 se apoyó por unanimidad una proposición no de ley en el Congreso donde se condenaba el golpe de Estado del 36 y se proclamaba la intención de promover un trato de dignidad a las víctimas. Una de las condiciones era abrazar la concordia y la unidad, evitando en lo máximo volver a las dos Españas. Pasado el tiempo, Sánchez y sus huestes tratan de dividir a España de nuevo. Este Gobierno tan fuerte con un militar ya fallecido que dio un golpe de Estado en el 36 no lo es con las actuales dictaduras de izquierdas, como la cubana ola venezolana. Llama la atención.
P. ¿Enrique López no habría intervenido para decir ‘yo no avalo este mensaje’?
R. Mi opinión es que claro que se dio un golpe de Estado en el 36. ¿Pero se dio contra una democracia? Se dio contra una República que estaba absolutamente corrompida por el extremismo radical, lo cual no justifica el golpe de Estado, pero lo contextualiza.
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