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Madrid pide al Supremo que mantenga el cierre perimetral en Semana Santa por “prudencia”

El alto tribunal rechaza levantar la medida acordada por el Consejo Interterritorial de Salud

Control de tráfico en la AP-6, el pasado viernes viernes, a la altura de la localidad madrileña de Guadarrama.
Control de tráfico en la AP-6, el pasado viernes viernes, a la altura de la localidad madrileña de Guadarrama.FERNANDO VILLAR (EFE)
Reyes Rincón

La Comunidad de Madrid ha pedido al Tribunal Supremo que mantenga cautelarmente el cierre perimetral para la Semana Santa por “prudencia”. Así lo hizo constar la letrada de la Comunidad en las alegaciones enviadas este lunes al alto tribunal sobre el recurso presentado por Vox contra el cierre perimetral de todas las comunidades, excepto Baleares y Canarias, aprobado por el Consejo Interterritorial de Salud el 10 de marzo dentro de las medidas de lucha frente a la covid-19. Madrid se opuso a ese cierre, pero en su escrito al alto tribunal admite que levantarlo ahora es inviable “por razones de certeza para los ciudadanos” y porque cuando se trata de una medida que incide directamente en la salud pública “la prudencia impone la aplicación de las resoluciones controvertidas”. El Supremo asume la postura de la Comunidad, coincidente con la de la Abogacía del Estado, y mantiene el cierre perimetral para la Semana Santa.

El recurso de Vox en el Tribunal Supremo se presentó contra el decreto publicado el 13 de marzo por la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que establecía el cierre perimetral de la comunidad autónoma durante el puente de San José y Semana Santa tal y como acordaron el Gobierno y las Comunidades. A su vez, la Comunidad había recurrido el acuerdo de cierre ante la Audiencia Nacional, pero optó por acatarlo mientras no hubiera una decisión judicial y rechazó pedir el levantamiento cautelar de la medida, al contrario de lo que hizo Vox en el alto tribunal. El partido ultra solicitó al Supremo que suspendiera el cierre de forma cautelarísima (como medida de urgencia y sin escuchar al resto de partes implicadas), una opción que ya descartaron los magistrados el pasado jueves, o cautelar (tras escuchar las alegaciones), que es lo que ha rechazado el tribunal este martes.

Para tomar la decisión, la Sala de lo Contencioso-Administrativo tiene en cuenta los argumentos del Gobierno de Díaz Ayuso que, aunque se manifiesta en contra del cierre, pide que se mantenga. La letrada de la Comunidad sostiene en su escrito que, a pesar de “discrepar” del “presunto acuerdo del Consejo Interterritorial” de Salud, se le debe otorgar a este “presunción de validez y eficacia”. Los servicios jurídicos de Madrid admiten que hay que “ponderar los intereses en juego” y que, este caso, al estar ante resoluciones que afectan a la salud pública, “exige una particular prudencia y cautela que permita las mayores garantías de protección a la ciudadanía”.

El tribunal se pronuncia en este mismo sentido y, tras estudiar el recurso de Vox y las alegaciones, concluye que la ponderación de intereses conduce “con toda claridad” a mantener la vigencia y aplicación del cierre. Los magistrados argumentan, además, que Vox no explica en su escrito qué perjuicios “irreversibles” se producirán de no suspender el decreto y advierte de que el hecho de que se tomaran varios días antes de interponer su recurso es un indicio de que no debieron percibirlos en un principio. Añaden que tampoco ha sido “especialmente clara y concreta” la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, que firmó el recurso, “más allá de su insistencia en que las medidas correctas son las de la Comunidad de Madrid y las equivocadas las del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, de la alegación del agravio que supone el trato a quienes viajan desde el extranjero, el perjuicio a cinco millones de personas o la falta de contradicción entre sus intereses contrarios a las medidas y el interés defendido por la Comunidad Autónoma de Madrid”.

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Sobre la firma

Reyes Rincón
Redactora que cubre la información del Tribunal Supremo, el CGPJ y otras áreas de la justicia. Ha desarrollado la mayor parte de su carrera en EL PAÍS, donde ha sido redactora de información local en Sevilla, corresponsal en Granada y se ha ocupado de diversas carteras sociales. Es licenciada en Periodismo y Máster de Periodismo de EL PAÍS.

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