Alcorcón y Leganés demandan a Sanidad por la gestión de las residencias de mayores

A la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid y a su máximo responsable Enrique Ruiz Escudero le han salido dos nuevos frentes. Los Ayuntamientos de Alcorcón y de Leganés, ambos con alcaldes socialistas, han interpuesto senda demandas contra este departamento del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso por la falta de asistencia e inactividad durante la etapa más dura de la pandemia en las residencias de mayores de sus municipios. Ambos regidores acusan al Ejecutivo regional de no atender a los ancianos y de tener que ser obligado a medicalizar los centros.

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Las dos demandas se han presentado ante la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que ya ordenó en abril a la Consejería de Sanidad que dotara de medios y de personal a las residencias de ambos municipios. La primera en presentar un recurso ante los magistrados fue la alcaldesa de Alcorcón, Natalia de Andrés, en el que pedía medidas cautelarísimas ante la situación que vivían los geriátricos. Días después, hizo lo propio el regidor de Leganés, Santiago Llorente. Ambos recibieron el visto bueno de los jueces del TSJM, que en reiteradas ocasiones rechazaron, y con argumentos cada vez más contundentes, los recursos presentados por el Letrado de la Comunidad de Madrid.

Una vez pasado ese trámite inicial, los magistrados del Superior de Justicia instaron en verano a ambas Administraciones locales a que presentaran demanda o desestimasen seguir en el procedimiento. Los dos Ayuntamientos siguieron, pero se toparon con la realidad de la Consejería de Sanidad y el oscurantismo de que ha hecho gala durante toda la pandemia. No presentó en tiempo y forma todo el material solicitado por los abogados municipales para poder sustentar la demanda. De ahí, que se haya retrasado su presentación hasta mediados de octubre.

Las demandas, a las que ha tenido acceso EL PAÍS, están muy documentadas en ambos casos. En primer lugar, y basándose en los documentos aportados por Sanidad a los jueces, destacan que los informes y documentos —"la mayoría de ellos sin firma", reflejan los escritos—, permiten constatar “el precarísimo estado de las residencias en cuanto a medios humanos y materiales para afrontar la mayor crisis sanitaria de la historia moderna de España, con una letalidad crítica en las personas mayores”. Los centros carecían de elementos tan básicos y necesarios para luchar contra el coronavirus como mascarillas o geles hidroalcohólicos. Ante la falta de batas impermeables, se protegían el cuerpo con bolsas de plástico.

“Únicamente después de la adopción de las medidas cautelarísimas solicitadas por esta parte, posteriormente confirmadas, se ha tratado de dotar a dichos centros de los medios humanes y materiales necesarios para garantizar la salud de los residentes, lo que ha hecho que la siniestralidad disminuya”, recogen las demandas. Ambas recuerdan que, gracias a los recursos contencioso-administrativos, se han salvado vidas “de manera indudable”. “A la vista de la situación que vivimos en la actualidad desde el punto de vista epidemiológico, en caso de revertirse supondrían una vuelta a la situación de inicio”, añaden.

Inactividad

Los servicios jurídicos de ambos Ayuntamientos acusan a la Consejería de Sanidad de inactividad para salvar la vida de los mayores y de sus cuidadores: “La Comunidad de Madrid estaba obligada a actuar a favor de la salud de los residentes y trabajadores, para lo cual tenía a su disposición diversos tipos de mecanismos, como sectorización de los edificios, refuerzo de personal, intervención de las residencias, medicalización o el traslado de enfermos”. Por eso, las demandas buscar el Ejecutivo regional efectuó todas las medidas que tenía a su alcance para “mitigar los efectos de la crisis sanitaria en un sector especialmente vulnerable” o, por el contrario “omitió dichas obligaciones llevando a cabo una actuación insuficiente”.

Los abogados hacen un pormenorizado análisis de todas las órdenes ministeriales y de la Comunidad de Madrid sobre la atención sanitaria de las residencias de mayores. Gran parte de ellas quedaron sin efecto cuando decayó el estado de alarma el 21 de junio, pero eso no implica, según los letrados, que también decayera “la continuidad por parte de la Comunidad de Madrid de sus funciones de vigilancia, inspección y control como Administración competente”.

Por todo ello, ambos Ayuntamientos solicitan a los jueces que declaren “la inactividad de la Comunidad de Madrid” por no haber tomado “las medidas precisas para la protección de las personas mayores y los trabajadores de las residencias de mayores” de las dos localidades. Además, se pide que se obligue al Ejecutivo regional a tomar las medidas necesarias para paliarlo.

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