El voto de los nacionalistas y regionalistas, una constante en las investiduras sin mayorías claras
Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero, Mariano Rajoy y Pedro Sánchez se apoyaron en partidos como el PNV, CiU o ERC para aglutinar una suma suficiente
Tras el escrutinio del voto exterior el viernes, el calendario electoral sigue su curso para que los candidatos de los principales partidos sumen apoyos ante una eventual investidura, ya con el resultado prácticamente definitivo. El tiempo corre marcado por las reglas establecidas en la Constitución, el Reglamento del Congreso y la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. La segunda de las fechas clave, tras la cita en las urnas del 23-J, era ayer, día 28, pues el balance final dependía aún de los sufragios emitidos desde fuera de España. Las papeletas depositadas por los 233.688 inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) —el 10,4% de los llamados a votar por esta vía— han modificado el reparto de un escaño por Madrid, antes atribuido al PSOE y ahora cosechado por el PP. El equilibrio de los bloques de la izquierda y de la derecha en la Cámara baja queda en empate, y Junts conserva la llave de la gobernabilidad de la XV legislatura. Aunque ahora hace falta al menos el voto a favor de dos de sus siete diputados para investir a Pedro Sánchez, cuando antes bastaba solo con la abstención. Pero no es la primera vez que una fuerza nacionalista tiene en su mano decantar el Gobierno de un lado o del otro. El voto de los nacionalistas y regionalistas fue clave en 1989 y 1993 (Felipe González), 1996 (José María Aznar), 2004 y 2008 (José Luis Rodríguez Zapatero), 2016 (Mariano Rajoy) y 2020 (Pedro Sánchez).
Los parlamentarios tienen de plazo desde el próximo lunes hasta el 16 de agosto para presentar sus credenciales. Un día después, el jueves 17, se celebrará la sesión de constitución de cada una de las cámaras, que arrancará a las 10 de la mañana, y se procederá a designar a los miembros de sendas Mesas. Uno de los principales puestos será el del presidente del Congreso, porque, junto al Rey, juega un papel central en el devenir de la investidura.
Como marca la normativa, Felipe VI puede iniciar la ronda de contactos al día siguiente, el 18 de agosto. Pero puede arrancar las reuniones cuando estime oportuno. Lo que sí está pautado es el procedimiento a seguir: el jefe del Estado se reunirá con los portavoces de los partidos políticos con representación parlamentaria —la formación designa a sus respectivos representantes— por orden inverso a su peso en el Congreso. Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, la fuerza más votada en las urnas del 23-J, será el último de los dirigentes en mantener el encuentro con el Rey.
Tras las consultas, y también sin una fecha predeterminada, Felipe VI tiene la potestad de designar a un candidato a la Presidencia en función de las voluntades expresadas por los representantes de los partidos. Mariano Rajoy declinó el ofrecimiento de Felipe VI en 2016 al considerar que su investidura no era viable. Pero Feijóo ya ha manifestado su intención de presentarse como candidato, aunque llegado el momento no haya recabado los apoyos necesarios, como además le piden tanto los barones como otros dirigentes populares.
Según las declaraciones de los representantes de los principales partidos, a lo largo de esta semana, el escenario menos posible en este momento es que Feijóo pueda ser investido, tras la negativa del PNV y el rechazo del PSOE a entenderse con el PP. La otra opción es que el presidente en funciones y candidato socialista, Pedro Sánchez, consiga los dos votos a favor de Junts para ser investido, pues ya cuenta con la predisposición del resto de partidos, excluyendo a Vox y PP. Los socialistas han ralentizado por ahora las negociaciones, aunque confían en gobernar. Desde el Partido Popular, las principales críticas frente a esa eventual suma estriban en que Sánchez se apoyaría en partidos nacionalistas como ERC y EH Bildu, además de buscar un acuerdo con Junts, liderado por el prófugo Carles Puigdemont —censuran los populares—.
Desde la restauración de la democracia se han registrado 14 legislaturas, pero no todos los candidatos lograron mayoría absoluta en primera vuelta, y en varias ocasiones tuvo que celebrarse una segunda sesión, para la que solo se requiere de mayoría simple. EL PAÍS ha recabado estos datos y ha concluido que en siete de las investiduras materializadas el apoyo de los nacionalistas y regionalistas, ya fuera como voto a favor o abstención, fue clave para conformar una mayoría suficiente —excluyendo la moción de censura de Pedro Sánchez a Mariano Rajoy en 2018—. En 1989, Felipe González recibió los votos a favor de Agrupaciones Independientes de Canarias (AIC); en 1993, Felipe González, los de CiU y PNV; en 1996, fue José María Aznar quien aglutinó los síes de CiU, PNV y también de Coalición Canaria (CC); en 2004, ERC, BNG, CC y Chunta Aragonesista (CHA) votaron a favor de José Luis Rodríguez Zapatero; en 2008, CiU, PNV, BNG y Nafarroa Bai se abstuvieron también con el expresidente socialista; en 2016, Rajoy obtuvo los sufragios a favor de UPN, CC y Foro Asturias; y en 2020, Sánchez cosechó el voto a favor de PNV, Compromís, Nueva Canarias, BNG, Teruel Existe, y las abstenciones de ERC y EH Bildu.
En otras ocasiones, los partidos nacionalistas también se han abstenido o han votado a favor, pero su voto no era determinante para el resultado final. Para la nueva XV legislatura, los dos votos a favor de Junts serían preceptivos según el escenario descrito. Una vez que el Rey designe al candidato, tampoco hay una fecha marcada para fijar su investidura. Cuando se decida el día de la sesión, el candidato propuesto, previsiblemente Feijóo o Sánchez, necesitará de la mayoría absoluta de la Cámara alta. En caso de que el candidato propuesto no consiguiera el respaldo de la mayoría absoluta, se debería someter 48 horas después a la segunda, en la que le bastaría con una mayoría simple. Si transcurrido el plazo de dos meses a partir de la primera votación de investidura ningún candidato obtuviera la confianza del Congreso, el Rey disolverá ambas Cámaras y convocará nuevas elecciones con el refrendo del presidente del Congreso, 47 días después. En este caso, y según el calendario previsto, la repetición electoral rondaría diciembre.
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