La política lingüística de PP y Vox en Baleares resucita la marea verde docente

En diciembre de 2017, después de la huelga más larga vivida en el sector educativo de Baleares, la coordinadora de profesorado que logró sacar a las calles una marea verde de 100.000 personas para protestar por el plan del trilingüismo del Gobierno del popular José Ramón Bauzá congeló su actividad, si bien dejó abierta la posibilidad de volver a la movilización si hiciera falta. Ahora, la Asamblea de Docentes se ha vuelto a reunir para hacer frente a los proyectos lingüísticos en el sector educativo que pretende impulsar el Gobierno del PP tras el acuerdo de legislatura rubricado con Vox. Un plan que pretende ofertar la elección de la lengua de enseñanza en los cursos de primaria el próximo año lectivo, para extenderlo después al resto de etapas educativas y que, según los sindicatos educativos mayoritarios, arrinconará el catalán en las aulas.

”El plan es un ataque a la lengua, pero para mí es también un ataque a una comunidad lingüística y a una identidad y una cultura que es la propia del territorio”, afirma Marina Vergés, una de las portavoces de la Asamblea de Docentes, que se reunió en la tarde del 8 de febrero en el Instituto Berenguer d’Anoia de la localidad mallorquina de Inca. Al encuentro asistieron alrededor de 160 profesores ―vestidos con camisetas verdes― de 60 colegios de las islas que acordaron crear diversas comisiones de trabajo sobre las demandas más acuciantes del sector.

Para Vergés, el escenario lingüístico que se abre en las aulas a raíz del acuerdo entre el PP y Vox es una de las razones que les han llevado a dar el paso de reactivarse, ya que consideran que se trata de una medida “ideológica y no pedagógica”. “Nosotros nos regimos siempre por el bienestar y el beneficio pedagógico de nuestros alumnos y de nuestra comunidad, por lo que todo lo que tenga que ver con ideología es un ataque frontal a lo que es nuestro trabajo como docentes”, sostiene. La Asamblea critica que la Consejería de Educación apele a una falta de fondos para resolver las principales demandas del sector y “de golpe” haya encontrado 60 millones de euros para aplicar esta iniciativa demandada y ahora pactada con la ultraderecha.

El llamado Plan Voluntario de Libre Elección de Lengua acordado con Vox ha sido desgranado esta semana por el consejero de Educación, Antoni Vera, en una comisión parlamentaria. Contempla la posibilidad de que los centros educativos que decidan aplicarlo puedan ofrecer el próximo curso en el segundo y tercer ciclo de primaria la posibilidad de hacer matemáticas y conocimiento del medio en castellano, asignaturas que hasta ahora se imparten en catalán, según el proyecto lingüístico que tiene cada centro. En el caso de la educación secundaria, los colegios podrían acogerse al plan a partir del curso 2025-2026. Una de las medidas más criticadas de este proyecto piloto es la separación de los menores en función de la lengua en la que escojan recibir la asignatura y que el consejero ha negado que implique una segregación del alumnado, a pesar de que tendrán que recibir la clase en lugares diferenciados.

Vera se apoya en el decreto para el desarrollo comunicativo en lenguas extranjeras aprobado por el pacto de izquierdas en 2016, que contempla el desdoblamiento del alumnado para el aprendizaje de asignaturas en una lengua extranjera, para negar que su plan piloto implique una segregación del alumnado. “Si a la elección que hacen las familias cuando escogen que sus hijos hagan las matemáticas en catalán o inglés se le llama desdoblamiento, por qué se tiene que llamar segregación si la elección de la lengua para hacer una asignatura es entre el catalán y el castellano”, justifica Vera. Un argumento que ha encendido a los grupos de la izquierda, que lamentan que el consejero equipare las lenguas oficiales con las extranjeras. Para la diputada del PSIB-PSOE, Amanda Fernández, ambos casos no son comparables y se muestra “preocupada” por el hecho de que el titular de Educación trate el catalán “como si fuera una lengua extranjera”. El consejero replica que su plan no mueve una coma de la Ley Educativa de Baleares ni del Decreto de Mínimos, que regula el catalán en las aulas, ni de la Ley de Normalización Lingüística e incide en que es “totalmente voluntario” y serán los centros los que decidan si se adhieren.

Desde el pacto entre PP y Vox para gobernar en Baleares y a raíz de las medidas acordadas en el sistema educativo balear, alrededor de 200 centros educativos se han sumado al manifiesto La llengua no es toca en defensa del catalán, que además es el lema que han querido plasmar en las camisetas verdes. Los próximos pasos de la asamblea pasan por crear las comisiones de trabajo sobre las necesidades del sector y la propuesta de soluciones para decidir después las siguientes acciones a seguir. Según Vergés, esta primera reunión de la asamblea era de tipo “organizativa”, con el objetivo de testar los ánimos y movilizar a los centros para “estar preparados” y reaccionar de forma unánime “a lo que nos llueve de fuera”.

La Asamblea de Docentes, junto con los sindicatos, lograron movilizar en 2013 al sector educativo balear en una huelga que duró 15 días en protesta por el plan trilingüe del entonces presidente del Gobierno regional, el popular José Ramón Bauzá, que pretendía repartir el peso del catalán, el castellano y el inglés en las aulas en sustitución del sistema bilingüe que se aplicaba hasta entonces. Más de 100.000 personas salieron a las calles de Palma en la mayor manifestación registrada en la historia de las islas para protestar por el decreto, que Bauzá aplicó sin consenso con la comunidad educativa en virtud de su mayoría absoluta. Apenas un año y medio después, Bauzá perdió las elecciones autonómicas tras un único mandato en favor de la socialista Francina Armengol, que derogó su decreto de trilingüismo en el primer Consejo de Gobierno que presidió.