La Fiscalía pone el foco por vacunación irregular en cuatro alcaldes valencianos y el exsecretario de CC OO
El ministerio público archiva los casos del obispo de Orihuela-Alicante y del comisionado del departamento de Salud de Torrevieja y de la edil de Dénia, que dimitieron
La Fiscalía de Alicante ha formulado denuncia contra los alcaldes de los municipios de La Nucía, El Verger y Els Poblets al cierre de las diligencias de investigación iniciadas sobre la supuesta recepción irregular de la vacuna contra la covid-19 por parte de varios cargos públicos de la provincia en el mes de enero, al inicio del proceso de inmunización, cuando apenas había dosis, siendo el grupo preferente el de los ancianos de residencias. La Fiscalía de Valencia ha infirmado este miércoles que actualmente se llevan dos diligencias en que se investigan sendas denuncias por saltarse el turno de vacunación contra dos representantes sindicales de UGT y CC OO y contra el alcalde de Rafelbuñol, Fran López, estando en fase de instrucción. Entre los investigados se encuentran el que fuera secretario general de CC OO, Arturo León, que dimitió del cargo cuando se hizo pública la vacunación que le ofrecieron como trabajador del Hospital de Alicante, aunque estaba liberado, y el responsable de Salud de UGT, Jesús García.
Tras el análisis de los informes solicitados a la consejería de Sanidad, la Fiscalía señala que existen indicios racionales para considerar que el alcalde de La Nucía y diputado provincial, Bernabé Cano (PP), y los alcaldes de Els Poblets y El Verger, Carolina Vives y Ximo Coll, matrimonio y ambos del PSPV-PSOE, recibieron los viales infringiendo el protocolo establecido, al no formar parte de los grupos prioritarios de vacunación.
Así, considera que pudieron incurrir en un delito de cohecho impropio pasivo, puesto que en los tres casos pudieron recibir la vacuna por su condición política. Además, estima que se trataba de relevantes y conocidos cargos públicos en el ámbito geográfico de la residencia o centro sanitario en el que se les suministró el vial.
En esta línea, el ministerio público ha cursado ya las correspondientes denuncias en los juzgados alicantinos de La Vila y de Dénia, que deberán repartirlas y dilucidar si procede incoar diligencias judiciales de investigación contra los tres denunciados.
Al tiempo, la Fiscalía resuelve el archivo de sus diligencias preprocesales para el resto de los cargos públicos investigados. Entre ellos, figuraba el responsable del Centro Doctor Esquerdo de la Diputación de Alicante, Juan Bautista Roselló; el comisionado del departamento de salud de Torrevieja, José Antonio García; el obispo de la Diócesis de Orihuela-Alicante, Jesús Murgui; su hermana, su cuñado y el vicario general de la diócesis, que también recibieron el vial; el edil de Sanidad de Orihuela, José Galiano, y la ya exedil de Dénia Cristina Morera. La Fiscalía entiende que la vacunación de todos ellos se ajustó al protocolo establecido.
En concreto, estima que en el caso de Galiano y de Morera (ambos responsables del área de Sanidad) no recibieron los viales por su intercesión, sino que se les administró después de que no pudiese inocularse a cualquier otra persona que sí perteneciese a un grupo prioritario. La edil de Dénia dimitió del cargo al hacerse pública que se había vacunado para no “desperdiciar” la dosis. También dimitió el comisionado del departamento de salud de Torrevieja, José Antonio García, para no dañar la imagen de la consejería de Sanidad. El alcalde de Rafelbuñol pidió disculpas y reconoció que se lo ofrecieron y no lo pensó. Jesús García, liberado sindical de enfermería del hospital Peset de Valencia, explicó que le ofrecieron las vacunas en el mismo centro.
Los socialistas abrieron expediente disciplinario y suspendieron cautelarmente de militancia a los dos alcaldes alicantinos de El Verger y Els Poblets, y también al primer edil de la localidad valenciana de Rafelbunyol, Fran López. El PP también abrió expediente informativo al diputado provincial y alcalde Bernabé Capó, y se le quitaron sus competencias en la Diputación de Alicante.
Las diligencias de investigación se iniciaron a instancias de la denuncia formulada por dos activistas vecinales, después de que la controversia sobre la administración de las vacunas fuese conocida a través de los medios de comunicación.
