Pinchar la luz causa 20 muertos y más de 30 heridos en cinco años, según Endesa

Desde que el 5 de enero de 2019 tres personas murieran en un virulento incendio que se declaró en un edificio del barrio de Sant Roc de Badalona, donde los ocupas de uno de los pisos tenían la luz pinchada, otras 17 personas han perdido la vida en Cataluña porque alguien se conectó ilegalmente a la red y una sobrecarga o un cortocircuito originó un incendio. No siempre las víctimas son los infractores. Las cifras, que desde Endesa consideran “alarmantes y preocupantes”, se concentran en un 90% en la provincia de Barcelona. En total, la compañía ha detectado en el último lustro 46 incendios provocados por manipulaciones ilegales de la red eléctrica, 35 están relacionados con plantaciones de marihuana en el interior de viviendas, naves, o en el exterior, y los 11 restantes con fraude eléctrico de tipo doméstico, donde se han producido la mayoría de las víctimas (18).

Endesa detectó el año pasado una media de 44 manipulaciones al día, en total 16.096 casos de fraude en la red eléctrica de Cataluña, con 356 GWh robados, casi el equivalente al consumo anual de una ciudad como Manresa. De estos, un 4,4% (713 expedientes) vinculados a marihuana, con una energía robada de 172 GWh, un 37% del total defraudado, el equivalente al consumo anual de una población de más de 51.000 habitantes. El 57′7% de los expedientes se abrieron en la provincia de Barcelona y de media los técnicos desconectaron 2 plantaciones de la red al día. La compañía alerta además que las cifran están en alza, y prevén que el año acabe con más tomas ilegales que los dos anteriores.

La tendencia es la misma en los incendios domésticos derivados de conexiones ilegales a la red. De los 11 incendios declarados en viviendas o naves industriales ocupadas para malvivir, 7 fueron en la provincia de Barcelona, 3 en Tarragona y en Girona 2. En más de la mitad de ellos (6) hubo víctimas mortales.

El 15 de agosto de 2020 tres hombres murieron atrapados por las llamas en un local de 28 metros cuadrados de la Barceloneta en el que malvivían siete inquilinos por 800 euros al mes. Tenían la luz pinchada de la calle. Unos meses después, el 10 de diciembre, en un caso que mostró la dura realidad de muchos inmigrantes, otras cuatro personas perecieron y 20 resultaron heridas en una nave del barrio del Gorc de Badalona que llevaba ocho años ocupada por más de 100 personas, en su mayoría subsaharianos. El 16 de abril de 2021, dos personas murieron y otras cuatro resultaron heridas por inhalación de humo en un edifico de Cassà de la Selva (Girona). En los bajos donde se declaró el incendio hacía dos semanas les habían cortado la luz y la habían conectado directamente al bloque vecino, donde había ocho pisos ocupados.

El 4 de mayo de 2022, perecieron tres personas que vivían en el número 23 de la calle de Sant Joaquim de Santa Coloma de Gramanet, en una finca donde la mayoría de pisos estaban ocupados y con la luz pinchada y donde ya se había electrocutado una persona meses antes. Finalmente, el 23 de marzo del año pasado, en la calle de Saragossa de Rubí, otras tres personas fallecieron por inhalación de humo en un grave incendio que se declaró en la entrada del edificio, -donde está el cuarto de contadores de la luz- y bloqueó la salida de los residentes. La investigación policial destapó que un vecino tenía un enganche ilegal en el contador eléctrico del edificio, lo que originó el cortocircuito que inició el fuego.

Por su parte, los 35 incendios relacionados con plantaciones de marihuana están repartidos por toda Cataluña. Desde pequeñas poblaciones como Baronía de Rialb, el pasado 14 de mayo, a El Perelló, Vinebre, Olesa de Montserrat, Viladecans, Sant Vicenç dels Horts, Sils, Balaguer, Figueres, Llançà, Vallromanes, Cabrils, Sant Iscle de Vallalta o Sabadell, donde el 15 de marzo de 2022 una mujer murió en un incendio en una nave ubicada en la C-1413.

Los Mossos y el resto de fuerzas de seguridad del Estado coordinadamente con las administraciones y las compañías eléctricas trabajan para localizar y erradicar las infraestructuras eléctricas manipuladas que ponen en riesgo la seguridad de las personas y de los bienes inmuebles por el alto riesgo de incendio. Un responsable de la Unidad Contra el Fraude Eléctrico de Endesa sostiene que “no se corta la luz exclusivamente porque no se pague, sobre todo es porque hay un riesgo potencial de incendio que pone en riesgo la vida de las personas”. “El problema que tenemos es que el gas huele, el agua deja humedad, pero la electricidad no avisa. Todo el mundo se atreve a manipular, no se teme ni física, ni penalmente y luego hay consecuencias gravísimas”, lamenta. No sólo existen los que directamente pinchan la red, también los que tienen contador, pero hacen derivaciones para no registrar todo el consumo y es igual de peligroso porque potencialmente el riesgo es el mismo. De estos, la eléctrica localiza unos 3.000 al año en Cataluña.

Una plantación de marihuana consume de media como unas 80 viviendas, así, detallan, en zonas donde hay un fraude elevado el impacto de las instalaciones fraudulentas en las pérdidas del sistema eléctrico y en el deterioro de la calidad del suministro es evidente. Sostienen que la marihuana acapara en algunas zonas hasta el 80% del consumo eléctrico y que los sistemas de iluminación y ventilación para acelerar el crecimiento de las plantas mediante conexiones ilegales causan daños graves en la red. Provocan sobrecargas generando interrupciones de suministro que afectan al vecindario y, en casos extremos originan incendios, como en esta treintena de casos.

Endesa detectó de 2022 a 2023 una disminución de expedientes, pero un aumento de la defraudación de fluido eléctrico, pasando de 746 expedientes abiertos en 2022 con un fraude de 127 GWh a 713 expedientes con un hurto eléctrico de 172 GWh en 2023. Este 2024 las cifras se han disparado en todos los sentidos. Hasta abril ha detectado 299 casos relacionados con marihuana con un robo de 80 GWh, si sigue la tendencia superará las cifras de los dos años anteriores.

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