Vecinos de pisos turísticos en Barcelona: no solo aguantan las molestias, sino que se devalúan sus viviendas

Los vecinos de Barcelona que conviven con pisos turísticos que causan molestias no solo deben aguantar el trajín de maletas a cualquier hora, poco cuidado con los espacios comunes o juerga día sí y día también. La presencia de apartamentos para los visitantes, si hay jaleo, puede llegar a devaluar las viviendas de los vecinos hasta un 25%. Y la pérdida de valor escala si hay más de un foco de conflicto en una finca. Es un fenómeno que se produce en Barcelona y que, por ahora, no se ha detectado en otras ciudades turísticas de España. En la capital catalana, donde la cifra de viviendas de uso turístico con licencia (HUTs en sus siglas en catalán) se congeló en 2014 en unas 9.000, los vecinos explican que es muy complicado cerrar la actividad económica si es legal, aunque el actual gobierno municipal quiere reducir el número de pisos para visitantes en los barrios más presionados. La ciudad sí lucha con éxito desde 2016 contra la oferta ilegal gracias a un batallón de rastreadores e inspectores.

Alba S. y Esther R. evocan episodios protagonizados por los clientes del piso turístico con el que conviven en un edificio del distrito del Eixample. “Check in hasta las dos de la mañana, ruido de maletas”. “El día que el olor de marihuana bajaba por la campana extractora”. “Cuando los turistas empujaron a la anciana del tercer piso”. “Cenas, saltos y música por la noche en días laborables”. “El día que llamamos al timbre y había una mesa llena de ordenadores e impresoras; turistas no eran”. “Los que vaciaron un extintor”. O “cuando destrozaron cosas de la escalera y la moto de un vecino”. Un relato que se puede repetir en otros barrios de Barcelona y que llevó a Alba, que vive justo debajo, a plantearse vender el piso y marcharse. “Pues resulta que tener el piso turístico encima devalúa mi vivienda. Una propiedad por la que pagué 450.000 euros ahora vale 350.000, me dijeron en la inmobiliaria. Ellos molestan y ganan miles de euros al mes; y yo pierdo salud y dinero. ¿Por qué me castigan a mí?”, exclama.

Esta vecina de 68 años lleva tiempo acumulando documentación para denunciar al propietario y a la empresa que gestiona el piso por daños y perjuicios. A ella y a la finca. La comunidad de vecinos incluso ha aprobado una derrama para los gastos judiciales. “Tenemos miedo”, dice Esther R., la vicepresidenta de la escalera. “¿Cómo puede ser que un piso con licencia turística, que se conseguía de por vida con un comunicado y menos de 300 euros, valga tantísimo dinero y el mío se devalúe?”, se pregunta Alba. José Manuel, otro vecino del edificio, que vive entre Barcelona y Castellón, no se ha planteado vender el piso, pero recuerda haber mirado la aplicación de su banco y ver cómo el precio de su propiedad bajaba. Explica que a veces encuentra en su terraza colillas o latas que tiran los turistas. Alba y Esther cuentan que otra vecina que estaba embarazada optó por marcharse a vivir a su ciudad de nacimiento, “del estrés que tenía”.

En la empresa gestora del piso, Tendency, Mauricio Peña responde que lo llevan desde 2010 y que instalaron “dos dispositivos de medición de ruidos 24 horas”. El aparato avisa y ellos pueden requerir a los turistas. Si no responden, se desplazan, asegura Peña, cuya versión difiere de la de la vecina de abajo: “Nos acosa, a veces llama y no hay nadie en el piso, vamos a las reuniones de la comunidad y en una ocasión que hubo problemas, hicimos reparaciones y expulsamos a los clientes. No nos desentendemos”. Avisa de que la denunciarán por “acoso”. Alba replica que el Ayuntamiento afirma que los medidores están mal instalados e insiste: “Nunca sabes si vas a dormir la noche entera”. El Consistorio informa de que en este piso, según la Guardia Urbana, entre 2023 y lo que va de 2024 los vecinos han llamado 10 veces al 112. “No siempre se acaba imponiendo sanción porque se llama al teléfono 24 horas del que el piso debe disponer y si responden, colaboran y no hay más quejas al 112, no se desplaza la patrulla. Al menos en tres ocasiones se desplazó y se impusieron tres sanciones de 460 euros”, explican en el Ayuntamiento.

En el colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, su jurista y portavoz, Carles Sala, confirma que los profesionales informan de que los pisos que conviven con apartamentos turísticos “sí perjudican y devalúan” el resto de viviendas: “Nos comentan que en muchas transmisiones, los compradores piden las últimas actas de la comunidad para informarse de si hay problemas con algún piso”. “Si alguien quiere comprar un piso para vivir y ve que tiene que convivir con viviendas de uso turístico se puede perder la venta: la gente no quiere compartir el lugar donde vive con turistas”, asegura Sala. Y sobre el porcentaje de depreciación afirma: “Puede oscilar entre un 10% y un 20% e incluso algún profesional nos ha comentado que puede llegar en algunos casos al 25%”.

Emiliano Bermúdez, socio y subdirector general de Don Piso, coincide con el colegio de APIs. “El piso turístico es un factor deflacionista del precio de la vivienda, cuando en un edificio hay uno y un vecino quiere vender el suyo, no ayuda, porque en algunos casos son fuente de problemas: trasiego de gente, llaves de la puerta principal que circulan de una mano a otra, mal uso de instalaciones comunitarias... Muchos clientes son gente joven que viene a divertirse y genera molestias por las noches”. Bermúdez admite que si el piso es ilegal, se puede denunciar para que el Ayuntamiento intente cesar la actividad: “Pero si es legal, poco se puede hacer. Una vez tiene licencia es muy complicado retirarla”. Y defiende que los agentes inmobiliarios deben “aportar transparencia, dar información veraz de la finca”. El directivo cuenta que, en el barrio de la Barceloneta, tuvieron “una persona mayor, un propietario que no aguantaba más la problemática de no poder dormir día sí y día también”. Al final, relata, “no malvendió, pero sí lo hizo por un precio más bajo que si ese edificio no tuviera pisos turísticos, fue un 10% o un 15% menos del valor que demandaba la zona”. Y concluye: “Si el edificio tiene más de uno, el problema escala. No es un impacto desdeñable, alguien debería revisar el concepto de piso turístico, es oferta que se elimina del alquiler residencial y estable”.

El caso de Alba S. y otras fincas del Eixample ha llegado a oídos del teniente de alcalde responsable de turismo y del distrito, Jordi Valls. Recuerda que el gobierno municipal apuesta por “una reducción sustancial de los apartamentos turísticos, principalmente donde hay más densidad, Ciutat Vella [el centro histórico] y el Eixample”. “¿Hasta dónde? Lo hemos de estudiar con profundidad, priorizando los que tienen una afectación en las comunidades de propietarios”, concreta. Valls se reunió recientemente con representantes de la asociación de vecinos del Eixample y de cinco comunidades donde hay oferta turística y “constató la dificultad de actuar cuando tienen licencia”, informa el Consistorio. Los únicos supuestos de revocación de licencia son que no tenga cédula de habitabilidad en vigor (que no es el caso de estas fincas) o que acumulen más de tres sanciones firmes por no tener teléfono de atención 24 horas (que tampoco es el caso). El teniente de alcalde señala que el nuevo decreto de la Generalitat obligará a los pisos turísticos a tener licencia urbanística. Por dos razones: para que no generen problemas de convivencia y porque con la crisis de vivienda de Barcelona, entiende el Ayuntamiento, la mayoría deben volver al mercado residencial.

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