El ‘Gobierno paralelo’ de Puigdemont afronta elecciones con el reto de redefinir su futuro si regresa el líder

El Consell de la República ha convocado elecciones para el próximo 15 de febrero y las va a afrontar con la duda de qué papel se le viene encima. La entidad independentista presidida por Carles Puigdemont fue ideada con la misión de ejercer de gobierno de la Generalitat “en el exilio”, pero no ha llegado nunca a desempeñar ninguna atribución formal. Ahora afronta el proceso electoral para renovar a su cúpula con el condicionante de la previsible aprobación de la ley de amnistía y el predecible regreso de Puigdemont, parapetado en Bélgica desde 2017 para evitar ser juzgado por la justicia española. Si su líder regresa sin cargas judiciales, y atendiendo al giro pactista que muestra el propio Puigdemont en su otra faceta de jefe de Junts per Catalunya, el Consell trata de buscar en el espacio independentista un hueco desde donde seguir reivindicando alguna utilidad. “Es evidente que tenemos que adaptarnos al nuevo contexto, con el final del exilio y en un momento en el que la negociación con el Gobierno es la vía dominante”, manifiesta uno de los máximos cargos de la entidad.

“No tenemos ningún elemento para pensar que no se vaya a presentar”, explica un portavoz del Consell, al ser preguntado sobre si Puigdemont ya ha oficializado su intención de repetir en el cargo. El expresidente catalán es la figura indiscutible del Consell, al tiempo que maneja los hilos de Junts per Catalunya. La dualidad de atribuciones le ha obligado a hacer malabares para salir airoso de situaciones contradictorias que alumbraron un choque de intereses. En octubre, las bases del Consell votaron a favor de que la entidad promoviera el bloqueo de la investidura de Pedro Sánchez. Puigdemont, como máximo representante del organismo, tenía la misión de cumplir el recado, pero se centró en promover un pacto de Junts con el PSOE para apoyar la reelección de Pedro Sánchez. “Que el president lleve dos sombreros, a veces resulta un problema”, manifiesta un colaborador de Puigdemont.

El expresident siempre ha justificado la utilidad del Consell para internacionalizar las reivindicaciones del independentismo catalán y ha reivindicado la necesidad de que tenga peso específico en la política catalana porque ejerciendo como un Govern “en el exilio” puede tomar decisiones, incluso aquellas de corte más osado, sin sufrir las injerencias del Gobierno o de la justicia española. “Si se termina el exilio, el Consell tiene que hacer un replanteamiento”, razona un mando de la entidad.

El Consell de la República es de naturaleza privada y cuenta con una base de 103.000 inscritos que pagan una aportación inicial de unos 10 euros, más posibles donaciones posteriores. Nació tras la huida de Puigdemont a Bélgica en otoño de 2017 con la premisa de ser una entidad transversal, capaz de aglutinar a las distintas facciones del independentismo catalán. Partiendo del impacto que provocó en Cataluña la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que la entidad tuviera la sede en Waterloo (Bélgica) supuestamente iba a garantizar que sus líderes, esto es Puigdemont, pudieran tener las manos libres para ejercer de gobierno de la Generalitat “legítimo” y culminar el camino hacia la “República catalana”.

La realidad nunca salió según los planes, porque el Consell pronto se destapó como un reducto vinculado a Junts per Catalunya y su pérdida de protagonismo fue imparable. “Dentro del independentismo existe un problema de falta de confianza política, que tal vez aún tardará en reconstruirse. Pero, con el nuevo contexto estamos en condición de superar la división estratégica”, observa un alto cargo del Consell. Por “nuevo contexto” refiere el volantazo pragmático y de acercamiento al Gobierno que ha dado el jefe de la entidad, e ideólogo de Junts, Carles Puigdemont. “El Consell se había identificado con la vía de la confrontación y ahora esto ha cambiado. No es una incoherencia, pero quizá deberíamos haber sabido explicarlo mejor. Se ha dado un cambio de paso porque ahora se dan unas condiciones para la negociación”.

Desde la directiva del Consell se pone de relieve que “no ha habido una renuncia expresa de la vía unilateral, pero fácticamente si se negocia, no se está ejecutando la vía unilateral”. El Consell manifiesta que con el cambio de guion puede contribuir a desempeñar un rol de pegamento dentro del independentismo. Existe una pugna encarnizada entre Junts y Esquerra, la CUP ha quedado muy desplazada, por ocupar la mayor parcela del espacio independentista. Toni Castellà, diputado de Junts y portavoz del Consell de la República, manifestó hace unas semanas que “ahora que las dos Españas se han partido” es el momento de que “el independentismo se vuelva a unir”.

Desde el Consell se pone de relieve que el objetivo “siempre fue ejecutar el mandato del referéndum del 1 de octubre”. En este sentido, se apunta que la entidad puede resistir con una función de vigía permanente: “Si la negociación culmina con éxito se habrá alcanzado un referéndum por la independencia, pero si no se logra el independentismo tendrá que decidir cómo gestiona ese eventual fracaso. Una de las funciones del Consell puede ser la de mantener la conciencia colectiva de que existe otra vía, la unilateral”.

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