La reforma de la malversación beneficiará a 21 excargos públicos de ERC y Junts pendientes de juicio

La reforma del delito de malversación que plantea el Gobierno podrá beneficiar a un total de 21 cargos y excargos públicos de la Generalitat que están siendo investigados o esperan juicio por su participación en el referéndum ilegal del 1-O. Tres órganos judiciales mantienen abiertos procesos por ese delito contra responsables del Govern que impulsó el procés en 2017: 12 de ellos fueron nombrados por Esquerra Republicana y otros nueve, por Junts per Catalunya o su antecesor, el PDeCAT. La rebaja de penas que prevé el acuerdo entre el PSOE y Esquerra para la malversación cuando se produce sin ánimo de lucro sería de aplicación, en caso de condena, a todos ellos, coinciden las fuentes consultadas.

La titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, Alejandra Gil, cerró en 2019 una investigación centrada en los gastos vinculados al referéndum independentista y procesó a un total de 30 personas, incluidos empresarios y cargos del ejecutivo autonómico de segundo nivel, quienes, siguiendo las instrucciones de los consejeros del Govern —juzgados y condenados por el Tribunal Supremo— ayudaron a organizar la consulta. La causa conducirá al banquillo a 11 cargos de confianza nombrados, en su mayoría (siete) por Esquerra, ya que los departamentos que tenía entonces bajo su control (Economía o Asuntos Exteriores) llevaron el peso del 1-O.

La Fiscalía todavía no ha presentado su escrito de acusación y tampoco lo ha hecho en una causa gemela que también va camino de juicio. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) investigó y procesó por los mismos hechos a otras tres personas: los diputados de Esquerra Lluís Salvadó y Josep Maria Jové —considerados piezas clave del referéndum— y la actual consejera de Cultura, Natàlia Garriga, también republicana. Los tres son aforados y por eso su causa la tramita el TSJC.

La reforma penal, coinciden las fuentes consultadas, dibuja un horizonte más optimista para todos esos investigados. La causa del 13 se sigue por delitos que implican penas de inhabilitación (como la prevaricación) pero también de prisión, como la falsedad documental y, sobre todo, la malversación que afecta precisamente a los cargos públicos. La legislación actual no distingue la malversación con o sin ánimo de lucro y plantea penas que, para cantidades superiores a 250.000 euros (en su modalidad agravada) pueden llegar a los 12 años. La Fiscalía solicitó que la causa se siguiera por el procedimiento sumario —reservado a los delitos superiores a nueve años de cárcel—, lo que da pistas sobre su planteamiento.

El acuerdo pactado entre los socialistas y los republicanos plantea dos modalidades para la malversación. La que no conlleva ánimo de lucro oscila del año a los cuatro años de cárcel. Este es el marco en el que se mueven las causas judiciales sobre el procés, que en ningún caso han acreditado la existencia de un beneficio personal. La magistrada del juzgado 13 determinó que más de 5,8 millones de dinero público fueron “gastados o comprometidos” en la celebración de una consulta declarada ilegal por el Tribunal Constitucional. Y fijó esa cantidad como fianza para que los investigados hicieran frente a la responsabilidad civil en caso de condena.

Está por ver si la Fiscalía presenta sus escritos en alguna de estas causas antes o después de que se apruebe la reforma y en qué términos lo hace. Lo que es más difícil de determinar, coinciden las fuentes consultadas, es si la rebaja de penas será suficiente para librar a los procesados de la cárcel, ya que si se aplican en su grado máximo (cuatro años) implican en principio el ingreso efectivo en prisión. Aunque esta posibilidad se aparece como cada vez más lejana, dado que con toda probabilidad podrán beneficiarse de circunstancias atenuantes, como las dilaciones indebidas de un proceso que ha acumulado serios retrasos.

El otro frente judicial al que también podría tocar de lleno la polémica reforma de la malversación está en el juzgado de instrucción número 18 de Barcelona, una causa más reciente -comenzó el año pasado a raíz de una querella de la Fiscalía por un informe del Tribunal de Cuentas- y todavía sigue en fase de investigación. Una decena de personas -ocho de ellas, cargos públicos nombrados en su día por ERC o Junts- permanecen investigadas por presuntos contratos a dedo que el Gobierno catalán firmó para internacionalel procés años antes del referéndum del 1-O. Uno de los investigados es el exconsejero de Asuntos Exteriores de Esqurra Raül Romeva, ya condenado por el Tribunal Supremo. Aunque los delitos -en caso de que se concreten los indicios- están por definir, la querella inicial hacía alusión a prevaricación, malversación y falsedad.

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