El informe interno de Junts sobre el caso Dalmases reabre el conflicto entre afines a Borràs y sus detractores

El intento de apaciguar las aguas en Junts tras la consulta interna sobre la salida del Ejecutivo con ERC ha topado con su primer gran escollo. Este lunes, el sector afín a la presidenta de la formación, Laura Borràs, y algunos de sus críticos han vuelto a chocar duramente público a causa del informe interno sobre las quejas en contra del diputado Francesc de Dalmases por intimidar a una periodista de TV3 y que fue encargado a la abogada Magda Oranich. La filtración del texto, el pasado domingo, enfureció al también vicepresidente del partido, que en una carta ha calificado el documento de “tendencioso” e “irregular”, y dejó entrever que hay una maniobra de sus opositores dentro del partido para hundirle. Oranich no solo ha salido rápidamente a defender su trabajo, sino que ha revelado presiones de Borràs sobre el tema y ha dicho que varias diputadas le han querido transmitir quejas sobre el comportamiento de De Dalmases.

NacióDigital había adelantado el domingo el contenido del informe en el que Oranich concluye que tras la entrevista al programa FAQS, el pasado mes de julio, hubo una actitud “incorrecta” de Dalmases hacia una de las periodistas después de que el diputado “perdiera los nervios de forma exagerada” por el resultado de la intervención, en la que se le preguntó a Laura Borràs por su situación judicial. La abogada, que después del incidente en TV3 fue elegida presidenta de la Comisión de Garantías del partido, se entrevistó con 20 personas antes de redactar el documento.

El informe había sido entregado tanto a Borràs como a su número dos, Jordi Turull hace días. En el entorno de Borràs están convencidos que se trata de una maniobra para atacarles y una deslealtad, pues no se había tratado el contenido aún en la Ejecutiva. La misiva de De Dalmases no solo el fondo del informe, sino también la forma y pidiendo que se depuren responsabilidades también por la filtración. El vicepresidente rechaza las conclusiones y cree que Oranich ha terminado haciendo “un expediente disciplinario” cuando el encargo era otro. Además, le recrimina que socializara su contenido con otros miembros de la Comisión de Garantías y carga contra la “irregularidad” en la composición de ese órgano. Sin mencionarlo pero dando suficientes pistas para reconocerle, señala al diputado Quim Jubert por su abierta “animadversión” en su contra. Jubert, un diputado de la esfera de Jordi Sànchez y cercano a David Madí.

Oranich, por su parte, ha salido a defender su trabajo con varias entrevistas en medios de comunicación. La abogada ha calificado de “patéticos” los argumentos del diputado. A preguntas de los periodistas, reconoció presiones de diferentes sitios a la hora de elaborar el informe y apuntó directamente a Borràs. “No vamos a estar de acuerdo en una conversación, en concreto”, ha recordado la abogada en RAC-1, y eso llevó, ha revelado, a que la presidenta suspendida del Parlament le pidiera que no “hablaran nunca más”. También dijo que algunas diputadas de Junts se habían acercado para quejarse sobre comportamientos, sin especificar, de De Dalmases pero que no considero que sobrepasaban el marco del encargo.

La nueva polémica era de esperarse. La respuesta tras el incidiente del partido fue crear un camino ad hoc para tratar el caso. La ponencia organizativa del partido no recoge la figura de “expediente informativo” -que fue lo que en su día pidió De Dalmases y autorizó la Ejecutiva- si no solo la del expediente disciplinario. Ese si está reglado. Oranich en su documento ha llegado a unas conclusiones determinadas y no propone ninguna sanción, pues no le corresponde. Eso implicaría tener que hacer otro, ese si disciplinario, que tendría que ser aprobado por la Comisión de Garantías. Los contrarios a Borràs en la cúpula del partido quieren acelerar este trámite y piden una reunión extraordinaria. La otra derivada está en el Parlament, donde todos los grupos han pedido que se apure el trámite parlamentario para que la Comisión del Estatuto del Diputado, que preside Jaume Alonso Cuevillas, de Junts, decida sobre si hubo una mala praxis.

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