Aragonès dilata la presentación de su querella contra el Gobierno por el ‘caso Pegasus’

Las relaciones políticas entre el Gobierno y la Generalitat siguen en el congelador pero, en el primer día del verano meteorológico, ambas partes se reunirán en Madrid para intentar encarrilar el diálogo. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y la consejera de Presidencia, Laura Vilagrà, se verán en la tarde de este miércoles con un único punto sobre la mesa: poner luz sobre el caso Pegasus de espionaje a 65 independentistas, que sigue lastrando el acercamiento de las partes. Pese a la retórica encendida sobre los seguimientos, que el independentismo achaca al Centro Nacional de Inteligencia, CNI, (este reconoce 17 seguimientos a independentistas, con autorización judicial en 2019), el president Pere Aragonès sigue sin presentar la querella que anunció en su día por los hechos.

La portavoz del Ejecutivo catalán, Patrícia Plaja, confirmó este martes que no se ha presentado la querella y que los servicios jurídicos de la Generalitat siguen trabajando en el texto. Aragonès está en la lista de independentistas vigilados con cobijo legal por la inteligencia española y en su entorno aseguran que el documento se presentará de manera “inminente” ante un juzgado y niegan que se esté utilizando como herramienta de presión ante el Gobierno. Otros afectados (como en su día Roger Torrent o este año los republicanos Josep Maria Jové y Diana Riba) e instituciones, como el Parlament, sí han recurrido a acciones legales.

El propio Aragonès anunció la querella en varias intervenciones en medios, después de que explotara el escándalo de Pegasus. “Vamos a llegar hasta el final, a usar todos los medios de defensa legal a nuestro alcance, porque se han vulnerado derechos básicos”, sostuvo el president en una entrevista a Eldiario.es, el pasado 1 de mayo. Desde entonces, sin embargo, la acción legal ha fructificado.

Preguntada en varias ocasiones sobre en qué punto estaba la querella, Plaja aseguró en mayo que se presentaría “en las próximas semanas” y que los servicios jurídicos de la Generalitat trabajaban para “recopilar la máxima carga de prueba y tener todos los flecos jurídicos tan trabajados como sea necesario”, dada la falta de información sobre los seguimientos.

El día 9 de este mes, en una entrevista a Catalunya Ràdio, el líder catalán había vuelto a insistir en la querella, que inicialmente se dirigiría a la empresa NSO Group, fabricante del software Pegasus, con el cual se infectó su teléfono móvil en 2019. “En mi caso claramente apunta a que el CNI ha actuado de forma fraudulenta, pero esto habrá que certificarlo muy bien porque ya sabemos que aquí hay una doble vara de medir”, había añadido cuando le preguntaron si también apuntaría al Gobierno.

Un único asunto a tratar

En el entorno del president descartan que se esté utilizando con la querella como un elemento de presión hacia el Ejecutivo, pero no deja de llamar la atención que no salga adelante, pese a que día tras día el discurso del Gobierno catalán ataca lo que considera la falta de respuestas sólidas sobre los seguimientos a secesionistas. Plaja, de hecho, dejó muy claro que la reunión de este miércoles tiene como único punto ver hasta qué punto se ha avanzado en las explicaciones solicitadas por el Govern y cuáles son las garantías de que no se repetirá el espionaje.

“Hay un solo punto en el orden del día, abordar el bloqueo existente entre los dos gobiernos a raíz del caso Pegasus, y fruto de una acumulación de hechos y deslealtades en contra de los catalanes, que han dañado por completo las relaciones y la confianza con el Gobierno”, dijo Plaja, que ha descartado que el encuentro implique la “normalización de las relaciones” entre ambos Ejecutivos.

Bolaños y Vilagrà ya se reunieron en primavera, una vez explotó el escándalo por los espionajes. El ministro prometió entonces una investigación de control interna en el Centro Nacional de Inteligencia; otra independiente abierta de oficio por el Defensor del Pueblo; otra en la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso, donde comparecería la directora del CNI (que terminó siendo destituida después de conocerse el espionaje al presidente Pedro Sánchez), y la promesa de que el Ejecutivo está dispuesto a desclasificar documentos secretos para aclarar la situación. La Generalitat no está satisfecha respecto a los frutos que han dado esas medidas.

La reunión también ha abierto un nuevo frente en el seno de la coalición de ERC y Junts. El vicepresident Jordi Puigneró se ha quejado de que solo se le ha informado de la reunión en Madrid justo antes del Consell Executiu. Desde su entorno recuerdan que las relaciones políticas (que no las técnicas) siguen congeladas hasta que no se aclaren todas las dudas sobre el caso Pegasus.

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