Sánchez da un giro a la legislatura con los indultos a los presos del ‘procés’ y acelera la mesa de diálogo con Cataluña

La legislatura da un vuelco con la decisión de Pedro Sánchez de conceder los indultos parciales a los 12 condenados del procés, nueve de ellos en prisión desde hace más de tres años. La medida podría ir más rápido de lo previsto, según fuentes del Ejecutivo, aunque es Sánchez quien marca los tiempos. El Gobierno también está dispuesto a acelerar la cita con el nuevo president Pere Aragonès en cuanto la solicite y la reactivación de la mesa de diálogo mientras que ERC maniobra para garantizar que tiene las riendas de la interlocución. El Ejecutivo defiende los indultos con el argumento de que es lo mejor para buscar una salida al conflicto catalán.

El asunto de los indultos a los presos del proceso independentista no se ha tratado nunca en el Consejo de Ministros ni en ningún órgano del Ejecutivo. Sin embargo, forma parte de las conversaciones informales en el núcleo duro del Gobierno desde hace meses. Varios ministros daban por hecho que finalmente se concederían. Pero sí ha descolocado a algunos que Sánchez se decantara tan pronto, antes incluso de que el expediente llegara a la mesa del Consejo de Ministros.

La secuencia ha sido muy clara. EL PAÍS publicó el lunes que la medida estaba ya muy madura en el debate del Ejecutivo y el Supremo enviaría el expediente esta misma semana al Gobierno. Ese mismo día, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, pidió ver con “naturalidad” la utilización del instrumento legal del indulto. El martes, Sánchez abrió la puerta definitivamente al perdón tras señalar que tendrá en cuenta en su decisión valores constitucionales como “la concordia” frente a la “venganza o la revancha”. Y este miércoles, poco antes de que se hiciera público el dictamen contrario al indulto del Supremo, Sánchez insistía en defender la medida de gracia frente a Pablo Casado, líder del PP. ”Cuando Sánchez habla de venganza no se refiere a la sentencia del Supremo sino a la gente que rechaza el indulto con el argumento de ‘que se aguanten” explican en el Gobierno.

Sánchez ha decidido así entrar de lleno en el asunto, lejos de esquivarlo y buscar una decisión disimulada en pleno verano, como se esperaba en un principio. Eso hace pensar a miembros del Ejecutivo que la medida se puede acelerar, aunque aún la tiene que estudiar con detenimiento el Ministerio de Justicia. Campo comenzó este miércoles a evaluar este asunto con los expertos de su gabinete.

El argumento fundamental con el que sale al combate el Gobierno es político. Se trata de la necesidad de facilitar una salida al conflicto de Cataluña cuando los presos del procés llevan ya tres años y medio en prisión, esto es, ya no se “van de rositas”, como argumentan algunos.

El indulto, explican en el Ejecutivo, al contrario que la amnistía que reclama el independentismo y que el Gobierno ha descartado por inconstitucional, no anula el delito. Solo perdona la parte de la pena que queda por cumplir y además lo hace parcialmente, porque lo más probable es que la inhabilitación no sea indultada. Pero sobre todo se trata de lanzar un mensaje de generosidad de la democracia española que choca por completo con el intento del independentismo de presentar a España como un régimen autoritario como Turquía. Si el objetivo es reconciliar y tratar de que el independentismo tenga cada vez menos fuerza, el indulto es una medida política que vale la pena, señalan en el Gobierno.

La batalla con la oposición será dura pero el Ejecutivo cree que tanto en Cataluña como en el resto de España la mayoría de los ciudadanos apuestan por buscar salidas al mayor problema político del país desde que se recuperó la democracia.

El rechazo en cualquier caso no vendrá solo de la oposición. Ya han aparecido las primeras dudas en el PSOE. El expresidente Felipe González señaló la noche del miércoles en Antena 3 que “en estas condiciones”, él no concedería el indulto, porque los presos no reconocen la legitimidad de la justicia española. “En el tema catalán yo creo que había que haber hecho política antes de llegar a los jueces. Y no creo que los presos tengan que arrepentirse. Pero sí asumir las leyes”, remató después. Otro socialista, el presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, también se mostró contrario a los indultos aunque con matices. “Resulta evidente que no debe ser indultado quien no quiere serlo porque no respeta ni cree en las leyes que lo hacen posible. E igualmente es evidente que los problemas que tiene nuestro país de construcción de un modelo de convivencia no se resolverán mientras nadie quiera”, sentenció en su cuenta de Twitter.

Sánchez acelera así el intento de reencuentro en Cataluña que marcará esta segunda etapa de la legislatura, mientras el Govern de ERC y Junts mantiene su hoja de ruta para lograr un referéndum pactado y la amnistía. El jefe del Govern llamará a Sánchez “en los próximos días” para retomar la mesa de diálogo lo antes posible, según explicó el mismo Aragonès este miércoles, en la rueda de prensa posterior al primer Consell Executiu que ha presidido.

El republicano insistió este miércoles en que solo ve posible que este último punto pase por un “referéndum en el que la sociedad catalana pueda decidir su futuro político”. Pese a que Junts acepta darle una oportunidad al diálogo iniciado por los republicanos y el PSOE, en las filas republicanas son conscientes de que depende de ellos mantener el impulso. En breve, Aragonès espera convocar el Acuerdo Nacional por la Amnistía y la Autodeterminación, un foro conformado por entidades, partidos e instituciones catalanas que compartan esa fórmula y que permita darle solidez a la propuesta que sea llevada a la mesa de diálogo, cuando se celebre.

Esquerra, además, ha maniobrado para asegurarse las riendas de la primera línea en la interlocución con el Gobierno. En el reparto del Ejecutivo que tomó posesión este miércoles, los republicanos asumen las competencias de Relaciones Institucionales, que estarán bajo el paraguas del departamento de Presidencia. El pasado mandato quedaban bajo Acción Exterior, ahora un departamento de Junts. Eso les da la llave para convocar la comisión bilateral con el Gobierno y poder trabajar en las transferencias pendientes y problemas competenciales o de financiación. Eso sí, cuestiones más del día a día y enmarcadas en temas muy concretos, como las infraestructuras o el dinero para programas sociales como la dependencia, sí quedarán en manos de departamentos de su socio.

También habrá un cambio en el enfoque de la Delegación de la Generalitat en Madrid. Aragonès situará allí a Ester Capella, exconsejera de Justicia. La también exdiputada en el Congreso devolverá peso político a un cargo que se había visto diluido en los últimos Ejecutivos y con toda la intención de darle capacidad de interlocución sobre muchos temas.