La ‘reci-procicat’ por principio

Vivimos inmersos en multitud de situaciones que exigen un grado de especialización importante. Ser los mejores significa ser expertos en algo. Se requieren años de experiencia antes de poder afirmar que uno sabe algo. Esto es bueno. El papel de los especialistas queda acreditado porque se requieren conocimientos especializados para resolver problemas y hacer avanzar nuestro potencial global. Sin embargo, una derivada no deseada de este enfoque de nicho es que limita las formas en que pensamos que podemos aplicar nuestro conocimiento sin que pueda ser tildado de fraude.

Algo parecido le sucede al Procicat: el organismo catalán encargado de las medidas de prevención de la covid. En la práctica este organismo está siendo atrapado —confinado— por una doble inexperiencia: la propia y comprensible de hacer frente al cambiante comportamiento de un virus novedoso, y la impropia e incomprensible resultante de ignorar a los colectivos sociales a los que van dirigidas las medidas restrictivas que aplica. Al menos así lo intuyen estos colectivos al percibir una toma de decisiones opaca, incoherente y aparentemente arbitraria por cuanto estas decisiones no se acompañan de la publicación de justificaciones que las avalen.

A pesar de la conveniente necesidad de mitigar los daños que la pandemia de la covid pueda ocasionar, este hecho no puede soslayar a los damnificados a los que dicho organismo dirige sus decisiones y que las viven como abusivamente intrusivas. La pandemia hubiera podido ser el contexto ideal para desarrollar e implementar actuaciones articuladas y pactadas desde la persuasión, no desde la intrusión.

Es evidente la conocida gravedad sanitaria de las consecuencias de mantener en las actuales circunstancias una intensa actividad económica y social. Pero tampoco son menores los perjuicios para las personas a las que van dirigidas estas decisiones olvidar las consecuencias de las decisiones del Procicat a sus vidas.

Sin desdeñar la dificultad de tomar decisiones bajo estas circunstancias también es justo apreciar la habilidad que se requeriría para hacerlo. La deseable reci-procicat, en este supuesto, brilla por su ausencia. Tomar decisiones es aplicar herramientas y marcos mentales diversos, así como información específica relevante para el caso en cuestión: un martillo no es suficiente para clavar un clavo en esto que nos ocupa. Se necesitan más herramientas, más conocimientos y mayor perspectiva.

De ahí que la inclusión y la implicación recíproca de actores de la vida económica, social, cultural, etc., debería haber sido la regla y no la excepción. Tomar decisiones de forma unilateral sin prever un mecanismo de participación que ayude a su comprensión y a su cuestionamiento en positivo para su mejora, provoca una asimetría informativa (en el mejor de los casos el decisor lo sabría “todo” y nosotros “nada”; en el peor nadie sabe “nada”) y, con ella, un perjuicio de los ciudadanos frente a sus gobernantes.

Esta reci-procicat debería haberse basado en la transparencia, la simetría y la coherencia. Transparencia de capacidades, de criterios, justificación y resultados. Simetría de intereses y de responsabilidades. Coherencia de las medidas y de los medios.

Tenemos derecho a una transparencia que nos permita saber qué criterios justifican los confinamientos perimetrales, los cierres de establecimientos o las limitaciones horarias y qué resultados presentan. Hasta hoy nadie ha explicado el porqué del cierre de unos negocios y no otros mientras se mantiene la densidad de pasajeros en autobuses y trenes de fácil contagio; o por qué se puede romper el confinamiento perimetral para votar, pero no para hacer otras actividades que son posibles hacer en completa soledad.

La necesaria simetría de intereses y responsabilidades se ve perjudicada por una obvia asimetría informativa que resulta de una asimetría de intereses: no es explicable que tomen decisiones gravosas exclusivamente quienes no se ven afectados gravemente por ellas.

Quien no se juega su puesto de trabajo o su ruina económica en un cierre temporal debería, al menos, construir su decisión con la de los perjudicados. Esto permitiría que su toma de decisiones fuera más ampliamente compartida por decisores y afectados; unas decisiones mucho más de reci-procicat

Finalmente, la coherencia de los medios aplicados a las medidas adoptadas también es exigible cuando se contrata a recaudadores de multas del confinamiento y, en cambio, parece que no hay medios para contratar rastreadores: ¿Multar y cobrar sí, pero prevenir no? Otros países (como Nueva Zelanda o Australia) han optado por potenciar el rastreo y hasta ahora se han ahorrado confinamientos ruinosos.

Transparencia, simetría y coherencia en las decisiones que se toman desde el Procicat permitirían calibrarlas para saber si solo son buenas, son las mejores, las más defendibles, o son solamente las únicas posibles. Los ciudadanos merecemos saberlo por principio(s).

Anna Garcia Hom es socióloga.

Ramon J. Moles es jurista.