El gran reemplazo: la operación de la ultraderecha para suplantar a los periodistas con agitadores digitales

En su primera comparecencia, la secretaria de comunicación de Trump, Karoline Leavitt, anunció su decisión de dar entrada en la sala de prensa de la Casa Blanca a podcasters, blogueros e influencers para reflejar “el nuevo panorama mediático” del país. Eso sí, tranquilizó a los periodistas asegurándoles que se habilitaría un asiento especial para los nuevos medios y no sería en detrimento de los llamados tradicionales.

El pasado miércoles, Leavitt comunicó que se cambiaban las reglas del juego que han regido durante un siglo las relaciones del presidente de Estados Unidos con la prensa: la selección del reducido pool de periodistas, fotógrafos y cámaras que siguen a Trump y pueden hacerle preguntas ya no la haría la Asociación de Corresponsables de la Casa Blanca (WHCA). En adelante, sería su propio equipo el que decidiría quien puede o no pasar.

Al día siguiente, Reuters, la principal agencia de noticias del mundo, y el HuffPost, un medio online con versiones en una docena de países, se quedaron fuera de la cobertura informativa de la primera reunión de Trump con su Gobierno. En cambio, entraron Newsmax, una televisión por cable que propagó la teoría de que el demócrata Joe Biden había robado a Trump las elecciones de 2020, y Blaze Media, un conglomerado ultraconservador de medios. También fue excluida Asociated Press (AP), la mayor agencia de noticias de EE UU, a la que la Casa Blanca ha vetado por negarse a llamar golfo de América al golfo de México, como pretende imponer Trump.

Los pasados 7 y 8 de febrero se reunieron en España los líderes de Patriots.eu, el partido que agrupa a la extrema derecha europea más próxima a Trump. En el mitin que celebraron en un hotel de Madrid Santiago Abascal, Marine Le Pen y Viktor Orbán, entre otros, estaban acreditados unos 250 periodistas, muchos de ellos extranjeros. Todos pudieron acceder al acto sin restricciones. El lunes siguiente, EL PAÍS acudió a la rueda de prensa semanal del portavoz de Vox, José Antonio Fúster, para comprobar si el mitin de Patriots suponía un cambio de actitud del partido respecto al derecho a la información. En absoluto. Cuando dejó de estar bajo el foco de la opinión pública internacional, la formación ultra volvió a negar el acceso libre de los medios a su sede.

El veto a los periodistas del grupo Prisa se remonta a noviembre de 2019 y la causa, según dijo entonces Vox, fue un editorial, titulado Deber de réplica, que criticaba el silencio de los demás candidatos ante las afirmaciones xenófobas de Abascal en un debate televisado. Es decir: no se castigaba una noticia falsa o un bulo, sino una opinión. El Tribunal Supremo sentenció en 2021 que el derecho a la información tiene “carácter preferente” y que reconocer a los partidos un “derecho de admisión” de periodistas en su sede “pulverizaría” los principios constitucionales. Pese a ello, como la sentencia se refería a una resolución de la Junta Electoral Central, Vox solo se siente obligado a cumplirla en periodo de campaña.

Aunque son numerosos los medios vetados, la sala de prensa de Vox no se queda vacía. Los huecos que dejan entre los profesionales de la información se rellenan con representantes de entidades como Herqles, cuyo líder, Carlos Pintado, intervino en el mitin con el que el partido ultra lanzó su campaña para las elecciones europeas de 2024, donde se presentó como un “agente para la batalla cultural”. O Acción Patriota, una asociación juvenil nacida en enero pasado que se define como “patriótica y conservadora”.

Pero los buques insignia de la armada mediática ultra son El Toro TV, del empresario Julio Ariza, padrino político de Abascal; y Estado de Alarma TV (EDA TV), de Javier Negre, condenado en 2019 por publicar en El Mundo una entrevista que nunca le concedió la exnovia de un doble asesino. EDA TV empezó como un canal de agitación en Youtube durante la pandemia y se convirtió en una plataforma multimedia (también cuenta con una emisora, Informa Radio) tras una inyección de casi cinco millones de euros y la entrada en su capital de Marcos de Quinto, exdirectivo de Coca-Cola y exdiputado de Ciudadanos; la dueña de la compañía Eulen y las hijas del empresario Publio Cordón, asesinado por la banda terrorista Grapo.

El verano pasado, Negre viajó a Buenos Aires, donde aprovechó las ruedas de prensa del portavoz de la Casa Rosada, Manuel Adorni, para lanzar acusaciones de presunta corrupción; pero no contra el Gobierno de aquel país, sino contra varios periodistas argentinos. El presidente Javier Milei retuiteó con regocijo sus intervenciones. Negre se asoció en Argentina con Fernando Cerimedo, estratega de campaña de Milei, que presume de manejar 50.000 cuentas falsas en las redes mediante Inteligencia Artificial; y compró, por una cantidad no revelada, el 50% de La Derecha Diario, una web fundada por el actual director de Comunicación Digital de la Presidencia argentina, Juan Carreira, alias Juan Do. La Derecha Diario alentó el asalto al Congreso brasileño y el golpe de Estado frustrado de los seguidores de Jair Bolsonaro en enero de 2023.

En España, empleados de EDA TV como Vito Quiles, candidato al Parlamento europeo en la lista del agitador ultra Alvise Pérez, se han valido de su acreditación de prensa para hacer activismo. La técnica que emplean, abordar inopinadamente a una figura pública y grabar su reacción, no es original. Ya la popularizó hace tres décadas en España el programa Caiga quien Caiga. La diferencia es que el tono humorístico de entonces se ha tornado en agresivo, se dirigen exclusivamente contra personas que identifican con la izquierda y se han metido en el interior del Congreso, obstaculizando el trabajo de los verdaderos periodistas. Si estos últimos se niegan a hacerles de figurantes, difunden su identidad e imagen a través de las redes sociales para que sean pasto de una turba de acosadores.

En octubre pasado, a su regreso de Buenos Aires, Negre señaló públicamente a dos periodistas, de Abc y 20 minutos, por no haberle secundado en su diatriba contra el portavoz socialista Patxi López; lo que, según él, tenían obligación de hacer por trabajar en medios conservadores. El incidente se produjo en la sala de prensa del Congreso, a la que EDA TV tiene acceso a pesar de que, en palabras de Negre, su objetivo no es informar de lo que allí ocurre, sino “hacer oposición al Gobierno y sus socios”. “Más oposición que los partidos de la oposición”, según presume.

La gota que colmó el vaso fueron las amenazas a una reportera de La Sexta, a la que los activistas ultras acusaron de censurarles porque indicó al cámara de televisión del pool del Congreso que dejara de grabar cuando Quiles se alejó junto al ministro Ángel Víctor Torres del lugar donde ella estaba. Lo que sucedió, según varios testigos, es que la reportera tenía el micrófono que recogía el sonido para la cámara y su obligación era permanecer en el pasillo y no seguir al ministro hasta el patio del edificio. Los empleados de Negre difundieron la imagen y el nombre de la reportera, tachándola de “sinvergüenza sin escrúpulos” y amenazaron, en tono mafioso, con publicar los domicilios de periodistas que trabajan en el Congreso.

En una reacción sin precedentes, unos 80 informadores de la inmensa mayoría de los medios acreditados en las Cortes se concentraron el pasado miércoles ante la puerta de los leones para denunciar el “comportamiento inaceptable” de agitadores que, acreditados como periodistas, chantajean con “descalificaciones, insultos, señalamientos” y amenazas en las redes sociales.

En teoría, Vox no tiene relación con el conglomerado mediático de Negre pero, cuando el periodista y tertuliano Antonio Maestre lanzó por los aires el micrófono del empleado de EDA TV que le perseguía por la calle, el partido de Abascal publicó un tuit presuntamente irónico en el que invitaba a sus seguidores a participar en un supuesto “concurso de lanzamiento de micros” de La Sexta, TVE, la Cadena SER y Canal Red, “en directo a ser posible”. Las que ni siquiera pretendían ser humorísticas son las amenazas que el vicesecretario nacional de Comunicación de Vox y diputado Manuel Mariscal dirigió contra La Voz del Tajo. Tras calificar al diario de “estercolero”, aseguraba que el Ayuntamiento de Talavera de la Reina, que gobiernan en coalición el PP y su partido, ya no le contrata publicidad. “Pronto tampoco se hará desde Toledo y tendréis que cerrar”, apostillaba. La asociación de periodistas de Toledo, con el respaldo de la federación que agrupa a las asociaciones de toda España, condenó estas palabras y exigió “que las amenazas e intimidación a los medios [de comunicación] no queden impunes”.

“Me preocupa que no veamos que lo que está en marcha es una gran operación de sustitución. Quieren reemplazar a los periodistas por agitadores profesionales”, advierte Fernando González Urbaneja, presidente de la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo. “¿No somos conscientes de que nos quieren borrar?”, añade. Urbaneja confiesa que, en más 50 años de periodismo, nunca ha visto “una operación de acoso [contra la libertad de prensa] como la actual” y se declara “escandalizado de que la profesión no reaccione”: “¿Dónde están los periodistas, los directores, los editores? Andamos enredados en nuestras pequeñas querellas intestinas, sin darnos cuenta de lo que se nos viene encima. Y lo van a conseguir si no somos capaces de poner en valor el periodismo, que no es otra cosa que la búsqueda diligente de la verdad”.

Josep Carles Rius, presidente del Consell de la Informació de Catalunya, cree que hay “una ofensiva conjunta de los poderes políticos, económicos y tecnológicos contra los medios de comunicación convencionales”, ante la que estos se encuentran “en estado de shock”, incapaces de reaccionar. En su opinión, el periodismo “no puede ser neutral ante el discurso del odio, que amenaza la democracia y la convivencia”, ni permanecer impasible frente a los que “mienten con total impunidad y utilizan los bulos como arma de destrucción”. “La profesión tiene que reaccionar. Nos va el futuro en ello”, advierte. Para Rius, la respuesta está en los órganos de autorregulación profesional, como el consejo que preside, pero hace falta “un marco jurídico para que sus decisiones sean respetadas”. “Un medio que no cumple el código ético no es medio de información”, sentencia. El hábito no hace al monje, ni el micrófono al periodista.