“Inquiokupación”, el caos con los datos de la última campaña de vivienda del PP

Puede escribirse “inquiocupación”, pero también “inquiokupación”, con una ka que le da un barniz antisistema. De un modo u otro, es una palabra de moda en el PP. Aparece en planes y discursos, la pronuncian Alberto Núñez Feijóo e Isabel Díaz Ayuso, protagoniza convocatorias y reuniones e, incluso, figura en una ley andaluza en tramitación. Pero los decibelios de la campaña a bombo y platillo del PP en la que alerta de este problema contrastan con la ausencia de datos fiables en la que apoyarla. El partido, a través de Feijóo, ha difundido al menos un dato erróneo sobre el asunto. Además, trabaja con una estimación sobre cuya fuente ha ofrecido versiones distintas antes de reconocer que está anticuada. Y eso, cuando aporta cifras. A veces, no lo hace. El Gobierno de Madrid asegura que el fenómeno “se ha extendido” sin aportar números y el de Andalucía tampoco justifica con estadísticas la inclusión de medidas contra el problema en su nueva norma.

La “inquiocupación” ganó protagonismo en el PP en el otoño de 2024, cuando el partido la presentó como un grave problema al esbozar su “plan de vivienda”. En 2025, se ha convertido en moneda corriente. Para justificar su no al decreto ómnibus el 22 de enero, Feijóo alegó que la norma alentaba la “inquiocupación”. Unos días después, el 30 de enero, el líder del PP se reunió con la Plataforma de Afectados por la Ocupación (PAO) que, al término del encuentro, anunció que había “arrancado” al PP un compromiso de lucha contra la “inquiokupación” en sus comunidades y ayuntamientos. El propio Feijóo anunció aquella misma jornada un “plan específico” contra “este problema”.

Luego le tocó a Isabel Díaz Ayuso. La Comunidad de Madrid publicitó el 4 de febrero una reunión de representantes de la misma plataforma con la presidenta. Todo apunta a que los argumentos que escuchó resultaron convincentes a la líder madrileña, porque la semana pasada afirmó que el riesgo de “inquiocupación” lastra la oferta de alquiler. Fue el mismo día en que recibió a Teresa, una mujer de 82 años cuyo marido, aseguró Ayuso, murió por los “problemas de salud” que le provocaron “sus inquiocupas”, término que también usa la presidenta balear, Marga Prohens. “Criminalizo a los okupas e inquiokupas”, ha dicho. Ayuso ha escrito al Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, para pedirle implicación contra este fenómeno. El alcalde de Madrid, el popular José Luis Martínez-Almeida, ha afirmado esta semana que la “inquiocupación” es “un problema gravísimo”.

Indefinición conceptual

Pero, ¿qué es la “inquiocupación”? Ni está en el Código Penal, ni hay en dicho texto ninguna figura en la que se encuadre. Mientras existe amplio consenso en considerar que los delitos de allanamiento y usurpación se corresponden con lo que suele llamarse ocupación, nada parecido hay en el caso de la “inquiocupación”. De corresponderse con algo, sería con un incumplimiento de contrato privado. Se trata de un híbrido que “no existe jurídicamente”, señalaba en Actualidad Aseguradora el abogado Josep Conesa en 2022. “O se es inquilino o se es okupa”, añadía.

El único intento oficial de darle forma es el ya citado anteproyecto de ley de vivienda del Gobierno de Juan Manuel Moreno en Andalucía, que define así la “inquiocupación”: “Estado intermedio entre ser un arrendatario con deudas y un ocupante ilegal”. “Es una definición ridícula. La inquiocupación no es un concepto, es un discurso. Tras comprobar que la alerta contra los okupas ha logrado apartar la atención de los disparatados precios del alquiler, ahora se amplía a los inquilinos, poniéndolos bajo sospecha, sobre todo a los pobres”, afirma Ibán Díaz, profesor de Geografía de la Universidad de Sevilla especializado en vivienda.

“Esta definición incumple el deber de precisión de los conceptos jurídicos e inventa un imposible estatus intermedio para el que Andalucía no tiene competencias, porque la norma básica es la ley estatal de arrendamientos urbanos”, sostiene Iñigo Maguregui, asesor legal especializado en urbanismo y vivienda. La Consejería de Vivienda de Andalucía no ha respondido a las preguntas planteadas por este periódico.

Ricardo Bravo, portavoz de la plataforma que se reunió con Feijóo y Ayuso, admite que la “inquiocupación no existe como delito”, pero señala que está “totalmente aceptada” como “fenómeno social”. Y subraya que incluso la Fundación del Español Urgente reconoce el neologismo —al igual ha hecho con “mena”—. Bravo mete en la cesta de los “inquiocupas” a todos los que incurran en “impago voluntario y/o intencionado” de la renta, un fenómeno, dice, facilitado por las normas para proteger a inquilinos “vulnerables” introducidas desde la pandemia, que dan “garantías a las personas que no pagan”, lo que incentiva la “picaresca española”.

Los límites de la estadística

Si conceptualmente la “inquiocupación” es difícil de precisar, también lo es capturarla en el plano estadístico. A pesar del parentesco de las palabras, no tiene jurídicamente nada que ver con la ocupación, que se suele medir con datos de allanamientos y usurpaciones del INE, de la Fiscalía General del Estado y del Ministerio del Interior. En ninguna de esas bases de datos, que muestran que la ocupación no es un problema usual ni en aumento, entra la “inquiocupación”. Es un asunto aparte.

La falta de definición hace difícil saber en qué estadísticas buscar cifras de “inquiocupación”, señalan fuentes judiciales. Una posibilidad son las sentencias estimatorias —total o parcialmente— tras denuncias del casero contra el inquilino por falta de pago de la renta o de la fianza. La serie que permite seguir la evolución de estas sentencias es del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). ¿Y qué muestra? Que el número desciende: de 14.514 en 2021 a 13.503 en 2022 y 10.805 en 2023. En cuanto a 2024, solo hay datos de los tres primeros trimestres, 7.560, que son menos que en el mismo periodo del año anterior, 7.823. Nada en la estadística apunta a un fenómeno descontrolado. Va a la baja.

Ricardo Bravo, de la Plataforma de Afectados por la Ocupación, según el cual la “inquiocupación” ha subido “exponencialmente”, afirma que la estadística del CGPJ no es representativa porque excluye los desahucios suspendidos por vulnerabilidad antes de que haya sentencia, o todas las situaciones en que ni siquiera hay denuncia.

Coincide la abogada Elsa Manzano, cuyo despacho gestiona “desahucios exprés”, que afirma que la estadística es “insuficiente”, ya que a causa de las medidas de protección a vulnerables hay procedimientos que quedan parados antes de la sentencia, así que “no se computan”. Manzano, que sostiene que el fenómeno está “en auge”, admite, no obstante, que hay un “vacío” de datos, porque para acercarse habría que saber cuántos procedimientos detenidos hay, unas cifras que desconoce. Tanto el CGPJ como la Fiscalía aseguran que no disponen de esas estadísticas.

Regla de tres, error y estimación

Sin datos oficiales que considere representativos, la Plataforma de Afectados por la Ocupación ha elaborado un informe con su propia estimación. A partir de las denuncias en 2023 de allanamientos y usurpaciones, 15.289 según Interior, la PAO calcula que aquel año hubo más de 61.000 “inquiocupaciones”. ¿Cómo? Con una regla de tres. La asociación recibió en 2023 cuatro veces más llamadas por “inquiocupaciones” (5.189) que por ocupaciones (1.294). Su conclusión es que si en 2023 hubo 15.289 denuncias de ocupaciones, el número de “inquiocupaciones” será cuatro veces superior, superando los 61.000.

Hacer el cálculo así implica obtener un dato de posibles incumplimientos contractuales a partir de un dato de denuncias de delitos. Y basa el cálculo de “inquiocupaciones” en una cifra de posibles ocupaciones que incluye, sin desagregar, viviendas junto a despachos, oficinas y tiendas.

¿Y el PP? ¿En qué datos apoya su campaña? Una de las fuentes que cita cuando EL PAÍS pregunta es el informe que contiene la anterior regla de tres. “No hay datos fiables sobre inquiokupación. Esta es la realidad”, explica por escrito Elisabeth Jiménez, secretaria de Lucha contra la Ocupación Ilegal del PP, que añade que la PAO es la entidad que está “más cerca” de “dimensionarla”.

Además de dar crédito al informe de la PAO, al menos dos dirigentes del PP han difundido datos para cuantificar el fenómeno. Uno de ellos es Feijóo, que el 30 de enero afirmó que la “inquiocupación afecta ya a 80.000 hogares”. Ese dato es erróneo. El líder popular confundió “inquiocupaciones” con un supuesto dato total de ocupaciones, confirma oficialmente su partido. Este dato, 80.000 es una cifra global de ocupaciones que también ha utilizado la Plataforma de Afectados por la Ocupación.

Antes, en octubre del año pasado, la vicesecretaria de Desarrollo Sostenible del partido, Paloma Martín, había cifrado en 25.000 las “inquiocupaciones” anuales. A diferencia del que dio Feijóo, el de las 25.000 es un dato con el que el PP sigue trabajando. Respecto a su origen, hay dudas y cambios de explicación. Un portavoz del PP lo atribuye primero a la PAO. Pero el portavoz de dicha plataforma, Ricardo Bravo, afirma no tener constancia de que su asociación lo haya utilizado.

La dirigente Elisabeth Jiménez vincula después el dato con el número de demandas por impago estimadas en 2022, que ella cifra en 18.600 tomando como referencia las tablas del CGPJ. En realidad, el número es menor, 13.503. La cifra de 18.600 —exactamente, 18.687— en la base de datos del CGPJ incluye sentencias estimadas y desestimadas y no solo por impago de renta, también por otros motivos como subarriendo irregular, actividades molestas u obras no consentidas.

Solicitada otra aclaración, el mismo portavoz del partido señala que “el dato de las 25.000 inquiokupaciones es una estimación” realizada a partir de las sentencias de 2022, sin precisar cuáles, y que de hecho está “obsoleta” porque el fenómeno subió con fuerza a partir de 2023, a raíz de la aprobación de la ley de vivienda. El portavoz añade que el partido incluye en la “inquiokupación” no solo los impagos sino también “el subarriendo ilegal, los narcopisos o la negativa a desalojar el piso cuando el propietario no quiere prorrogar el alquiler”.

La Junta de Andalucía no responde qué datos han movido a introducir la “inquiocupación” en la nueva ley. En cuanto a la Comunidad de Madrid, donde Ayuso asegura que el problema “se ha extendido”, un portavoz afirma que las llamadas al “112 Ocupación” han subido desde la primera semana de enero, cuando hubo 32, a la primera semana de febrero, 56, y que el total de junio de 2022 a primeros de febrero es de 3.826. Pero no desglosa los datos de “inquiocupación”.

Ayuso también ha dicho que “la mayoría de los ocupas e inquiocupas no son vulnerables”. Otra vez, es una afirmación que no se acompaña de datos concretos, sino que se basa en lo que les llega de las atenciones a denunciantes y en lo que “trasladan” las plataformas de afectados, afirma el portavoz. Ya fuera del PP, ni Vox ni la Organización Nacional de Afectados por la Okupación, una entidad parecida a la PAO, responden a este periódico sobre los datos que ilustran el supuesto auge de la “inquiocupación” que también denuncian.