Demandas a Mazón y querellas contra Sánchez: la tormenta judicial por la gestión de la dana

La maquinaria judicial se ha puesto en marcha para investigar las responsabilidades de los políticos al frente del Gobierno y de la Generalitat valenciana por la gestión de la dana, que ha dejado hasta ahora 217 fallecidos. Antes de que la Fiscalía tuviera tiempo de meditar si actuaba de oficio, ya había entidades, partidos políticos y abogados confeccionando demandas y querellas. Pese a que, por lo que se conoce hasta ahora, el peso de los errores tanto en la prevención como en la reacción ante la tragedia recaen sobre los hombros del ejecutivo de Carlos Mazón, es el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien aguarda un mayor número de envites en los juzgados.

La vía penal ha sido la más socorrida para quienes piensan que los fallos en la gestión deben ventilarse no solo en sedes parlamentarias, sino también ante un juez. El Tribunal Supremo ha registrado nueve querellas contra miembros del Gobierno de España por delitos como homicidio imprudente y omisión del deber de socorro, entre otros. Se dirigen, en su mayoría, contra Sánchez y contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por no activar el estado de alarma y tomar el control absoluto de una situación extrema.

En los últimos días, los querellantes han presentado ampliaciones de sus escritos para incluir a la vicepresidenta Teresa Ribera, que como ministra para la Transición Ecológica tiene competencias sobre la Confederación Hidrográfica del Júcar, órgano al que el PP trata de endosar ahora la culpa por un supuesto “apagón informativo” que imposibilitó a Mazón tomar las decisiones adecuadas. Las ampliaciones coinciden en el tiempo con los debates en Bruselas en los que Ribera aspira, con la oposición del partido de Alberto Núñez Feijóo, a convertirse en la próxima comisaria europea de Transición Limpia, Justa y Competitiva. Ninguna de las querellas ha sido hasta ahora admitida a trámite.

En el frente del Tribunal Supremo, los protagonistas de las acciones judiciales pertenecen de forma mayoritaria a la derecha y la extrema derecha. Hay sospechosos habituales como la renacida Manos Limpias, un sindicato ultra responsable de tres de las querellas. O Vox, muy bregado en trasladar la vida política a los tribunales. Hay dos entidades de nombres inabarcables: la Asociación Europea de Ciudadanos contra la Corrupción —que busca cambiar las “estructuras sociales e institucionales” por “el bien común”— o el Movimiento para la Regeneración de España, que quiere “acabar con los partidos políticos” y “superar las ideologías”. Hay, también, dos ciudadanos particulares: Raúl Castañeda, muy activo en redes que ha impulsado cientos de procesos contra préstamos usureros, y Arturo Bargueño.

El elenco lo completa Iustitia Europa, un movimiento político que evita definirse en el espectro ideológico tradicional. Como Manos Limpias y Vox, ejerce la acusación popular en el caso de Begoña Gómez, la esposa del presidente. A diferencia de ellos, ante la dana dispara al mismo tiempo al Gobierno y a la Generalitat y, de hecho, carga las tintas en esta última. “Para mí, Mazón es el principal responsable. Estuvo comiendo en un restaurante hasta muy tarde el día de la tragedia. Con tal grado de imprudencia y negligencia, podría afrontar responsabilidades penales”, opina Luis María Pardo, abogado y presidente del colectivo, que asegura actuar motivado por “la defensa de los derechos fundamentales”. Pardo opina que, si se señala a Sánchez, pero no a Mazón, “la estrategia jurídica queda coja” y “demuestra un uso partidista de la justicia”.

La de Iustitia Europa, la única querella presentada por ahora contra Mazón, la tramita el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), que ha dado traslado a la Fiscalía para que se pronuncie y decida si está a favor o en contra de que se inicie una investigación. Nada garantiza que la instrucción, que será larga y compleja, llegue a buen puerto para relacionar a los políticos con una negligencia de entidad suficiente para atribuirles, por ejemplo, delitos de homicidio imprudente. “Habrá que ver”, admite Pardo, “nosotros solo pedimos que se investigue”.

El precedente que explora Mai Més

Los abogados que se han sumado a la plataforma ciudadana Mai Més (inspirado en el Nunca Máis, el movimiento gallego creado tras el vertido del Prestige), creen haber dado con un precedente para dar la batalla penal con la dana. El 21 de octubre de 2011, un intenso aguacero descargó sobre Finestrat, cerca de Benidorm, inundó un barranco y arrasó con lo que encontró a su paso. Un matrimonio británico, Kenneth y Mary Hall, murió arrastrado por la fuerza del agua. Dos exalcaldes (uno socialista y otro popular) y un exconcejal fueron condenados por homicidio imprudente porque permitieron que en el barranco (situado en zona inundable) se instalara sin autorización un mercadillo municipal. Los ediles “conocían el riesgo de riada en caso de lluvia”, según la sentencia.

Quico Miralles es abogado, activista político e impulsor de Mai Més a través del pódcast Greuges pendents (agravios pendientes). “Vimos la parálisis de los políticos y cómo iba surgiendo la indignación popular. La gente se fue sumando para ayudar y creamos tres ámbitos. Uno es el jurídico. Un centenar de abogados voluntarios se han puesto a disposición para estudiar estas acciones”, cuenta. El caso de Finestrat, dice Miralles, es relevante: “Si vemos todo el tiempo que pasan sin decidir nada y observamos lo que pasó en el Barranco del Poyo [el que causó más estragos en la dana del 29 de octubre], que además es competencia exclusiva de la Generalitat, vemos que puede haber habido imprudencia”.

Esta plataforma, formada por activistas de izquierdas, pero con vocación de ser transversal y recoger la indignación de la sociedad valenciana, pretende plantear también una demanda en el ámbito contencioso-administrativa por la posible responsabilidad patrimonial de la administración. Se está estudiando la mejor fórmula, por ejemplo, una demanda colectiva, aunque aún es pronto. “Hay que prepararlo bien, buscar a las víctimas, ver cómo se pueden canalizar las reclamaciones”, concluye Miralles.

Aunque no es tan vistosa como la penal, la vía contenciosa (que afecta por ahora más a Mazón) puede ayudar a establecer, con el tiempo, la verdad judicial de lo que ocurrió. Qué falló, quién falló. Las sentencias, si llegan, suelen hacerlo tarde y ser meramente declarativos. Pero también “pueden servir como base para pedir responsabilidades”, explica el abogado Curro Nicolau, que ha presentado un recurso contencioso por “inactividad” contra la Presidencia de la Generalitat y contra la Agencia de Seguridad y Emergencias.

Nicolau, que en pandemia llevó a los tribunales las restricciones de movimientos, asegura que no busca fama, dinero ni influencia política. Quiere la verdad, saber qué ocurrió para evitar que se repita. Y que la administración responda. Esto último ya lo ha logrado en parte: el TSJCV ha admitido a trámite su recurso y ha exigido a la Administración autonómica que entregue todo el expediente relativo a la dana, un primer paso para tener una radiografía aún más exacta de gestión de Mazón y su equipo durante la crisis. El siguiente paso, aún lejano, sería interponer una demanda. Nicolau ha dado el mismo paso ante el Supremo por la “inactividad” del Gobierno de Sánchez, pero el tribunal aún no se ha pronunciado.