Vox se querella contra Sánchez por la amnistía y pide al Supremo la suspensión cautelar de la investidura

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha presentado en el Tribunal Supremo una querella contra el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont por los supuestos delitos de cohecho, encubrimiento o colaboración con el terrorismo, usurpación de funciones del Poder Judicial y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos. La querella también se extiende a sus respectivos partidos, PSOE y Junts, a los que ha calificado de “organizaciones golpistas”. En su escrito, Vox pide, como medida cautelar, que el Supremo suspenda inmediatamente la sesión de investidura prevista para mañana y lo comunique a las Cortes y al Rey. Fuentes judiciales señalan que la Sala Penal se pronunciará, previsiblemente, antes de la hora prevista para el inicio del pleno, este miércoles a las 12.00.

Abascal ha llegado al Supremo acompañado de la plana mayor de su partido, escenificando un cierre de filas al que se han sumado algunas caras últimamente caídas en desgracia, como el ex secretario general Javier Ortega Smith, en segundo plano desde que fue destituido del puesto hace un año. Frente a la sede del alto tribunal le esperaban también varias decenas de simpatizantes que habían acudido a la convocatoria lanzada por redes. “Mañana se inicia un periodo trágico de la historia de España, si no lo evitamos”, ha asegurado Abascal a las puertas del Supremo. El líder de Vox ha lanzado un mensaje a los jueces que tienen que estudiar su petición de suspender el pleno de este miércoles. “Pensamos que este golpe se puede detener en los tribunales y el Senado. Y esperamos que todos los que tienen responsabilidades cumplan con esas responsabilidades”, ha afirmado, parafraseando la lapidaria sentencia de Aznar (”el que pueda hacer, que haga”). Preguntado si cree que el Supremo suspenderá la investidura, Abascal ha parafraseado las declaraciones de las asociaciones conservadoras de la magistratura, que han calificado el acuerdo del PSOE con los independentistas de “principio del fin de la democracia”, “abolición del Estado de derecho” o “ataque a la división de poderes” y se ha mostrado convencido de que, si los jueces son coherentes con lo que han dicho, “utilizarán todas las herramientas legales en su mano para detener ese asalto”.

La querella presentada por Vox atribuye a Sánchez y Puigdemont, y a sus respectivos partidos, cuatro delitos. Deja fuera el de traición, porque la Constitución establece que para acusar al presidente del Gobierno de este o cualquier delito contra la seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones, hace falta que lo planteen la cuarta parte de los miembros del Congreso, y debe ser aprobado por la mayoría absoluta de la Cámara.

El escrito presentado por Vox en el Supremo acusa al presidente en funciones de ejecutar “un autogolpe al Estado y a las instituciones y desde las instituciones; con apariencia fraudulenta de democracia; un cambio de régimen desde las instituciones que motiva la querella y la solicitud de medidas cautelares urgentes para detener lo que una vez aprobada la investidura será irreversible”.

El partido ultra atribuye a Pedro Sánchez “actos abiertamente contrarios a los deberes inherentes a su cargo”, que “suponen concordar voluntades con quienes han cometido o están siendo enjuiciados por los más graves delitos contra el orden constitucional y legal”. Según la querella, Sánchez “se ha comprometido como presidente de Gobierno de España al desmembramiento de la unidad nacional de España (referéndum o consulta igualmente contraria a la Constitución sobre un inexistente derecho a la autodeterminación, negado por permanente y continua doctrina constitucional que por conocida no precisa cita), al derrumbe de la separación de poderes, a la destrucción de la igualdad de los españoles” y del sistema democrático.

El escrito presentado ante la Sala Penal adjunta el texto de la proposición de ley de amnistía registrada este lunes por el PSOE y que, según Vox, “constituye el ataque más grave al Poder Judicial en la historia democrática de España y de la Europa de las comunidades”. La querella incluye un relato de lo que fue el procés, las sentencia del Supremo de octubre de 2019 y algunas de las otras derivadas judiciales abiertas en la Audiencia Nacional o tribunales catalanes. El texto se detiene especialmente en la causa del Tsunami Democràtic, donde el juez Manuel García-Castellón ha señalado como investigados por un delito de terrorismo a Puigdemont y a la secretaria general de ERC, Marta Rovira. “El solo indicio de conocer los actos sería ya suficiente para adoptar medidas y más la constatación de compartir y colaborar en la consecución de la finalidad de los actos terroristas, que supone la intensa implicación en estos actos terroristas de los líderes separatistas con los que pacta el PSOE sería suficiente para provocar acciones desde los tribunales de justicia para evitar que estos pactos pudieran tener alguna efectividad”, recoge la querella.

El escrito sugiere, además, que la ley de amnistía socava la Monarquía, pues implica, “simbólicamente, un juicio negativo de la conducta del Rey”. Significa, añade la querella, “un rechazo a su posición ante el intento de la ruptura del Estado y la interpretación de que el Jefe del Estado actuó de manera innecesaria e inapropiada”, con su discurso del 3 de octubre de 2017. Además, según Vox, el refrendo de la Ley de Amnistía a Felipe VI situaría “en una situación comprometida, puesto que este refrendo lo alejaría de su papel como símbolo de la unidad y permanencia de España”.

La querella incluye un rejonazo al Tribunal Constitucional, del que dice que “a la vista de su actual composición tras la toma de control por el PSOE [...] la única garantía, en estos momento de máxima gravedad para nuestra democracia, de la salvaguarda de nuestro sistema legal se ha en el Tribunal Supremo”. Esta llamada de auxilio (la última frase está escrita en mayúsculas), la traduce en la petición de que el alto tribunal suspenda de forma inmediata la sesión de investidura de Pedro Sánchez prevista para este miércoles y jueves, con el argumento de que hay tiempo para celebrarla hasta el día 27, cuando las Cortes se disolverían automáticamente.

La petición la formula Vox como medida cautelarísima, que no requiere dar audiencia a las partes. Fuentes jurídicas señalan que no es habitual que en el ámbito penal se soliciten medidas de este tipo, que afectan además al poder legislativo. No hay un trámite establecido, pero el Supremo prevé dar una respuesta antes de la hora prevista para el inicio de la sesión del Congreso, este miércoles a las 12.

Esta petición es similar, aunque no idéntica, a la presentada por varios particulares ante juzgados de primera instancia de distintas ciudades de España, a los que se ha reclamado que se suspenda de forma cautelar la tramitación de la ley por parte de la Mesa del Congreso. Ningún juez ha entrado todavía a valorar esa posibilidad, pero la Fiscalía de Madrid sí se ha pronunciado sobre ella en un caso abierto por un juzgado de la capital. La petición de suspender un acto parlamentario, según el ministerio público, es competencia “exclusiva” del Tribunal Constitucional.