Sánchez será investido presidente antes de que la Mesa del Congreso debata la ley de amnistía, primer filtro de su tramitación

El candidato socialista a la investidura parlamentaria, Pedro Sánchez, será investido casi con total seguridad de nuevo como presidente del Gobierno el jueves con el apoyo de 179 diputados de ocho partidos. Pero este hecho sucederá sin que la proposición de ley de amnistía exigida por los independentistas catalanes haya sido aún aceptada por la Mesa del Congreso para su futuro debate parlamentario. La controvertida proposición de ley orgánica fue registrada por el PSOE el lunes, con demora sobre lo previsto y por el trámite de urgencia que reduce a la mitad en teoría los plazos habituales, pero no podrá superar su primer filtro en la Mesa de la Cámara este martes ni, por tanto, antes de la sesión y votación de investidura. El debate sobre su toma en consideración y su ratificación definitiva podría retrasarse más allá de Navidades.

El debate para la investidura de Pedro Sánchez comenzará el miércoles 15 a las doce del mediodía, con su discurso sin límite de tiempo para exponer su programa de gobierno. El dirigente socialista aprovechará ahí para desgranar las iniciativas que pretende implantar en este nuevo mandato, que volverán a tener un marcado acento social y económico, pero se verán contaminadas por el enconado clima político relacionado con la ley de amnistía que ha pactado con Junts y ERC para poder lograr su investidura.

El debate se celebrará en la tarde del miércoles y la mañana del jueves, con las intervenciones de mayor a menor por el tamaño de los representantes de todos los grupos parlamentarios y al finalizar esa sesión se producirá la votación. La previsión y la matemática de las alianzas políticas ya declaradas augura que el aspirante del PSOE superará la primera votación con 179 escaños a favor (PSOE, Sumar, ERC, Junts, EH Bildu, PNV, BNG y Coalición Canaria) frente a los 171 del PP, Vox y Unión del Pueblo Navarro. Y que, por tanto, no hará falta una segunda votación ya con mayoría simple 48 horas después. Será lo contrario de lo que le sucedió al aspirante del PP, Alberto Núñez Feijóo, en la sesión del 29 de septiembre cuando se quedó en 172 votos a favor. Sánchez será refrendado por el Parlamento como presidente 44 días después de recibir ese encargo del jefe del Estado, el rey Felipe VI, y casi 10 días antes del límite reglamentado para evitar una repetición electoral.

Pero el debate de investidura se desarrollará y solventará, en cualquier caso, antes de que se acepte siquiera la primera calificación por parte de la Mesa del Congreso de la proposición de ley orgánica de la amnistía a los líderes independentistas que ha desencallado todo este proceso. La Mesa de la Cámara, que tiene el poder para regular y ordenar los debates en el calendario parlamentario, no afrontará este martes en su reunión habitual este crucial asunto. Lo postergará para la siguiente semana porque no se registró a tiempo para incluirlo por el procedimiento normal en el orden del día y la mayoría progresista que domina ese órgano no quiere incrustarlo verbalmente (in voce), porque ese método que en teoría está permitido no agrada tampoco a los letrados que vigilan para que todas las iniciativas que se agendan estén dentro de los cauces legales. No es solo una cuestión administrativa o burocrática.

Es más que probable que el PP, que tiene cuatro componentes de los nueve de la Mesa, decida en su momento tanto plantear una “reconsideración” sobre la decisión de aceptar ese punto a ese mismo órgano, que con toda seguridad será rechazada, y a continuación eleve un recurso de amparo de esa aceptación en el Tribunal Constitucional para que lo frene. El propio PP y otras administraciones, como ya han avanzado varias autonomías gobernadas por ese partido, ya han anticipado que recurrirán más tarde la propia aprobación de la ley al Constitucional cuando sea votada definitivamente por el pleno de la Cámara. Pero para ese momento aún quedan bastantes semanas.

El primer examen sobre la legalidad para la admisión de la norma lo pasará en la Mesa del Congreso del día 21, cuando se comprobará la breve nota aclaratoria al respecto del letrado mayor, Fernando Galindo, pero será más tarde cuando a petición del propio PP el mismo secretario general de la Cámara tendrá que elaborar más que seguro un informe más extenso. El PP aprovechará ese momento para contrastar esa determinación de lo que pueda suscribir Fernando Galindo, al que sitúa próximo al Gobierno por sus cargos recientes en el Ministerio de Política Territorial, con la que tuvo en su momento el anterior letrado mayor, Carlos Gutiérrez, en marzo de 2021, ante una proposición similar de amnistía que presentó ERC, y que descartó de partida por inconstitucional. Entonces el PSOE apoyó ese rechazo con el PP y Vox. El panorama ha cambiado ahora radicalmente.

Vía de urgencia

En algunos aspectos, la proposición de ley orgánica de amnistía respaldada por la vía de urgencia por siete grupos (todos los que apoyarán la investidura de Sánchez excepto Coalición Canaria) quiere ir más rápida de lo que ha comenzado esta XV legislatura, que todavía no ha tenido siquiera un pleno solemne de apertura de las Cortes, y que no ha organizado aún ni una sesión de control al Gobierno ni reuniones de sus comisiones. Para que una ley pueda comenzar a ser debatida en un pleno, primero en una llamada toma en consideración, antes tiene que ser publicada y el Gobierno dispone en teoría de hasta un mes como plazo máximo para expresar su conformidad. El Ejecutivo sí puede reducir ese margen de tiempo a su interés. Pero ni la Mesa ni la Junta de Portavoces tienen previsto, ni esta semana ni la que viene, incluir este asunto entre las primeras iniciativas a llevar a un futuro pleno a primeros de diciembre porque ni siquiera está aprobado el calendario de sesiones y los cupos de propuestas que corresponden a cada partido para integrar esos órdenes del día.

Si el PSOE, Sumar y sus aliados deciden acelerar los tiempos y llevar esa proposición a un pleno a mediados de diciembre para su inicial consideración, luego tendría que abrirse un plazo de una semana o dos para presentar enmiendas, pasar por ponencia y comisión en el Congreso y retornar al pleno. Todos esos pasos suelen ocupar como mínimo un mes y en ocasiones, cuando al Ejecutivo de turno no le interesa, cinco o más. No será este el caso. Enero es un mes inhábil para este tipo de procedimientos habituales pero la Mesa y su mayoría progresista podrían convertirlo en útil para sus intereses. El PP, además, tiene mayoría absoluta en el Senado y va a intentar parar allí el proyecto todo lo posible.