‘Ranking’ de calidad democrática de los partidos: suspenso general en organización interna y sistemas de elección

“Las comunidades de vecinos están sometidas a una mayor regulación legal que los partidos políticos”. La frase, del libro Desprivatizar los partidos, de Joan Navarro y José Antonio Gómez Yáñez, aparece en las primeras páginas del ranking sobre la calidad democrática de las formaciones con representación parlamentaria nacional elaborado por +Democracia. La organización, integrada por politólogos y sociólogos, tiene como objetivo aportar ideas para mejorar el funcionamiento de las instituciones, y ya realizó un estudio similar en 2015, 2016 y 2017. Pese a que el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) muestra que los políticos y su comportamiento son, para la ciudadanía, uno de los principales problemas del país, ―”el primero si se suman las categorías de los problemas políticos en general, el mal comportamiento de los políticos y el Gobierno y los partidos”, como señala la presidenta de +Democracia, Cristina Monge― y pese a que el Eurobarómetro señala que la confianza en las fuerzas políticas se encuentra en España (7% en 2023) muy por debajo de la media europea (21%), las marcas del arco parlamentario no colaboraron en el examen. Solo Compromis respondió a su cuestionario. Y eso que, afirma Enrique del Olmo, sociólogo coordinador del estudio, “hubo una persecución durante semanas, por carta y por teléfono para que nos contestaran”. Para compensar esa falta de información, el equipo de investigadores consultó los materiales oficiales publicados en las webs de los partidos, entrevistó a algunos de sus dirigentes y analizó más de 700 noticias aparecidas en los medios de comunicación.

El 40% de la nota del estudio corresponde a la puntuación obtenida en el apartado “organización interna”; un 17% para los “sistemas de elección de cargos púbicos”; un 12% para los “derechos de los afiliados y su protección”; otro 12% para “transparencia”; un 10% para los “códigos éticos y responsabilidades de cargos públicos y ejecutivos” y un 9% para la “autonomía territorial”. Siguiendo ese esquema, la calidad democrática de los partidos analizados (PSOE, PP, Vox, Podemos, Comunes, Compromís, Izquierda Unida, Más Madrid, ERC, Junts, EH Bildu, PNV, BNG y Coalición Canaria) se sitúa, de media, en el 5,5, siendo los Comunes los mejor valorados (8,3) y Vox los peores (1,8). Por debajo de la media y por este orden, se sitúan el PSOE (5,4); Junts (5,3); PNV (4,9); BNG (4,8), CC (3,9); PP (2,6) y el partido de Santiago Abascal. El estudio no incluye a Sumar como tal “por su falta de definición interna”, pero analiza las formaciones con representación parlamentaria que la integran.

El estudio analiza si existe participación, transparencia y rendición de cuentas, elementos esenciales, explica +Democracia, “para que cumplan adecuadamente sus funciones”. “Nos hemos encontrado”, explica del Olmo, “que se ha avanzado en la formalización de derechos, es decir en la letra escrita, pero mucho menos en los mecanismos de distribución de poder” . El informe denuncia la “creciente voracidad de las principales fuerzas políticas” a la hora de “extender su poder más allá del que legítimamente les corresponde” y señala la “colonización y captura de instituciones” como “una de las patologías más preocupantes de la democracia española”. Ponen como ejemplos: el Consejo General del Poder Judicial [PP y PSOE aprobaron su renovación el pasado junio tras cinco años de bloqueo]; el Tribunal Constitucional, el Ministerio Fiscal, el Tribunal de Cuentas o el Consejo de RTVE [el Gobierno acaba de cambiar por decreto la mayoría parlamentaria para elegir su composición].

En la comparativa con otros países del entorno, los partidos españoles no salen bien parados. “El modelo de la Ley de Partidos y la Ley Electoral Alemana”, recuerda el informe, “garantizan la celebración de congresos cada dos años, restringen la discrecionalidad de las direcciones en su convocatoria, exigen la elección de los órganos de control del partido por sistemas democráticos, y la de los candidatos a las elecciones por los afiliados residentes en el distrito electoral”. En el caso británico, “existen reglas no escritas que obligan a que todos los años se celebren las Conferencias de los partidos y que los candidatos a diputados tengan el respaldo de los afiliados residentes en el distrito electoral”.

Por apartados, en “Organización interna”, el capítulo que analiza la periodicidad de congresos, las formas de elección de la dirección (incluyendo representación paritaria); la limitación de mandatos; la libertad de opinión y la participación ciudadana, los mejor puntuados (7,4) son los Comunes, seguidos de EH Bildu (6,4); IU (6,2), Compromís (6) y ERC (5,3). La media se sitúa en el 4,9, es decir, en el suspenso. Esa es la nota que obtienen Más Madrid, Podemos y el PSOE. Por debajo están Vox (4,3); Junts (4); PNV (3,8); BNG (3,6), CC (3,6) y en último lugar, el PP (3,6). Los investigadores aplicaron una minoración al PSOE, al PP y a Vox en este concepto. En el caso de los populares, porque no convocan su congreso nacional desde 2017 pese a que sus estatutos establecen que ha de celebrarse cada tres años. En 2018 se celebró uno extraordinario para elegir al presidente del partido, entonces Pablo Casado, tras la renuncia de Mariano Rajoy, y en abril de 2022 otro de la misma naturaleza para destituirlo y poner en su lugar a Alberto Núñez Feijóo, pero el líder del PP no tiene prisa en convocar el congreso ordinario, el de revisión ideológica y de estatutos. El pasado septiembre aseguró que su intención es posponerlo hasta 2026. Hacerlo antes, dijo, “es de partidos que pierden”. En el caso de Vox, esa resta de puntos se debe a que el comité electoral ha decidido prolongar la presidencia de Abascal hasta 2028, sin que le voten los afiliados y sin hacer públicos los avales obtenidos. En 2020 ya se optó por ese sistema de proclamación directa y en 2018, último año que se sometió a votación, el mandato se prolongó de dos a cuatro años. Los socialistas también han visto bajar su nota porque la convención política que celebraron en A Coruña el pasado enero cambió a parte de la ejecutiva federal (nueve incorporaciones), cuando, como según recoge el informe, “sólo lo puede hacer un Congreso ordinario o extraordinario convocado con ese fin”.

En el segundo capítulo, el de “derechos de los afiliados y su protección”, los mejor puntuados, con un 10 cada uno, son Junts y los Comunes, seguidos del PNV, ERC, IU y Más Madrid, todos ellos con un 7,9 y Compromís, BNG y PSOE (con un 7,1). La media en este apartado se sitúa en el 6,6. La nota más baja es para Vox (2,1), seguido de CC (2,9); PP (4,3); Podemos (5) y Bildu (5,7). En este caso fue Podemos quien perdió puntos, como recoge el informe, por “expulsiones impulsadas desde la dirección federal y que han afectado a múltiples territorios -Asturias, Madrid, Andalucía, Cataluña-, combinadas con ceses, sin las necesarias garantías internas, al no existir un órgano de disciplina con la mínima independencia garantizada”.

En cuanto a la “autonomía territorial”, la media se sitúa en el notable (7,3), siendo IU (10) el mejor puntuado. Le siguen BNG, PNV y Comunes (9); Bildu, Compromis y Más Madrid obtienen un 8; Podemos, Junts, ERC y el PSOE un 7; Coalición Canaria se queda en el 6; Vox en el 4 y la peor nota, en este caso, es para el PP, con un 3.

En el apartado de “transparencia” (de reglamentos, informes económicos, actividades del partido y de sus representantes) la media baja al 5,7. Los Comunes se llevan matrícula de honor; Compromis y Más Madrid y el PSOE rozan el 8; IU se queda en un 6,4; y el BNG, CC, el PNV y el PP, en un 5,7. Por debajo de la media se sitúan EH Bildu y ERC, ambos con un 4,3 de nota y Junts (2,9). Vox apenas llega al 0,7 de puntuación en este ámbito.

El capítulo de “Códigos éticos”, que valora la regulación de los comportamientos de los cargos orgánicos y públicos de los partidos, sus conflictos de intereses o compatibilidades, los mejor valorados, con un 10, son EH Bildu, Compromis, los Comunes y ERC. EL PSOE obtiene un 9,1 y el PP, un 7,3, si bien la normativa interna sobre esos aspectos no ha impedido que sigan estallando escándalos relacionados con el comportamiento de dirigentes políticos.

Finalmente, en el apartado que evalúa los sistemas de elección de cargos públicos, la media baja al 4,7, siendo Compromís (8,9); Podemos (7,9); Más Madrid (7,4) e IU (6,8) los mejor valorados y PNV y CC (ambos con un 0), los peores. El PSOE se sitúa ligeramente por encima de la media, con un 5,3; y el PP por debajo (2,6).

Tras analizar a la clase política en esas seis categorías, +Democracia enumera recomendaciones para mejorar la calidad democrática de los partidos. “El objetivo”, explica Monge, “es que el informe sirva como instrumento de mejora y que se establezcan cauces internos para atajar sus problemas, entre otros, para alertar de la corrupción o de posibles casos de acoso”. El equipo plantea la necesidad de que las formaciones políticas convoquen sus congresos con una periodicidad máxima de dos años para actualizar sus propuestas y renovar a dirigentes, y que se celebren, asimismo, reuniones periódicas, entre cuatro y seis meses, de los órganos de control (Juntas Directivas, Comités Federal o Regionales, Asamblea Federal o Consejos Nacionales) una vez constatado “el alto nivel de incumplimiento” de los plazos para ello previstos en los propios estatutos de los partidos, lo que ha hecho desaparecer, en algunos casos, el sistema interno de “contrapesos” a la dirección. Para garantizar el reflejo de la pluralidad, la organización propone que se instauren sistemas de elección de “proporcionalidad ponderada” que permitan el impulso de las iniciativas políticas de las mayorías a la par que procesar los matices y diferencias por otras corrientes internas. También piden que se refuerce la independencia de las comisiones arbitrales o comités de garantías, “una suerte de poder judicial del partido” y que se dote a los procesos disciplinarios de una mayor concreción, “incorporando cauces de alerta sobre posibles casos de corrupción y violencia de género, así como procedimientos para su gestión”. El reciente escándalo sobre el exportavoz de Sumar, Íñigo Errejón, ha puesto de manifiesto la falta de protocolos útiles para prevenir y castigar a tiempo ese tipo de conductas.

+Democracia también plantea la necesidad de “institucionalizar” en todos los partidos “comités de ética con independencia respecto a los órganos ejecutivos”; que se evalúe el grado de cumplimiento de los compromisos electorales adquiridos; que existan “mecanismos de rendición de cuentas de cargos ejecutivos y públicos ante sus afiliados y simpatizantes de forma sistemática y transparente” y que los sistemas de selección de los candidatos a cargos públicos “escapen al control determinante de los órganos de dirección”; mejorando los procesos de primarias, eliminando las barreras a la presentación de candidatos; creando un órgano regulador independiente de las ejecutivas y generando debates entre los aspirantes. En algunos partidos, critica el informe, “el proceso de elaboración de listas electorales es, básicamente, una cooptación sometida a tensiones entre los deseos del candidato principal y las direcciones provincial o nacional”. Finalmente, el informe propone que se establezca una limitación de mandatos.