El ex número dos de Interior, sobre la guerra sucia contra Podemos: “Desconozco si se investigó a Pablo Iglesias”

Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad entre 2013 y 2016, durante los gobiernos de Mariano Rajoy, ha negado este lunes que diese o recibiese instrucciones para espiar a los diputados de Podemos. El expolítico del PP, que fue mano derecha de Jorge Fernández Díaz durante la etapa de este como ministro del Interior, ha comparecido ante el juez Santiago Pedraz para declarar como imputado por la guerra sucia presuntamente urdida contra la formación de izquierdas entre 2015 y 2016. Martínez ha llegado a la Audiencia Nacional sobre las 10.00 y, durante cerca de una hora, ha respondido a las preguntas de la Fiscalía y de sus abogados. Según varias fuentes jurídicas, ha negado cualquier irregularidad: “Desconozco si se ha investigado a Pablo Iglesias”, ha asegurado, en referencia al exlíder de Podemos. Según ha remachado, nunca le dieron cuenta de ese tema y tampoco estaba entre sus funciones.

“Jamás, nadie me comentó nada sobre un listado de diputados”, ha dicho Martínez, después de que la Unidad de Asuntos Internos de la Policía elaborase un informe que recogía cómo miembros de las fuerzas de seguridad efectuaron 6.903 búsquedas sobre integrantes de Podemos entre 2015 y 2016, cuando el partido irrumpió en el Congreso. El exdirigente popular, que se ha negado a contestar a las acusaciones, ha establecido una especie de cortafuegos en la cúpula de la Policía Nacional y ha señalado que la “operativa policial es autónoma”: “No existe obligación de comunicación policial. Entre la gestión política del Ministerio del Interior y la operativa policial existe una independencia. Eventualmente, por relevancia pública, fluye la información”. “El ministro nunca me preguntó [por los hechos que se investigan en esta causa]”, ha apostillado, según detallan varias fuentes jurídicas.

Con esta comparecencia, Martínez ha inaugurado la batería de interrogatorios fijada por el juez Pedraz en el seno de las pesquisas abiertas por las presuntas maniobras contra Podemos realizadas en el seno de la Policía Nacional y del Ministerio del Interior en época del Gobierno de Rajoy. Además de llamar al ex secretario de Estado, el magistrado ha citado a declarar a Eugenio Pino, ex director adjunto de la Policía Nacional (máximo jefe operativo); a tres comisarios (Enrique García Castaño, Andrés Gómez Gordo y Germán Rodríguez Castiñeira); y al inspector jefe José Ángel Fuentes Gago.

En la querella que inició el procedimiento, Podemos subrayaba que un grupo de comisarios, bajo el liderazgo de Martínez, “se ocupaba de realizar investigaciones prospectivas y ajenas a cualquier interés policial” sobre los dirigentes del partido de izquierdas, sin control de un juez o de la Fiscalía. Según la formación, sobre todo ello informaban después a Fernández Díaz, y el modus operandi incluía la posterior filtración de informaciones con datos falsos a medios de comunicación —que las publicaban citando “fuentes policiales”— para desprestigiar así a la fuerza política ante la opinión pública.

Según explican fuentes jurídicas, al comenzar el interrogatorio, Francisco Martínez ha afirmado que no iba a responder nada relacionado con las conversaciones de WhatsApp que tuvo con varios comisarios (como Pino y García Castaño) y que se encontraron al intervenir su teléfono. El expolítico del PP mantiene que esos mensajes deben declararse nulos porque se obtuvieron de forma irregular, pero la Audiencia Nacional los ha validado hasta ahora. Y en ellos se observa cómo Martínez pide datos sobre miembros del partido de izquierdas. “De aquellos de Podemos que tenían antecedentes... ¿Pudiste confirmar algo?”, le preguntaba, por ejemplo, el entonces secretario de Estado a García Castaño el 30 de enero de 2016. “Pues lo pedí y voy a llamar porque no volví a preguntar. Se me pasó”, respondía el comisario. “Sería muy interesante saberlo... Y si han estado en temas abertzales, temas de extremismo violento, etc”, continuaba Martínez. Y añadía: “¿Digo que si los demás están limpios? ¿Tampoco violencia callejera, anarcas, etc.? [...] Alguno tiene que ser chungo”.

Sin embargo, este lunes, Martínez ha negado cualquier irregularidad. Pese a esos mensajes de WhatsApp, el ex secretario de Estado ha negado que diese órdenes para recabar datos de Podemos y ha rechazado que él mismo los buscase en los registros de Interior: “Yo no tenía acceso ni clave. Ni nadie de mi equipo podía acceder a bases de datos. Eso forma parte del terreno operativo”, ha afirmado a preguntas de su defensa. “Nunca he intervenido en investigaciones policiales. Yo no tenía poder para indicar nada respecto de una investigación policial”. También ha apuntado que se enteró por la prensa de la existencia del llamado informe PISA —acrónimo de Pablo Iglesias Sociedad Anónima—, un falso documento policial que afirmaba sin pruebas que Irán había financiado al partido y que se usó para atacar a Pablo Iglesias.

“Conozco el informe PISA por los medios de comunicación”, se ha escudado Martínez: “No existía ningún protocolo, ni obligación de informar [por parte de la cúpula de la Policía a los responsables políticos del ministerio]. Eso sí, por la resonancia mediática, muchas veces se comunicaban [algunos hechos]”. Pese a que carecía del sello de ninguna unidad y no lo había firmado ningún agente, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía envió el informe PISA al Tribunal de Cuentas, que lo acabó considerando irrelevante. “Se comunicó la remisión del informe”, ha admitido el ex secretario de Estado, que le ha restado relevancia a ese trámite. Pero, todo ello tuvo un enorme eco en la prensa y sirvió para atacar a Podemos.

El viaje a Nueva York

Paralelamente, en el marco de estas pesquisas, el juez Pedraz indaga el viaje que el inspector José Ángel Fuentes Gago, subordinado de Pino, hizo en 2016 a Nueva York para ofrecer protección a un exministro venezolano (Rafael Isea) a cambio de que declarara contra Podemos. Según fuentes jurídicas, Martínez ha reconocido que la cúpula de la Policía le comunicó esa iniciativa, pero ha negado irregularidades. Según ha aseverado el ex secretario de Estado, ese viaje se coordinó con la Fiscalía de la Audiencia Nacional, pero fuentes del ministerio público niegan que lo respaldasen: “Si ellos querían viajar, la Fiscalía no era nadie para autorizar ni prohibir el viaje, pero la Fiscalía no avaló ese traslado ni ninguna diligencia referida al informe PISA”, señalaron fuentes de la Fiscalía a EL PAÍS tras estallar el escándalo en 2019.

Sobre las miles de búsquedas a miembros de Podemos por parte de las fuerzas de seguridad, reseñadas en el informe de Asuntos Internos, Martínez ha alegado que nunca le informaron de esas “consultas” y que, en su opinión, estas reflejan una “operativa policial normal”. A petición del juez, la Policía trabaja desde hace meses en explicar a qué respondían esas múltiples búsquedas. Según varios análisis, varias de ellas se deben a registros automáticos por alojarse en hoteles o a labores de “contravigilancia” desplegadas por los agentes después de que miembros de Podemos denunciasen amenazas. Sin embargo, la formación política subraya que la mayoría de ellas siguen sin explicación.