El portavoz de las víctimas del Alvia: “Falló toda la Administración. Los 80 muertos daban igual. Había que proteger la alta velocidad”

Jesús Domínguez (Madrid, 52 años) sobrevivió al descarrilamiento del tren Alvia el 24 de julio de 2013 en Santiago con su mujer y sus dos sobrinas pequeñas. En estos 11 años, como portavoz de la Plataforma Víctimas Alvia 04155, ha sido la voz de una dura lucha por destapar las negligencias de seguridad que se cometieron en la línea gallega de alta velocidad. La sentencia que se ha conocido esta semana les da la razón. “La jueza ha sido valiente e independiente”, celebra.

Pregunta. ¿Por qué cree que de esta sentencia se derivan responsabilidades políticas?

Respuesta. Porque se desmonta la verdad oficial que nos quisieron vender: que el accidente no era de la alta velocidad, que el maquinista era el único responsable y que se iba a hacer una investigación técnica independiente. La Unión Europea ya había demostrado que nada de esto era verdad, pero ahora lo ha dicho una jueza. La sentencia deja claro que se incumplió la normativa dos veces. Primero, cuando se modificó el proyecto y se suprimió el [sistema más avanzado de freno] ERTMS hasta la estación de Santiago sin análisis de riesgos por las prisas para inaugurar, con el PSOE [en el Gobierno] y el ministro [José] Blanco [en Fomento]. Y cuando, también sin análisis de riesgos, se desconecta el ERTMS de los trenes (que habría alertado al maquinista) porque provocaba retrasos. Eso ya fue una responsabilidad política del PP con la ministra Ana Pastor [en Fomento].

P. De los políticos con responsabilidades cuando se inauguró la línea con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y cuando ocurrió el accidente con el de Mariano Rajoy, solo sigue en primera línea Alberto Núñez Feijóo, que presidía la Xunta en ambos momentos. ¿Qué le pide al líder del PP?

R. Feijóo dijo que el sentir de los ciudadanos era culpar al maquinista. Es uno de los que deberían pedir perdón porque fue el primero en culpar al maquinista y nos mandó a los antidisturbios el Día de Galicia para que no tuviéramos voz porque no queríamos recibir medallas, sino una investigación independiente. Está salpicado por el pacto de la curva que hicieron [el entonces líder del PSOE, Alfredo Pérez] Rubalcaba y Pastor para proteger los contratos de la alta velocidad que tenía pendientes Adif en Brasil y en La Meca. Los 80 muertos daban igual, había que proteger la alta velocidad y las negligencias que habían concurrido en la puesta en marcha de la línea. Cortabitarte [Andrés, director de Seguridad en la Circulación de Adif en el momento de la puesta en marcha de este tramo de alta velocidad] firma, pero el último garante de la seguridad es el Ministerio de Fomento. Aquí falló toda la Administración, seguramente por las prisas por inaugurar y porque los trenes llegasen lo más rápido posible. Cortabitarte es el señor que tiene que firmar, pero ha estado siempre en connivencia con el PP y el PSOE. Prueba de ello es que fue el perito del [accidente] metro de Valencia. Fue allí a decir que todo estaba bien con 43 muertos y finalmente hubo condena. Es un tipo de personaje que a veces se necesita en la Administración.

P. ¿Es ese el “aparato del Estado” al que dicen que llevan años enfrentándose?

R. Sí, pero no es nuestra opinión, son hechos. Lo primero que se hizo [tras el accidente] fue cortar y filtrar el audio [del maquinista]. Solo decía que había entrado a 190 [kilómetros por hora] en vez de a 80, pero el audio seguía y añadía que ya había advertido que esa curva era muy peligrosa. Ningún Gobierno ha repetido la investigación técnica. Hay papeles fundamentales del tema del análisis de riesgos que no se han entregado y que han aparecido cuatro años después. Los hemos entregado nosotros, no Fomento o Adif. Hemos tenido a la Abogacía del Estado en contra; la Fiscalía ha retirado la acusación en el juicio; y todo el que ha tocado esto ha sido premiado. El presidente de Renfe cuando el accidente [Julio Gómez-Pomar] en cualquier país hubiera dimitido y aquí lo nombraron secretario de Estado. Y al que era entonces secretario de Estado de Infraestructuras, Rafael Catalá, lo hicieron ministro de Justicia.

P. ¿Cómo se explica que la Fiscalía retirase la acusación contra Cortabitarte durante el juicio viendo lo rotunda que es la sentencia contra él?

R. Seguramente una llamada corporativa. [El fiscal general del Estado] Álvaro [García] Ortiz le diría al [fiscal del caso] Mario Piñeiro que quitara la acusación porque había otros intereses. Durante el juicio se vio mucho más la culpabilidad de Adif, como dice la sentencia. Pero la Fiscalía la maneja el Gobierno.

P. ¿También ve responsabilidades del actual Gobierno de Pedro Sánchez?

R. Por supuesto. No ha hecho la investigación independiente, pese a que lo hemos pedido por activa y por pasiva. Y la Abogacía del Estado depende del Gobierno y ha defendido a Adif a capa y espada. ¿Por qué no defendió al maquinista y a Renfe si también es una empresa pública? Aquí hubo una decisión que tiene que ver con defender el negocio de la alta velocidad y el Gobierno actual ha participado en ello.

P. ¿Es la sentencia “ejemplar” que pedían? ¿La van a recurrir?

R. Tenemos que hablar con el abogado. Ha sido justa en el sentido de que han quedado negro sobre blanco todas estas negligencias. Se hace justicia, pero claro, son 80 muertos y hay gente a la que una condena de dos años y medio de cárcel le parece muy poco.

P. Al margen de la causa judicial, ¿qué falta para que las víctimas del Alvia sientan que ya se ha hecho justicia?

R. Se tiene que hacer esa investigación técnica independiente. Vamos a luchar para que se haga. Además, la comisión parlamentaria se tiene que reabrir porque hay responsabilidades políticas. En una democracia se tienen que depurar las responsabilidades legales, y ya lo ha hecho la jueza; las técnicas, con esa investigación que se debe repetir; y las políticas, que se deben dirimir en el Congreso de los Diputados. Tiene que haber nuevas comparecencias porque hay nuevos datos. Feijóo debería comparecer porque fue el primero en acusar al maquinista.

P. Han estado muy solos, pero no del todo. ¿Para qué personas o instituciones tienen palabras de agradecimiento?

R. Para [la eurodiputada del BNG] Ana Miranda, que nos acompañó a Europa; para la Comisión Europea y la Agencia Ferroviaria Europea; y para la gente valiente y honesta de Adif y del Ministerio de Fomento que nos ha ayudado. Pero, sobre todo, donde nos han tratado como verdaderos ciudadanos, donde hemos sentido que vivíamos en una democracia y que nos escuchaban, ha sido en Europa. Y eso dice muy poco de nuestras instituciones.

P. Su lucha ha provocado incluso cambios legislativos que refuerzan la seguridad ferroviaria en España. ¿Ven aún riesgo de que se repita una tragedia como la del Alvia?

R. La gente tiene que ver nuestra lucha como un bien público para todos. Hemos conseguido que antes de inaugurar una línea se lo piensen. Con esta sentencia van a cambiar aún más las cosas. Estoy convencido de que un director de Seguridad, antes de firmar la puesta en servicio de una línea, se asegurará muy bien de que todos los sistemas están acordes, de que se cumple toda la normativa. Y no pasará cómo con Blanco, que [en 2011] anunció seis meses antes que la línea se inauguraría el 9 de diciembre, como si tuviera una bola de cristal. Aquí tiene que ser como en Francia: que los ingenieros le digan al ministro cuándo está todo listo y se puede inaugurar.

P. ¿Qué ha aprendido como ciudadano desde el 24 de julio de 2013?

R. Que las instituciones españolas están muy contaminadas por el poder político.