La tragedia del Alvia se salda con una condena de dos años y medio al maquinista y al cargo de Adif

Justo un año después de terminar el juicio y cuando se cumple más de una década de la tragedia, la justicia ha dictado su primera sentencia sobre el accidente ferroviario del Alvia que el 24 de julio de 2013 acabó con la vida de 79 personas en Santiago y dejó 145 heridos. El maquinista Francisco Garzón Amo y el director de Seguridad en la Circulación de ADIF en el momento de la puesta en marcha de este tramo de alta velocidad, Andrés Cortabitarte, han sido condenados a dos años y medio de cárcel por 79 delitos de homicidio y 143 de lesiones por imprudencia grave (se excluye a una persona que no acreditó que viajaba en el tren y a una menor que no requirió tratamiento médico). El fallo considera que las causas del descarrilamiento fueron, por un lado, la ausencia de medidas para mitigar el riesgo de dejar toda la seguridad en manos del conductor y, por otro, el despiste que sufrió Garzón y que le impidió frenar a tiempo al tomar la cerrada curva de A Grandeira. La indemnización que recibirán las víctimas supera los 25 millones de euros.

En una sentencia que puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial de A Coruña, el juzgado de lo penal número 2 de Santiago condena al único cargo público que se sentó en el banquillo pese a que la Fiscalía retiró sus acusaciones contra él en medio del juicio. La magistrada Elena Fernández Currás ve acreditado que el error humano de Garzón, que tomó la curva a más del doble de la velocidad permitida porque lo desorientó una llamada telefónica del revisor del tren, no fue la única razón del desastre. El Alvia llegó a ese punto a una velocidad que hacía “seguro” el descarrilamiento porque “no había nada en la vía que lo protegiese en caso de que, por cualquier causa, el maquinista no cumpliese la obligación que le imponía el cuadro de velocidades máximas”, esgrime la sentencia.

La jueza considera igual de responsables de la tragedia a Cortabitarte, que fue jefe de Seguridad de Adif entre 2005 y 2013, y al conductor del Alvia. Dictamina que ambos infringieron el deber de cuidado que sus cargos les imponían y los inhabilita para el ejercicio de sus profesiones durante cuatro años y medio. El maquinista omitió “la más elemental de las precauciones” al dedicar 100 segundos a una llamada telefónica que “carecía de urgencia” y desatender la información que le proporcionaban los documentos del tren, las señales laterales y un sonido acústico previo. Y el exdirector de Seguridad de Adif certificó la seguridad de la línea y permitió su puesta en servicio en 2011 a pesar de que el análisis preliminar de riesgos que realizó la empresa a la que se adjudicó el proyecto identificó el peligro de descarrilamiento en Angrois.

Esa compañía propuso el sistema de freno automático ERTMS para mitigar el riesgo detectado, pero esta tecnología que controla de forma constante la velocidad a la que circula el tren no se llegó a instalar. Estaba prevista en el proyecto original pero este fue modificado, el ERTMS se suprimió y Cortabitarte le dio el visto bueno al cambio. La jueza tacha de “incomprensible” que se dejase este peligroso tramo sin tan importante protección, dejando recaer toda la responsabilidad en el maquinista y “sin analizar y gestionar los riesgos en materia de seguridad” como obligaba la legislación.

La magistrada sentencia que la tragedia no se hubiera producido “no solo si el maquinista hubiera estado atento, sino también si se hubieran adoptado medidas que controlasen la velocidad del tren” en una zona donde debía reducirse de forma muy acusada o una señalización “que llamase la atención” de Garzón “de una forma más ostensible que la que había”. El fallo cita varias “soluciones técnicas viables” que hubieran evitado la tragedia de Angrois, entre ellas extender la instalación del ERTMS hasta un punto que incluyera la curva o, en caso de no contar con este sistema avanzado, colocar en la vía de señales de limitación permanente de velocidad asociadas a balizas.

La sentencia fundamenta también la condena al cargo de Adif aludiendo a los cambios que, tras el siniestro en Santiago, introdujo la empresa pública en otras zonas de España con cambios bruscos de velocidad como el que se requería para tomar la curva de A Grandeira. Se identificaron más de 300 puntos similares. “Antes no se había valorado que quien puede generar el riesgo de exceso de velocidad es un humano que puede fallar”, señala la jueza, quien subraya que sí existían fórmulas para “minimizar” el peligro de descarrilamiento en estos puntos que, sin embargo, no se adoptaron antes del accidente que mató a 79 personas en Santiago.

A los dos condenados se les impone el pago a las víctimas de 25 millones de euros en indemnizaciones, con responsabilidad civil directa de las aseguradoras de Adif y Renfe (Allianz Global y QBE, respectivamente). Se han fijado aplicando un incremento del 50% al baremo general de los accidentes de tráfico. La jueza defiende que se debe “cubrir el mayor daño moral que deriva de la vivencia de un accidente catastrófico como el ocurrido o de la angustia, zozobra y ansiedad padecida por los familiares de los viajeros que resultaron fallecidos”. Alude también a “la frustración de la confianza en la seguridad de un medio de transporte como el ferroviario”, que “hace más propensas a estas víctimas o perjudicados al padecimiento de un trauma o un duelo patológico”.

10 meses de juicio

El juicio duró 10 meses, entre octubre de 2022 y julio del año pasado, después de una instrucción que se prolongó durante ocho años. Acumuló unos 70.000 folios y dos cierres en falso del juez instructor, que tuvo que retomar las pesquisas por orden de la Audiencia Provincial de A Coruña en 2016 y 2019. Durante este tiempo, las víctimas no han dejado de ayudar en la investigación y movilizarse para exigir justicia. Las sesiones acabaron con los afectados por la tragedia gritándole “vendidos” a los abogados del Estado que ejercieron la defensa de la empresa pública Adif, en la que trabaja Cortabitarte. Su decepción también se hizo patente cuando, en medio del juicio, la Fiscalía decidió retirar su acusación contra el único cargo público procesado por el accidente.

La Plataforma Víctimas Alvia 04155 celebra ahora que la sentencia desmonte “la verdad oficial” sobre el accidente y avale su lucha por destapar la responsabilidad de la Administración en la tragedia. Supervivientes y familiares de los fallecidos denuncian que han tenido que enfrentarse a “la maquinaria del Estado” para demostrar que el siniestro no fue una mera fatalidad, sino que estuvo relacionado con deficiencias en la gestión de la línea de alta velocidad que une Galicia con Madrid. La entidad recuerda que empresas dependientes del Gobierno central demoraron durante años la entrega de documentos “vitales” para la investigación y la Xunta llegó a imponer “peritos sin experiencia ferroviaria”.

En el ámbito administrativo, la UE tumbó la investigación técnica del accidente que realizó el Ministerio de Fomento que dirigía la popular Ana Pastor por no cumplir con las exigencias de imparcialidad y despachar el siniestro sin ahondar en sus causas más profundas. Ese informe tan cuestionado no se ha repetido pese a la insistente petición de las víctimas, ni siquiera con el Gobierno de Pedro Sánchez. En el 11º aniversario del accidente que se conmemoró hace solo dos días, las víctimas ya reclamaron una condena al exdirector de Seguridad de Adif para que la tragedia “no vuelva a ocurrir”.