PSOE y Sumar ultiman una reunión de la comisión de seguimiento del pacto para reactivar la coalición

PSOE y Sumar buscan dar impulso político a la legislatura. Tras un periodo en el que el socio minoritario ha denunciado el letargo de la coalición, los dos partidos del Gobierno tienen previsto convocar la comisión de seguimiento del pacto de investidura y avanzar así en la agenda del Ejecutivo. La propuesta de constitución de este órgano, recogido ya en el acuerdo de PSOE y Sumar, fue formulada por la formación de Yolanda Díaz a comienzos de febrero y, en plena campaña gallega, quedó guardada en un cajón. Fuentes de ambos partidos aseguran ahora que la reunión, todavía sin fecha, se producirá en las próximas semanas, probablemente antes de las elecciones europeas del 9-J. Después de una etapa de incomodidad en el Ejecutivo, con las manos atadas por la renuncia a aprobar los Presupuestos de este año tras el adelanto electoral en Cataluña, Sumar prevé presentar ya en junio su propuesta propia para las cuentas de 2025. El objetivo es poder elevar la presión al PSOE para tener un acuerdo cerrado en octubre.

Según hizo público la plataforma de Díaz en la carta que envió al socio el 5 de febrero, el protocolo de funcionamiento de la coalición entre PSOE y Sumar prevé que en los primeros 30 días desde la conformación del Gobierno se constituya una comisión permanente de seguimiento del acuerdo. El plazo, no obstante, se ha superado con creces y este órgano todavía no se ha reunido ni una sola vez. La pasada legislatura, los socialistas y Unidas Podemos usaron un mecanismo similar para solventar alguna de las crisis más graves del Ejecutivo, como las diferencias por la ley de libertad sexual o en la reforma laboral. Ahora, sin embargo, los socios quieren recuperar esta iniciativa, pero con la intención de “analizar” el funcionamiento del Gobierno y escenificar que la coalición impulsa temas compartidos.

La organización de la vicepresidenta ha insistido estos días en la necesidad de “dotar de contenido la pausa” del presidente Pedro Sánchez. La idea en Sumar es que una vez resuelta la continuidad del jefe del Ejecutivo, el Gobierno debe “moverse”, salir “a la ofensiva” y legislar para “ensanchar derechos”. Una fórmula que defienden como la mejor para plantar cara a una oposición que creen que ha traspasado todos los límites. Este mismo lunes, aún con la resaca de unos resultados en Cataluña que permiten a los comunes ser llave de Gobierno, Díaz se comprometió ante su Ejecutiva a presentar esta semana su proposición de ley en el Congreso para eliminar los visados de oro a extranjeros por compra de vivienda —las llamadas golden visa—. En abril, el Gobierno había aprobado ya en el Consejo de Ministros un informe para estudiar la situación de estos permisos con la intención de avanzar en su supresión. Se trata de una de las banderas históricas del socio minoritario, que en los últimos meses ha visto cómo el PSOE hacía suyas varias de sus reivindicaciones, también el reconocimiento del Estado palestino, sobre el que Sánchez se ha movido mucho, incluso fuera de España para atraer a otros países, y un asunto en el que Sumar sigue presionando.

Tras unos meses extraordinariamente difíciles, la sensación en las filas de la plataforma de Díaz es que en los últimos tiempos han logrado sacar cabeza y marcar agenda. Además de la cuestión palestina, incluida en el acuerdo de Gobierno tras la insistencia de la formación izquierdista, se refieren también a la reforma del subsidio por desempleo del Ministerio de Trabajo; a la eliminación del Premio Nacional de Tauromaquia del Ministerio de Cultura, que dirige Ernest Urtasun; o a la reforma de la ley mordaza, registrada en la Cámara baja el viernes pasado.

El siguiente paso, además de la propuesta del grupo parlamentario para cambiar las mayorías en el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial tras cinco años del bloqueo del PP, será la negociación de los Presupuestos Generales del Estado del próximo año. Para que estos puedan aprobarse en octubre, el techo de gasto debe comenzar a debatirse en junio y llegar al Congreso un mes después. El Ejecutivo ya tiene trabajo avanzado, porque las conversaciones estaban en marcha antes de la convocatoria de elecciones catalanas. Entre las prioridades de Sumar destacan la actualización del IPREM, que es el índice empleado en España para la concesión de ayudas, subvenciones o el subsidio de desempleo; la ampliación de permisos de maternidad y paternidad remunerados hasta las 20 semanas, avanzar en la regulación de los alquileres turísticos y de temporada, el blindaje de la sanidad pública o la salud de empresas de titularidad pública como Correos o la Agencia Efe, afirman fuentes de Sumar en el Gobierno.

En paralelo, desde el Ministerio de Trabajo esperan alcanzar un acuerdo en la mesa del diálogo social sobre la reducción de la jornada laboral a las 38,5 horas “antes del verano”. El pacto de Gobierno contempla llegar hasta las 37,5 horas en 2025. Su visto bueno daría un balón de oxígeno a Díaz, que vería aprobada una de sus medidas estrella esta legislatura, y por ende, a toda la coalición. Todo un hito después de más de 40 años con la jornada laboral congelada.