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La Policía detalla un reguero de indicios contra el jubilado acusado de enviar cartas pirotécnicas al Gobierno

“Su domicilio parecía un taller”, relata un agente durante la primera jornada del juicio contra Pompeyo González, que afronta una petición fiscal de 22 años de cárcel

Pompeyo González, en el banquillo de los acusados de la Audiencia Nacional, este lunes.
Pompeyo González, en el banquillo de los acusados de la Audiencia Nacional, este lunes.J P GANDUL (EFE)
J. J. Gálvez

La Policía ha acorralado este lunes a Pompeyo González, un jubilado de 75 años acusado de enviar seis cartas con material pirotécnico en 2022 a, entre otros, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y las embajadas de Ucrania y EE UU en Madrid. Durante la primera jornada del juicio que se celebra en la Audiencia Nacional, los agentes han descrito los numerosos indicios que condujeron hasta el hombre, como restos de ADN, el tipo de sobres usados o restos de tornillería. “Su domicilio parecía prácticamente un taller”, ha resumido uno de los investigadores. “Era muy maniático. Cuando salía de casa tomaba medidas de seguridad. Y, cuando le detuvimos y redujimos [en la calle], estaba muy tranquilo y me dijo: ‘Os habéis confundido, yo soy una persona a la que le gusta la marquetería”, ha recordado otro.

La Fiscalía pide 22 años de cárcel para Pompeyo González, funcionario retirado del Ayuntamiento de Vitoria y residente en Miranda de Ebro (Burgos). Fue detenido el 25 de enero de 2023, después de que la Policía siguiera durante dos meses su pista. Según los investigadores, debido a su afinidad ideológica con el actual régimen ruso, emprendió estas acciones como muestra de rechazo al apoyo que España prestó a Ucrania tras la invasión lanzada por el Kremlin.

El juicio contra González terminará previsiblemente el jueves. La primera sesión ha arrancado con los interrogatorios a los testigos y peritos, ya que los magistrados han autorizado que el acusado declare al final de todos.

De momento, la sesión de este lunes ha resultado nefasta para sus intereses. Una quincena de agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil han desgranado las pesquisas que condujeron hasta él. Y lo han señalado sin paliativos. “Me llamó la atención la moldadora que tenía, en la que los Tedax (Técnicos Especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos) encontraron una sustancia marrón que coincidía con lo encontrado en los dispositivos [incendiarios]”, ha relatado un investigadores al tribunal, tras detallar todas las pistas halladas en su contra.

Las pesquisas empezaron después de que un artefacto estallase el 30 de noviembre de 2022 en la embajada de Ucrania, causando heridas al vigilante de seguridad. Los agentes averiguaron entonces que, solo unos días antes, se había recibido en La Moncloa uno similar dirigido al presidente del Gobierno. Y que otros paquetes parecidos —que contenían “cajas de madera manufacturadas a mano” con un “artefacto casero” pirotécnico en su interior, según el sumario— llegaron también al Ministerio de Defensa, a la embajada de EE UU, a la empresa de armamento Instalaza —fabricante de los lanzagranadas C-90 que España envió como parte de la ayuda militar a Ucrania— y al Centro de Satélites de la base aérea de Torrejón de Ardoz, en Madrid.

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“Entendimos que podía ser un tema de terrorismo”, ha incidido el policía. “Con los objetivos que habían sido atacados, ya entendíamos que el objetivo era influir en la postura que España tenía sobre Ucrania. Y, desde un primer momento, nos dimos cuenta de que podría ser la misma persona por el sobre, los sellos y la escritura”. “La [Policía] Científica nos comentó que había recogido ADN de un mismo varón en diferentes artefactos, incluido en el interior de las piezas”, ha apostillado el agente, que ha hecho hincapié en que después, una vez arrestado el sospechoso, se comprobó que “su perfil genético” coincidía con los muestras recabadas.

Pompeyo González, ante el tribunal de la Audiencia Nacional, este lunes.
Pompeyo González, ante el tribunal de la Audiencia Nacional, este lunes.

No son las únicas pruebas que señalan al jubilado. Por un lado, los investigadores han explicado que el rastro de los paquetes usados apunta a él: gracias a los matasellos, descubrieron que se enviaron desde Castilla y León; lo que les permitió reconstruir la ruta y concretar que habían partido de Miranda de Ebro. Además, el sobre utilizado se había comprado a través de una página web entre cuyos clientes constaba Pompeyo González. Los agentes también preguntaron a Amazon para ver si hallaban más coincidencias: “Y, en fechas cercanas, había comprado etiquetas idénticas a las que figuran en los sobres, bisagras como las que tenían los artefactos… Todo nos llevaba allí”, ha recalcado uno de los policías.

Al procesarlo, el juez instructor José Luis Calama enumeró más indicios hallados en el registro de su casa, como “varias varillas cilíndricas que pueden corresponder con el mismo tipo de cilindros que alojaban en su interior el pistón incendiario de los artefactos caseros; diferentes tornillos junto con muelles, similares al percutor que se utilizó en los artefactos; y taladros con brocas de precisión similares a las empleadas para su elaboración”. Los policías han destacado este lunes que, durante los seguimientos que le hicieron antes de su arresto (que incluyeron la búsqueda de pruebas entre la basura que tiraba), hallaron “256 cerillas raspadas”: “Y la cabeza de cerilla, según los Tedax, es de lo que estaba formado el artefacto”.

El sumario recogía que González consultaba de forma habitual portales de noticias financiados por el Gobierno ruso y vetados en la UE por difundir propaganda prorrusa, como Russia Today y Sputnik News, así como páginas web sobre armas y productos químicos. Y, según el ministerio público, hizo consultas en internet tales como “si la pólvora se envuelve con clavos puede explotar”; “cuánto pesa un litro de uranio”, “aprender ruso en 10 días” y “dónde se fabrican tanques en España”. “Pompeyo González, contrario al apoyo prestado a la nación ucraniana por el Gobierno de España, por el de los Estados Unidos, así como por otras instituciones radicadas en territorio nacional, con la finalidad de lograr variar esos posicionamientos, [buscaba] causar profunda conmoción en la normal convivencia pacífica de la sociedad española”, afirma la Fiscalía en su escrito de acusación.

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Sobre la firma

J. J. Gálvez
Redactor de Tribunales de la sección de Nacional de EL PAÍS, donde trabaja desde 2014 y donde también ha cubierto información sobre Inmigración y Política. Antes ha escrito en medios como Diario de Sevilla, Europa Sur, Diario de Cádiz o ADN.es.
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