El juez procesa por terrorismo al jubilado acusado de enviar cartas pirotécnicas a Sánchez y la embajada de Ucrania

El magistrado José Luis Calama ha propuesto este martes sentar en el banquillo a Pompeyo González por delitos de terrorismo, tras concluir que tenía como objetivo “alterar gravemente la paz pública” cuando envió seis cartas con material pirotécnico en 2022 a, entre otros, el presidente Pedro Sánchez (PSOE) y a las embajadas en Madrid de Ucrania y EE UU. A través de un auto de 11 páginas, el juez ha procesado a este enterrador jubilado de Miranda de Ebro (Burgos), de 74 años, y ha subrayado que quería “obligar a los poderes públicos de nuestro país” a retirar su apoyo a Ucrania en la guerra provocada por la invasión rusa.

En su resolución, Calama admite que no existen indicios de que González pertenezca a un “grupo organizado”, pero argumenta que la doctrina del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional permiten juzgarlo por delitos de terrorismo. “Es posible considerar una acción como terrorista, aunque no aparezca vinculada a la existencia de una banda, cuando tienda y tenga la entidad suficiente para alterar gravemente la paz pública, es decir, la capacidad de crear en la población la situación de alarma o inseguridad configurará la acción como terrorista”, ha subrayado la Audiencia Nacional este martes.

Precisamente, según el juez, esa era la finalidad que perseguía el jubilado de 74 años. En opinión de Calama, así lo evidencian las “acciones que se le imputan”, el “contexto en que se producen” (la guerra en Ucrania), “la viabilidad de que los artefactos estallaran (como ocurrió en la Embajada de Ucrania”, donde un trabajador sufrió lesiones) y los “destinatarios” de sus envíos. González consultaba de forma habitual portales de noticias financiados por el gobierno ruso y vetados en la UE por difundir propaganda prorrusa, como Russia Today y Sputnik News; así como páginas web sobre armas y productos químicos, según el sumario.

En libertad desde abril

Detenido en enero de 2023 después de que la Policía siguiera durante meses su rastro, Calama dejó en libertad a González este abril al descartar que existiese riesgo de fuga, de destrucción de pruebas o de que vuelva a cometer delitos. También tuvo en cuenta su “avanzada edad”. El magistrado plantea que sea juzgado por un delito de terrorismo, y otro de fabricación y empleo de artefactos explosivos con finalidad terrorista.

La investigación atribuye a González el envío de seis paquetes que contenían “cajas de madera manufacturadas a mano” con un “artefacto casero” pirotécnico, y que se dirigían a Pedro Sánchez; a la ministra de Defensa, Margarita Robles; a los embajadores de Ucrania y Estados Unidos, Sergi Pohoreltsev y Julissa Reynoso, respectivamente; al director de la empresa de armamento Instalaza, fabricante de los lanzagranadas C-90 que España envió al Gobierno de Volodímir Zelenski como parte de la ayuda militar a Ucrania; y al responsable del Centro de Satélites de la base aérea de Torrejón de Ardoz, en Madrid.

En su auto de este martes, Calama enumera también todos los indicios que cercan al enterrador. En el registro de su casa, por ejemplo, se encontraron “varias varillas cilíndricas que pueden corresponder con el mismo tipo de cilindros que alojaban en su interior el pistón incendiario de los artefactos caseros; diferentes tornillos junto con muelles, similares al percutor que se utilizó en los artefactos; y taladros con brocas de precisión similares a las empleadas para su elaboración”. A su vez, los investigadores hallaron en los artefactos restos de ADN que coinciden con el “perfil genético de González”; y solicitaron a Amazon detalles de las compras efectuadas por el sospechoso, que había adquirido “un kilo de nitrato potásico puro, cable con mecha, interruptores y filamentos de cobre y bombillas incandescentes”.

El juez remacha: “También compró pegatinas adhesivas de 100 x 50 milímetros, bisagras de 25 x 23 milímetros, toda clase de tornillería, brocas de precisión..., así como plantillas para dibujar números y letras del abecedario, etcétera”. “La comparación y análisis científico de estos productos adquiridos y los utilizados en la confección de los sobres y cajas que contenían las sustancias explosivas permite constatar que las etiquetas autoadhesivas de color blanco adquiridas son del mismo tipo que las que se colocaron en el dorso de los sobres donde se anotó el destinatario y su dirección, así como que las plantillas para dibujar números y letras del abecedario adquiridas, con una alta probabilidad, fueron utilizadas para escribir los destinatarios y direcciones de envío, entre otras similitudes”, añade el instructor.