La dirección del PP respalda la ofensiva de sus gobiernos con Vox contra las leyes de memoria

La dirección del PP respalda la ofensiva de sus Gobiernos populares con Vox contra las leyes de memoria en Castilla y León, Aragón y la Comunidad Valenciana. Aunque hay dirigentes en la cúpula popular que reconocen en privado su incomodidad por este asunto, en público la dirección de Alberto Núñez Feijóo evitó este lunes manifestar cualquier discrepancia y representó un cierre de filas con los Ejecutivos de PP y Vox. Génova defiende que las normas alternativas de memoria que están promoviendo sus Gobiernos autonómicos en sustitución de las vigentes “amplían la condición de víctimas” ―pese a que ya se acoge a todas las víctimas―, aunque marca distancias con el blanqueamiento que algunas de estas normas hacen del franquismo, “que por supuesto es una dictadura”, según defendió el portavoz del partido, Borja Sémper. La dirección del PP admite su malestar con que se imponga este marco al que le ha arrastrado la extrema derecha, que el PSOE pretende utilizar en su favor en la campaña de las elecciones vascas que comienza esta semana.

La dirección de Feijóo optó este lunes por respaldar a sus Gobiernos de coalición con Vox ante el anuncio del Ejecutivo de Pedro Sánchez de que llevará al Tribunal Constitucional la iniciativa de las autonomías bajo el control de la derecha contra las leyes de memoria democrática. Los Gabinetes de PP y Vox están derogando estas normas para sustituirlas por otras a las que han llamado “de concordia”, pese a que algunas, como la de Castilla y León, evita la palabra dictadura y sostiene que la Guerra Civil no obedeció al golpe de Estado de julio de 1936, sino a “dinámicas de enfrentamiento de años anteriores” llevadas al “paroxismo”. Ante la ofensiva de sus Gobiernos autonómicos contra las leyes de memoria, la cúpula popular considera, y así lo defendió el portavoz del partido, que los Ejecutivos de PP y Vox están en su derecho de derogar leyes y promover otras sobre esta materia, en las que además reconocen algunos aspectos positivos. Con todo, al margen de la defensa formal en público, en privado la dirección del PP pone muchos más matices al contenido de estas leyes.

“Las comunidades autónomas, lo mismo que han aprobado una ley, la pueden derogar”, argumentó ayer el portavoz del PP para legitimar la acción de sus Gobiernos sobre un asunto tan sensible como la memoria histórica. “Me llama mucho la atención”, enfatizó Sémper, “que ante leyes que pretenden ensanchar y ampliar la condición de víctimas, el PSOE se niegue. Todo lo que sea avanzar, ensanchar y llegar a más gente nos parece muy bien y razonable. ¿Hay alguien en este país que no quiera resarcir a ninguna víctima de ninguna injusticia?”. Al contrario de lo que sostienen PP y Vox, las leyes vigentes de memoria ya acogen a todas las víctimas, sin especificar bandos o ideología.

Preguntado por cuál es la posición del PP sobre que la ley de “concordia” que impulsan los socios en Castilla y León no hable ni de dictadura ni de franquismo, el portavoz del PP echó balones fuera diciendo que “desconoce” su contenido ya que “no se ha aprobado definitivamente”, y emplazó a volver a hacerle la misma pregunta cuando la ley haya llegado “al final de la tramitación parlamentaria”. Fuentes del PP no descartan que esta se modifique en el trámite parlamentario, aunque tampoco confirman que vaya a suceder así.

Sémper sí quiso ser explícito, a preguntas de los periodistas, en la afirmación de que el franquismo fue una dictadura. “Por supuesto que el régimen franquista fue una dictadura, claro que sí. Afortunadamente vivimos en una democracia y dejamos atrás una época en blanco y negro y oscura que fue la dictadura”, subrayó. El dirigente vasco recomendó al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que es quien ha anunciado el recurso al Constitucional contra estas leyes, las “lecturas” de Julián Marías, Chaves Nogales y Clara Campoamor sobre la Guerra Civil y el franquismo, “para conocer qué es lo que pasó esos años”, especifican fuentes de su entorno.

El portavoz midió sus palabras y respaldó la iniciativa política de los Gobiernos de PP y Vox, pero se cuidó de no avalar el contenido total de las nuevas leyes de “concordia” que estos están promoviendo. En privado, fuentes de la dirección popular aseguran que van a “estudiar bien” el contenido de estas nuevas normas que han puesto en marcha sus Gobiernos y afirman que “si hay algún contenido inaceptable, se manifestará”. Estas mismas fuentes subrayan que el respaldo de la cúpula se limita a que se “amplíe la condición de víctima”, aunque no está claro cómo, ya que las normas vigentes no hacen distinción entre víctimas de uno y otro bando.

La realidad es que la dirección de Feijóo se encuentra muy incómoda en este debate al que le ha arrastrado Vox. La cúpula se ha encontrado con que, coincidiendo con el arranque de un ciclo electoral de tres elecciones en los próximos tres meses ―las vascas, las catalanas y las europeas― , sus Gobiernos autonómicos han puesto el foco sobre un asunto divisivo, la memoria democrática, que no es el que Feijóo quiere para la campaña electoral. La iniciativa de PP y Vox en Castilla y León fue anunciada el pasado martes, cuando ambos grupos presentaron una proposición de ley para derogar el decreto en materia de memoria en la comunidad, aprobado en 2018. El pretexto fue que esa norma obedecía a “una visión sesgada y sectaria de la historia” y que era necesario “eliminar imposiciones ideológicas que intentan fijar una versión oficial”, según dijo Carlos Menéndez, diputado de la extrema derecha.

Sin embargo, en Génova reconocen que “el franquismo no es una prioridad” para la dirección popular, más interesada en que se hable del caso Koldo que afecta al PSOE o de las cesiones del Gobierno a los independentistas. Pero los Gobiernos con Vox, como ya pasó en la campaña de las generales de julio, se vuelven a interponer en la campaña del PP.