Tres meses a la espera de la Comisión de Venecia y un dictamen que desinfla el plan internacional del PP contra la amnistía
El informe del órgano europeo sobre la ley de amnistía partió de una petición del PP y el Senado para que se pronunciase sobre la norma
El Consejo de Europa ha sido también, a elección del PP, uno de los escenarios de fondo de la refriega política en torno a la ley de amnistía, la norma más polémica en lo que va de XV legislatura, una norma marcada por un trámite complicado que, a la espera del Senado, este jueves obtuvo el visto bueno del Congreso tras una prolongada y agónica negociación del PSOE con los partidos independentistas catalanes. La Comisión de Venecia, un órgano consultivo y no ejecutivo, dependiente de la institución europea ajena a la Unión Europea, ha concluido su dictamen final, que se ha conocido este viernes tras difundirse a principios de marzo un borrador.
Entonces y ahora, los socialistas han interpretado la opinión, no vinculante, del organismo como un refrendo a la medida de gracia y los populares, como un varapalo al Gobierno. Con el dictamen, llega a su fin una de las estrategias de internacionalización de la polémica emprendida por los populares, que además de recurrir a la Comisión de Venecia, han instando a la Comisión Europea a que se pronuncie, pero esta aguardará para hacerlo hasta que la ley sea finalmente aprobada tras el trámite en el Senado y su previsible devolución y aprobación en el Congreso. Además, los populares, con el apoyo de Vox y Ciudadanos, instaron un debate del Parlamento Europeo el pasado noviembre.
La Comisión de Venecia señala que la proposición de ley “ha profundizado una honda y virulenta división” en varios estamentos, pero no vulnera la separación de poderes, siempre y cuando quede en manos de los jueces la aplicación de “los criterios generales de la ley” a los “casos específicos”, y además, aunque recomienda que se hubiera aprobado por una mayoría cualificada —mayor apoyo que la mayoría absoluta— no considera necesaria una reforma constitucional, como entendían los populares.
Estos son los principales hitos del recorrido del informe, con el prolegómeno de la presentación del PSOE hace cuatro meses de su proposición no de ley.
13 de noviembre de 2023. Se presenta la proposición de ley. Con el Gobierno aún en funciones, el PSOE registró en el Congreso en solitario, sin las firmas de sus socios de investidura, la proposición de ley de amnistía, una de las exigencias de los dos partidos independentistas catalanes presentes en el Congreso. Se pide y se logra que se tramite por el procedimiento de urgencia, a lo que se opusieron los populares. En el Senado, por donde tendrá que pasar la norma, el PP se valió de su mayoría absoluta para cambiar el reglamento y que el texto siga el trámite ordinario.
8 de diciembre. El presidente de la Asamblea Parlamentaria pregunta sobre las amnistías. El entonces presidente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (PACE), Tiny Kox, solicitó a la Comisión de Venecia un estudio sobre los requisitos del Estado de Derecho que una amnistía debería cumplir. Preguntaba —en general, no específicamente sobre la norma española— por las consecuencias de la eliminación de responsabilidad penal de los autores del procés, sobre si cabía otorgar amnistía por delitos de terrorismo si aún no se había dictado una sentencia final, acerca de si cabían bajo el paraguas de la medida de gracia la malversación y la corrupción, si la norma impedía la actuación de los jueces y si su citación a comparecer en las comisiones parlamentarias ponía en peligro la independencia del Poder Judicial y la separación de poderes.
13 de diciembre. El Senado pide a la Comisión que evalúe la norma. Un día después de que el Congreso aprobara el trámite de la proposición de ley, el presidente del Senado, el popular Pedro Rollán, en representación de la Mesa del Senado, en la que el PP tiene mayoría absoluta, pidió a la Comisión de Venecia que se pronunciara de manera urgente sobre la proposición de ley del PSOE. Los populares afearon que se había lanzado “a costa del consenso parlamentario” y que, además, suscitaba “rechazo” en la sociedad y en el mundo jurídico. A la petición del Senado se sumaban otras, también de la Cámara alta, para pedir al Consejo General del Poder Judicial y al Consejo Fiscal sus pareceres.
15 y 16 de diciembre. Se acepta el encargo. El órgano asesor del Consejo de Europa aceptó la petición de la Cámara alta en su reunión del 15 y 16 de diciembre. También dentro de este plazo se comprometió a elaborar otro informe a partir de las preguntas del presidente de la asamblea parlamentaria del Consejo de Europa. El organismo se dio un plazo máximo para ese dictamen coincidiendo con en la sesión plenaria de este mes de marzo, que se celebra este viernes y mañana sábado.
22 de diciembre. Elegidos cinco relatores internacionales. Después de señalar que el informe se haría por la vía de urgencia tal y como había pedido el Senado, la Comisión de Venecia se lo encargó a cinco relatores: Marta Cartabia (exministra de Justicia de Italia), Philip Dimitrov (ex primer ministro de Bulgaria), Regina Kiener (catedrática de Derecho Constitucional de Suiza), Martin Kuijer (consejero en el Tribunal Supremo de los Países Bajos) y José Luis Vargas (magistrado del Tribunal Electoral de México).
Del 7 al 9 de febrero de 2024. La Comisión visita España. Los cinco relatores del informe y a la secretaria de la Comisión de Venecia, Simona Granata-Menghini, se reúnen en Madrid con los representantes del Consejo General de la Abogacía; el ministro de Justicia, Félix Bolaños; la Comisión de Justicia del Congreso; el Consejo General del Poder Judicial; el presidente del Senado y los representantes de los grupos parlamentarios en la Cámara alta; el Fiscal General del Estado y el presidente del Tribunal Constitucional; académicos y representantes de la Generalitat. Ahí no acabó la información recabada, porque también recibieron documentos, además del Ministerio de Justicia, de partidos como ERC, Junts, Sumar y Vox. Para entonces, la norma ya ha sufrido un gran revés. El 30 de enero, el Congreso dijo no a la ley por la oposición de Junts, que paralizaba así la tramitación tras no obtener más cesiones del Gobierno; el texto volvió a la Comisión de Justicia para una nueva negociación.
1 de marzo. El borrador del dictamen llega a los medios. El borrador del dictamen provisional en el que el organismo respaldaba de manera genérica la posibilidad de una ley de amnistía como la que se tramita en las Cortes, al considerar que “la unidad nacional y la reconciliación social y política son objetivos legítimos” de estas medidas de gracia que se dan en la mayoría de los países, señala el borrador del dictamen del órgano jurídico del Consejo de Europa, al tiempo que criticaba aspectos de la norma y su tramitación, en especial que se tramitase por la vía de urgencia y que, contrariamente a lo deseable para una medida de gracia de esa envergadura, hubiera podido causar una división “profunda y virulenta” que la medida de gracia propuesta ha creado tanto entre la clase política como en otros estamentos de la sociedad española. El presidente del Senado, Pedro Rollán, se quejó de que el texto llegara a los medios de comunicación, lo que atribuyó a una filtración del Gobierno.
15 de marzo. La Comisión concluye su dictamen definitivo. Una semana después de que la Comisión de Justicia del Congreso aprobase la amnistía tras admitirse las últimas exigencias de Junts y un día después de que la norma quedase refrendada en el pleno de la Cámara baja, este viernes se han conocido los cambios finales sobre el dictamen, dentro de los plazos previstos y a tiempo de que se incluyeran en el plenario de la Comisión de Venecia, que se celebrará estos 15 y 16 de marzo, una de sus cuatro reuniones anuales. El órgano consultivo respalda el objetivo general de la búsqueda de la reconciliación, señala que no se requiere que la norma se adopte a través de una reforma constitucional —aunque precisa que habría sido deseable que se aprobara por una mayoría mayor que la mera mayoría absoluta— y apunta que no violenta la división de poderes si son los jueces los responsables de aplicarla. Incluye, como críticas, que la ley “ha profundizado” la división de la sociedad española, y que en su texto definitivo se amplíe en dos meses, entiende que sin explicación, el plazo temporal de los hechos que quedarán eximidos por la medida de gracia, por lo que pide que “se restrinja y se defina de manera más precisa el ámbito de aplicación”.
