La Fiscalía destapa un pelotazo de nueve millones en otro ‘caso mascarillas’ que implica a un ex alto cargo canario del PP

El Juzgado de Instrucción número 5 de Las Palmas ha admitido a trámite la querella de la Fiscalía Provincial contra cuatro empresarios que supuestamente defraudaron al fisco los beneficios obtenidos por la venta de productos sanitarios durante la pandemia al Servicio Canario de Salud. Entre los acusados se encuentran el actual presidente y propietario de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, y un ex alto cargo del PP canario, Lucas Bravo de Laguna, exalcalde del municipio Santa Brígida y exconsejero del Cabildo de Gran Canaria.

La Fiscalía relata en su querella cómo el Servicio Canario de Salud pagó 15,8 millones de euros durante el primer año de la pandemia a la empresa Damco, con sede en Madrid y que hasta ese año carecía de actividad (declaró 1.299 euros de ingresos en 2019 y 0 euros en 2018, pero en 2020 facturó 18 millones). Damco y Tanoja (ambas tienen como administrador único a Noel Jamal) cobraron del Servicio Canario de Salud 22,9 millones de euros por la venta de mascarillas y otro material sanitario de protección para su distribución en los hospitales canarios. De esa cantidad facturada por una empresa en Madrid, sin experiencia en la venta de productos sanitarios y sin apenas actividad en los años previos a la adjudicación, 9,1 millones acabaron en los bolsillos de tres empresarios, a los que la Fiscalía considera meros intermediarios.

Miguel Ángel Ramírez ingresó a través de su empresa Tabaiba (sin actividad en los años previos a la pandemia) 9,1 millones de euros, y repartió esas ganancias con la empresa de Lucas Bravo de Laguna, que recibió entre 2020 y 2021 más de 2,3 millones de euros. Estas ganancias de Bravo de Laguna y Ramírez fueron declaradas al fisco acogiéndose al RIC, un incentivo fiscal canario que permite no tributar hasta el 90% de los beneficios netos, según la Fiscalía. “Ocultaron percepciones elevadas de rentas que no obedecen al desarrollo de una actividad económica sino a contactos personales de Miguel Ángel Ramírez y Lucas Bravo”, señala la querella admitida a trámite por la juez, que ha citado como imputados al empresario presidente de la Unión Deportiva Las Palmas y al ex alto cargo del PP, que ahora milita en el partido Unidos por Gran Canaria.

Lucas Bravo de Laguna fue alcalde del PP en Santa Brígida (18.510 habitantes, el municipio con la renta más alta del archipiélago) y consejero del Cabildo de Gran Canaria. Es hijo de José Miguel Bravo de Laguna, expresidente del Parlamento de Canarias, del Cabildo insular, exdiputado en el Congreso y exlíder del PP en las islas y actual alcalde de Santa Brígida. Junto a su padre, abandonó el PP y fundó el partido Unidos por Gran Canaria, con el que consiguió un escaño como diputado regional en la pasada legislatura gracias a su alianza con Coalición Canaria. Miguel Ángel Ramírez es uno de los principales empresarios canarios, y opera, fundamentalmente, en el negocio de la seguridad y los servicios a empresas. Se ha visto inmerso en distintas polémicas judiciales. En 2010, fue condenado a tres años de prisión por un delito de ordenación del territorio del que fue indultado por el Gobierno del PP. Posteriormente, se vio implicado en un caso de fraude fiscal. Durante la instrucción, el empresario fue citado en los juzgados por el juez Salvador Alba, que había sustituido a la instructora, la magistrada Victoria Rosell, quien había dado el salto a la política de la mano de Podemos. Alba le ofreció ayuda en su caso si colaboraba con él contra Rosell, Ramírez grabó esta conversación sin que el juez lo supiese, y gracias a esa grabación, el juez acabó condenado a seis años de cárcel por conspirar contra su antecesora.

La Fiscalía señala que no descarta en su querella que “junto con los delitos de defraudación tributaria enumerados pudieran concurrir indicios de blanqueo de capitales, corrupción y malversación”. El escrito señala que las empresas propiedad de Ramírez y Bravo de Leguna no tenían experiencia en el sector “o capacitación con relación al material sanitario”. Pero, también, esas empresas “carecían de activo y de personal para desarrollar la actividad supuestamente realizada, además de tener objetos sociales distintos del que había correspondido”. La Fiscalía señala que las personas que cobraron de Damco esos 9,1 millones de euros “por la supuesta prestación de servicios” no han podido acreditar que los hicieran y que “por contra, consta que fueron asumidos por Damco”. “La necesidad de intervención de Ramírez y Bravo de Laguna no se vislumbra en forma alguna, no asumieron riesgo alguno por la actividad empresarial que dicen haber desarrollado (...) Sus empresas no han asumido riesgo alguno, puesto que en caso de que las mascarillas no llegaran o lo hicieran defectuosamente lo asumía Damco”.

La Fiscalía no aclara el sistema por el que el Servicio Canario de Salud adjudicó a Damco, un proveedor sin actividad en los años anteriores, contratos multimillonarios durante 2020 y 2021.

Ramírez ha emitido un comunicado en el que ha insistido en que nunca ofertó productos sanitarios al Gobierno de Canarias y ha remarcado que la Fiscalía solo lo denuncia por delito fiscal. “Lamento profundamente que alguien pueda afirmar que no se entregaron diez millones de euros en material contratado a cualquiera de las empresas mencionadas”, afirma la nota del empresario. “Esta afirmación es rotundamente falsa. Se entregó todo el material contratado en perfecto estado, condición indispensable para satisfacer los pagos”.