Familiares de los secuestrados por el hijo de Obiang acusan al dictador de “revictimizarlos y aumentar su dolor”

Revictimización y disparate jurídico. Con estas palabras definen los familiares de los cuatro opositores a Teodoro Obiang Nguema, secuestrados y torturados por el hijo del dictador, el ofrecimiento de Guinea Ecuatorial de iniciar acciones en los tribunales de la antigua colonia española contra la cúpula del Ministerio del Interior investigada en España por delitos de terrorismo y lesa humanidad. Tras negarse el juez Santiago Pedraz a seguir investigando el caso y ceder la jurisdicción al país africano, todos ellos han rechazado ante el magistrado la oferta de personarse en una supuesta causa abierta allí contra los querellados. El ofrecimiento de las autoridades guineanas lo consideran una “revictimización que aumenta deliberada e inhumanamente su dolor. Porque el victimario nos ofrece acciones penales a los familiares mientras mantiene a las víctimas directas en su jurisdicción privadas de todos sus derechos y en situación de desaparición”.

Carmelo Ovono, el hijo del dictador, Nicolás Obama, ministro del Interior, e Isaac Nguema Endo, director de Seguridad, están siendo investigados en España por delitos de secuestro y torturas con finalidad terrorista. Los cuatro opositores —Feliciano Efa Mangue, Julio Obama Mefuman, Martín Obiang Ondo y Bienvenido Ndong Ondo— fueron secuestrados mediante engaño, en noviembre de 2019, en Yuba, capital de Sudán del Sur, trasladados en el avión del presidente Obiang a la ciudad guineana de Mongomo, ingresados en las celdas de la prisión Oveng Azem y torturados. Se los sometió a juicio por un supuesto golpe de Estado y fueron condenados a penas de entre 60 y 90 años. Obama, de 61 años y doble nacionalidad, española y ecuatoguineana, falleció en enero del año pasado en circunstancias no aclaradas. Los cuatro eran residentes de larga duración en Madrid y dos ostentaban la nacionalidad española.

“Disparate jurídico”

En representación de los tres supervivientes acudieron, el pasado día 26 de enero al Juzgado Central de Instrucción Número 5 que dirige Pedraz, Pedro Efa, hermano de Feliciano, Silvia Bindang, esposa de Bienvenido, y Soledad NIkene Nguema, mujer de Martin. Los tres son querellantes contra el hijo del autócrata y los dos altos cargos de su gobierno. Todos denunciaron en representación de sus familiares ya que la ley solo lo permite en los casos de muerte o desaparición, situación en la que se encuentran los tres opositores. El ministerio de Asuntos Exteriores no ha logrado visitarlos ni conocer su estado de salud desde hace más de año y medio. Durante meses el Gobierno de Guinea Ecuatorial ocultó y mintió a las autoridades españoles sobre el paradero de los secuestrados.

“Encontrándose mi familiar, la víctima directa de los hechos, a disposición de las autoridades de Guinea Ecuatorial, es un auténtico disparate jurídico que me hagan ofrecimiento de acciones a mí, su familiar, para que querelle en su nombre y representación en la jurisdicción donde se encuentra la propia víctima directa, mi familiar. Este dislate jurídico que se remite desde Guinea Ecuatorial quien niega toda la información sobre las víctimas que se encuentran en su jurisdicción a nuestras autoridades, pero a la vez ofrece acciones a sus familiares en el extranjero, delata las intenciones de esas autoridades, que no son otras que garantizar la impunidad de los responsables. El victimario nos ofrece acciones penales a los familiares mientras mantiene a las víctimas directas en su jurisdicción privadas de todos sus derechos y en situación de desaparición”, señalan en su declaración.

Las dos esposas y el hermano de los secuestrados llegan aún más lejos y denuncian que además de ignorar su paradero no saben “ni siquiera si están vivos”. El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas del Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha abierto una causa para investigar su paradero. El Parlamento Europeo y el Congreso de los Diputados, por unanimidad ha reclamado su puesta en libertad y la repatriación del cadáver de Julio Obama.

Reproches al juez

Los familiares de los opositores a Obiang critican la petición de la Justicia guineana de que se le remita toda la información que obra en el sumario. “Nuestros familiares remitieron desde la prisión de Oveng Azem audios, vídeos y textos muy sensibles, e incluso testigos protegidos huyeron del país parar traer ese material a este juzgado, jugándose todos ellos la vida. Si este órgano judicial accediera a dar traslado de esa información es evidente que la vida de nuestros familiares y de los testigos protegidos quedaría en peligro, siendo claramente responsabilidad de este órgano judicial de producirse algún daño”.

Tanto el fiscal Vicente González Mota como la representación letrada de las víctimas se han opuesto a la decisión del juez Pedraz de ceder la jurisdicción del caso a Guinea Ecuatorial. La decisión final depende ahora de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional a la que han recurrido en apelación. Para salvar de la acción de la justicia francesa a su hijo Teodorín, actual vicepresidente, el dictador protagonizó en 2017 una maniobra idéntica en el denominado caso de los bienes mal adquiridos. Los jueces franceses no admitieron el engaño y fue juzgado y condenado en ausencia a tres años de cárcel por blanqueo de capitales. Se le confiscaron todos sus bienes en Francia. Teodoro Obiang, padre del principal investigado, es, en tanto Jefe del Estado, el presidente del Consejo Superior del Poder Judicial y máxima autoridad. La Constitución ecuatoguineana le atribuye, además, la potestad de nombrar y separar del cargo al fiscal general de la república.

Pese a que las víctimas han presentado una declaración de Juan Carlos Ondo, expresidente de la Corte Suprema de Guinea Ecuatorial, en la que relata como Obiang le encargó simular la apertura de una causa contra Teodorín Obiang para salvarlo de su juicio en París, el juez Pedraz afirma en sus autos que no hay indicios para dudar de la justicia guineana.

Familiares de los secuestrados y opositores al régimen del dictador se manifestaron ayer frente a la Audiencia Nacional pidiendo que España siga investigando el caso. Cuando el juez Pedraz abandonaba el edificio le abordaron y reprocharon su cesión de la investigación a Guinea Ecuatorial. Minutos más tarde, sobrinas de uno de los desaparecidos se encararon con el instructor en la terraza de un restaurante de la madrileña calle de Almagro, próxima a la sede judicial, donde el juez acostumbra a reunirse con Javier Gómez Bermúdez, abogado del hijo de Obiang, de los otros dos altos cargos investigados, y excompañero del magistrado en la Audiencia Nacional. Pedraz, abandonó el local sin responder, según testigos presenciales. Un portavoz de los organizadores de la concentración señaló que reprueban la iniciativa de esta familiar y puntualizó que es “ajena” al desarrollo acto. “Entendemos el sufrimiento de las familias, lo están pasando muy mal, pero no aprobamos esta clase de comportamientos”, dijo.

Investigación@elpais.es