Pedro Sánchez se abre a explorar la ‘fórmula Guilarte’ para renovar el Poder Judicial si fracasa su cita con Feijóo

El presidente Pedro Sánchez contempla “poner sobre la mesa” la fórmula Guilarte para renovar el caducado órgano de gobierno de los jueces si fracasa la negociación con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. La fórmula fue detallada por el actual presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, en un artículo en EL PAÍS. La propuesta consiste en quitarle al CGPJ su principal competencia sobre nombramientos de presidentes de audiencias y tribunales superiores y de magistrados del Tribunal Supremo. Se trata de la función más atractiva y más codiciada para los principales partidos políticos y origen de la actual disputa. Sánchez intentará antes de Navidades agotar las opciones de una negociación con el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, con una reunión bilateral para buscar una salida al actual atasco judicial, que ha provocado 85 vacantes sin cubrir en los tribunales más relevantes del país por la reforma legal que impulsó el Gobierno en 2021 para prohibir al CGPJ hacer nombramientos con el mandato caducado. El presidente ofrecerá también en esa reunión con Feijóo pactar una reforma del artículo 49 de la Constitución para sustituir el término “disminuidos” por el de “personas con discapacidad” y otro acuerdo sobre la revisión del modelo de financiación autonómica. Feijóo irá a esa cita cuando le llamen, pero en el PP son algo más que escépticos sobre cualquier acuerdo ahora con el PSOE de Pedro Sánchez.

El líder del PSOE tiene la sensación política, en estos días de gran ruido y confrontación con el principal partido de la oposición en el inicio de la legislatura, de que “Alberto Núñez Feijóo sigue con la idea de que está en una carrera de 100 metros y todavía no ha asumido que esto va para cuatro años”. Sánchez explicó así a los periodistas, con esa metáfora deportiva y durante un corrillo tras los actos institucionales del 45 aniversario de la Constitución, que tiene previsto afrontar todos los retos pendientes del panorama político español, sin prisa pero sin pausa. En ese catálogo entra desde la renovación pendiente hace cinco años del Consejo General del Poder Judicial, a los presupuestos y la situación económica, y por supuesto el conflicto territorial.

El presidente desgranó en ese apartado territorial tanto la necesidad que le requieren la mayoría de los presidentes autonómicos de otro modelo de financiación, como la resolución de la crisis catalana y una mayor explicación de la ley de amnistía, además de por la evidente necesidad de los siete votos de los diputados de Junts, también para resolver los problemas provocados tras algunas actuaciones en Cataluña en aquella fase final del proceso independentista. Sánchez entiende que la amnistía puede acabar siendo ahora la precipitación de una solución que tarde o temprano tendría que abordarse con “una salida beneficiosa para todos sobre un asunto de Estado” que afectó en 2017 no solo a relevantes actores políticos, algunos juzgados y condenados y otros fugados de la Justicia, pero también a directores, profesores de colegios y ciudadanos de a pie.

El líder socialista dice tener la intención de afrontar esos temas cruciales con Feijóo en una cita que tendrá con el presidente del PP antes de las Navidades. Su gabinete en La Moncloa llamará al del dirigente popular en los próximos días para señalar ese día en la agenda. Feijóo no pondrá problemas para esa reunión, pero sí sobre los asuntos en discusión.

Sánchez cree que sería bueno, para la imagen de España, el cumplimiento de la Constitución y hasta “para reforzar la autonomía de Feijóo”, que PSOE y PP pudieran cerrar con urgencia un acuerdo para renovar el órgano de gobierno de los jueces. Defiende que lo va a intentar de nuevo, aunque este miércoles recordó con detalle en el Congreso los tres intentos anteriores en los que el pacto estaba cerrado, dos con el liderazgo en el PP de Pablo Casado y otra hace un año con Feijóo, y al final en todos los casos se frustró. También, constata como algo “absurdo” que Feijóo pueda pretender llegar así hasta las próximas elecciones, dentro de cuatro años, y si entonces pierde continuar paralizando sine die el Consejo. El Gobierno y el PSOE se sienten respaldados tras las últimas manifestaciones expresadas en Bruselas por el comisario de Justicia, en el sentido de que primero debe resolverse la renovación y luego, inmediatamente, estudiar otros modelos de elección del Consejo.

El jefe del Ejecutivo va a realizar un último intento de consenso con Feijóo, no se plantea modificar la actual necesidad de una mayoría de tres quintos de las Cámaras como sí hizo en el pasado para lanzar las propuestas de los vocales avalados por el Congreso y el Senado, pero sí se abre a estudiar otras alternativas si esa negociación in extremis fracasa. El presidente hasta concedió que “está sobre la mesa” la llamada vía Guilarte, que es la que propuso el actual responsable interino del Consejo en un artículo el pasado fin de semana en EL PAÍS.

Vicente Guilarte, elegido vocal hace 10 años a propuesta del PP, detalló en esa tribuna una solución que consistía básicamente en despojar al CGPJ de la competencia clave, que le permitía hasta hace dos años y medio nombrar a los presidentes de los tribunales superiores de justicia, de las audiencias provinciales, de la Audiencia Nacional, a dos magistrados del Tribunal Constitucional y a todos los nuevos magistrados del Tribunal Supremo. Con la vía Guilarte esa competencia quedaría en manos de los propios jueces en audiencias y tribunales superiores y en una especie de comisión de notables integrada por magistrados y otros juristas para cubrir las vacantes del Supremo. Tras despojar al CGPJ de esta función clave, que permitió en los años de mayoría absoluta del PP en el Gobierno dar un vuelco, por ejemplo, a la composición de la sala de lo Penal —se pasó de un equilibro entre magistrados de sensibilidad progresista y conservadora en 1996 a una mayoría aplastante conservadora que se mantiene— la solución de Guilarte conserva el sistema de elección de los 20 vocales —12 jueces y ocho juristas de reconocido prestigio— por parte del Congreso y del Senado por una mayoría de tres quintos.

Feijóo se reunirá con Sánchez si este le llama, según confirmaron fuentes de la dirección popular, que, sin embargo, son muy escépticas sobre las posibilidades de un acuerdo sobre el CGPJ. “No se puede establecer una negociación desde el engaño y la mentira”, afirman en el entorno del líder del PP. Fuentes del equipo de Feijóo precisan que “las posiciones de las dos partes siguen en el mismo punto, sin novedad” —con el PP y el PSOE enfrentados por un cambio de modelo en el método de elección de los vocales del consejo— y aseguran que los populares no piensan moverse de la suya. “Hay un dique en favor del poder judicial y ese dique tenemos que mantenerlo firme”, subrayó Feijóo a su llegada este miércoles al acto por el día de la Constitución.

El PP recibe con frialdad también la propuesta Guilarte. “¿Eso lo defienden todos los vocales? A mí me gusta la propuesta que defiendan todos, no solo el presidente”, dijeron en el entorno de Feijóo, que rechazan entrar en otras opciones y ven la suya como “clara” e inamovible. Tampoco ven visos en el PP de un pacto para reformar el artículo 49 de la Constitución, pese a que el texto del acuerdo “está ya hecho” porque ambos partidos lo negociaron en la legislatura pasada y habría salido adelante si no se hubieran disuelto las Cortes. Fuentes de la cúpula popular, sin embargo, entienden que ahora “no hay garantías” para abordar una reforma constitucional, aunque sea limitada a ese artículo. “El problema es el contexto por los acuerdos del PSOE con los partidos independentistas”, dicen fuentes al más alto nivel del PP.

Sobre la financiación autonómica, el obstáculo para la conversación entre Sánchez y Feijóo es que este último no puede comprometer un acuerdo por todos sus presidentes autonómicos, que reclaman autonomía y manos libres para negociar con el Gobierno este asunto, según fuentes de estas presidencias. Los barones populares instan, en cambio, a que Sánchez convoque una Conferencia de Presidentes para abordar esta cuestión, y sus posiciones tampoco están alineadas con una división clara entre las comunidades del norte y las del sur de España.