Los fiscales conservadores fuerzan a García Ortiz a debatir el respaldo a los fiscales del ‘procés’ frente al ‘lawfare’

El Consejo Fiscal, el máximo órgano asesor del fiscal general del Estado, analizará en un pleno extraordinario los dos asuntos que en los últimos días han avivado el enfrentamiento con el sector más conservador de la carrera: la proposición de ley de amnistía y el amparo a los fiscales del procés. La Asociación de Fiscales (AF), la mayoritaria y de tendencia conservadora, ya había exigido hace unos días la convocatoria de una sesión para pronunciarse sobre la amnistía, a la que ahora han sumado la petición de que el órgano exprese su “amparo, reconocimiento y respaldo” a la actuación de los miembros de la Fiscalía en todos los procedimientos vinculados o derivados del procés. La reunión se celebrará, señalan fuentes fiscales, cuando Álvaro García Ortiz tome posesión de su cargo, después de que el Consejo de Ministros apruebe el próximo martes su renovación. En una reunión con fiscales de toda España celebrada este jueves en Córdoba, el jefe de la Fiscalía pronunció sus primeras palabras en público tas confirmarse que permanecerá en el cargo: “Quiero dejaros claro y quiero dejar muy claro a todos vosotros, a todos los fiscales, que siempre tendréis al Fiscal General del Estado al frente y en defensa de la carrera”, ha afirmado García Ortiz.

La renovación del fiscal general llega en uno de los momentos de más crispación dentro de la carrera desde que accedió al cargo, en septiembre de 2022. De ahí que sus palabras este jueves ante una reunión de fiscales de lo civil se interpreten como un intento de tender la mano a la carrera. “Yo y lo que me quede de mandato, soy la primera garantía de autonomía y de respeto al trabajo realizado antes, ahora y siempre”, les ha dicho García Ortiz, para quien este respaldo tiene que servir de instrumento “para que todos y todas las fiscales de España estén tranquilos y que lo estén en todos sus ámbitos de actuación”.

Las palabras del fiscal general se entienden en un contexto en el que, desde hace algunas semanas, el sector más conservador de la carrera acusa a García Ortiz de estar siendo equidistante respecto a las supuestas amenazas que, a su juicio, siembran la proposición de ley de amnistía y las referencias del acuerdo de PSOE y Junts al lawfare, el término con el que se describe un uso espurio de la justicia con fines políticos. El fiscal general ha rechazado pronunciarse sobre estos asuntos hasta que no haya un texto legal definitivo, pero la AF ha conseguido forzar un pleno extraordinario para analizar la proposición de ley. En esta sesión, que todavía no tiene fecha pero se celebrará cuando García Ortiz tome posesión, se unirá otro punto en el orden del día, por exigencia de los seis vocales de la AF en el Consejo Fiscal, para expresar amparo a los fiscales del procés.

En un escrito enviado a la jefa de Inspección, María Antonia Sanz, para formalizar esta petición, sostienen que con el acuerdo de PSOE y Junts y la proposición de ley de amnistía “se ha puesto en entredicho la adecuación a los principios constitucionales de los fiscales que han intervenido y aún siguen interviniendo en los procesos judiciales afectados por tal proposición”. Los seis fiscales (Jorge Andújar, María Isabel Gómez, Eva Más, Miguel Rodríguez, Beatriz Sánchez y Roberto Valverde Megías) vinculan esta petición a lo ocurrido el pasado día 16 en la Comisión de Justicia del Parlament de Cataluña, en la que el teniente fiscal de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Cataluña, Pedro Ariche, fue acusado por el diputado Joaquim Jubert, de Junts, de vulnerar la presunción de inocencia en varios casos relacionados con el procés.

En el escrito remitido a la jefa de Inspección, los seis vocales señalan que “el cuestionamiento de la sujeción a los principios constitucionales de legalidad e imparcialidad de los fiscales se extiende a lo largo de toda la Carrera Fiscal”, desde los fiscales del Tribunal Supremo, pasando por las Fiscalías ante el Tribunal Constitucional, de la Audiencia Nacional o del Tribunal de Cuentas y llegando a todas las Fiscalías de Cataluña. “Y, por supuesto, alcanza a la propia Fiscalía General del Estado, que ha tenido conocimiento, supervisado y convenido en cada actuación realizada en estos procedimientos”, advierten.

Por otra parte, el PP ha solicitado en el Congreso la comparecencia del ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, para que explique por qué el Gobierno ha decidido mantener como fiscal general del Estado a Álvaro García Ortiz, al que los populares piden cesar desde que el Supremo anuló esta semana el ascenso de la ex fiscal general del Estado, Dolores Delgado. “Si se le ratifica se asume por parte del Gobierno que esa era la conducta apropiada”, ha denunciado la dirigente del PP, que asegura que al Ejecutivo no le interesa la independencia ni la imparcialidad de la justicia.