El PSOE y Sumar no tienen garantizados los apoyos parlamentarios a la semana laboral de 37,5 horas

El acuerdo de Gobierno entre el PSOE y Sumar tiene como gran medida la reducción de la jornada laboral de las 40 actuales horas semanales que recoge el Estatuto de los Trabajadores hasta las 37,5 horas, esto es, media hora menos al día y “sin reducción salarial”. Ha sido el asunto que costó más pactar —pese a llevar días discutiendo ya sobre el detalle, la concreción de horas y fechas para su aprobación se cerró el lunes por la noche, según fuentes de la negociación—, y es el hito del acuerdo alcanzado este martes. Los agentes sociales serán consultados, pero no se exigirá su aprobación, para que la medida no dependa necesariamente de su visto bueno. . En cualquier caso, esta reforma necesitará el concurso de toda la mayoría parlamentaria que se está configurando, incluido el PNV y Junts, que suelen ser sensibles a posiciones empresariales. Y aquí en especial es donde los socios de Gobierno no tienen garantizados los apoyos parlamentarios.

Los nacionalistas vascos evitan pronunciarse respecto a esta medida del acuerdo. Fuentes del PNV se apresuraron a comentar, con distancia, los términos generales del acuerdo entre el PSOE y Sumar anunciados este martes: “Nos preocupa, por ejemplo, que algunos asuntos puedan suponer invasión de competencias (sanidad, educación, becas, cuidados, vivienda) o también parte del lenguaje empleado, que no parece caminar sobre la senda del respeto al autogobierno de las comunidades autónomas y el desarrollo de sus estatutos”. Para el PNV, “hay, todavía, mucha tela que cortar. Este no es sino el primer (y más sencillo) paso para la investidura de Sánchez, que depende de los partidos vascos y catalanes, entre ellos EAJ-PNV. En lo que respecta al estado de nuestras negociaciones, estas continúan sin que pueda todavía hablarse de acuerdo”.

Preguntados por este periódico sobre la semana laboral de 37,5 horas, desde Junts apuestan por mantener el silencio que ha caracterizado sus posicionamientos durante las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez. Desde ERC se mantiene distancia hasta ver “cómo se terminan materializando estos acuerdos”. Y añaden: “ERC siempre estará a favor de todo aquello que mejore el día a día de la gente”. Para otro socio como EH-Bildu, que sí ha garantizado su apoyo a la investidura, esta medida merece aún un estudio respecto a un eventual apoyo parlamentario: “hay que conocer el detalle todavía y cómo se implementaría, pero va en la buena dirección”. Algo que también deja en el aire el BNG: “de momento estamos centrados en las negociaciones para sacar adelante un acuerdo bueno para Galiza [sic] y la clase trabajadora”, responden al respecto.

El pacto suscrito por Sánchez y Díaz consta de 230 medidas que incluyen otros asuntos sobre los que Sumar había insistido en las últimas semanas, como la mejora del despido vinculándolo a la causalidad y la Carta Social Europea, la regulación de los contratos de relevo (los que se ejecutan cuando un trabajador solicita la jubilación parcial y entra otro a cubrir su plaza), la creación de una ley para establecer un máximo legal en las listas de espera de la sanidad pública, la aprobación de permisos remunerados para la conciliación familiar (cuatro de las ocho semanas) y la ampliación de los permisos retribuidos por nacimiento (hasta las 20 semanas de forma gradual a lo largo de la legislatura). Fuentes de la negociación son conscientes de que la geometría parlamentaria será compleja en la recién inaugurada legislatura, pero creen que en algunas cuestiones, por ejemplo, en materia tributaria (el 15% de tipo mínimo efectivo en el impuesto de sociedades), a formaciones como Junts o PNV les puede resultar difícil substraerse de la pulsión de ERC y Bildu en sus propios ámbitos territoriales.

La reducción de la jornada, la medida estrella, afectaría de forma directa a más de 12 millones de personas asalariadas del sector privado (de un total de 21 millones de afiliados a la Seguridad Social). En la actualidad, más de 1,6 millones del sector privado tienen una jornada pactada en su convenio colectivo inferior, lo que supone uno de cada siete trabajadores de este sector. También la tienen en el sector público. La jornada laboral de ocho horas al día se aplica en España desde hace más de un siglo, cuando se consiguió tras la huelga de La Canadiense en 1919. Entonces eran seis los días de trabajo a la semana, por tanto, 48 horas semanales, y no fue hasta 1983 cuando se aprobó la jornada de 40 horas semanales, ocho cada día laborable con dos de descanso. El proyecto de ley fue aprobado hace cuatro decenios en el Congreso para reducir de 43 horas a 40 horas la jornada semanal máxima. Entonces, la medida afectó a cinco millones de trabajadores de los 11 millones que había registrados. Desde entonces se ha mejorado la jornada anual con vacaciones y festivos, pero nunca se tocó la semanal de 40 horas. Hasta ahora.

La última discusión de la negociación para esta nueva medida se basó en que los socialistas, como explicó la vicepresidenta, Nadia Calviño, apostaban más por dejar esta cuestión en manos de la negociación de los agentes sociales, lo que podría dar margen para vetarlo a la patronal, mientras Sumar reclamaba que se haga por ley esta primera fase hasta los 37,5 y después abrir el diálogo para bajar hasta los 35 a lo largo de la legislatura. Finalmente, se ha alcanzado un equilibro que implica que se hará por ley, pero gradual. En 2024 se bajará de las horas semanales actuales a 38,5, y en 2025 a 37,5. Ambas reformas se harán por ley, con un cambio en el Estatuto de los Trabajadores.